En violación del derecho a saber

Las frases hechas, por viejas, no pierden vigencia. Algunas, con el paso del tiempo, pueden perder fuerza; cosas que decía la abuela pueden verse desafiadas por el paso del tiempo, pero, como ya se sabe, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y, si lo esencial es invisible a los ojos, a la hora de gobernar hay que, justamente, mostrar. O al menos evitar ocultar. Eso es lo que hizo la nueva directora Beatriz de Anchorena en su primer acto administrativo como directora de la Agencia de Acceso a la Administración Pública, ocultar.

La ley de acceso a la información pública, promovida, entre otros, por la diputada Karina Banfi,corrió el velo de lo que sucede en el Estado. Bajo la premisa de quién tiene la información, tiene el poder, la ley 27.275 en su artículo 1, garantiza el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, para promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública. De esta forma toda información en poder del Estado se presume pública, salvo excepciones determinadas, y debe publicitarse y hacerse disponible. Esto debe hacerse a través de procedimientos claros, fáciles y gratuitos, que permitan el ejercicio del derecho, y brindando datos con la mayor desagregación posible y en formatos reutilizables. Todos quienes trabajamos estos temas sabemos que faltan aún esfuerzos para cumplir todas estas premisas, pero el recorrido hecho desde la aprobación en 2016 ha sido importante. Esto se refleja en la mejora de la Argentina en los rankings de transparencia en años sucesivos, aunque en el último tiempo hemos descendido. se ha visto mermado.

Obtener información por parte del Estado Argentino no es algo sencillo, desde organizaciones de la sociedad civil, pasando por estudiantes haciendo sus trabajos, legisladores y personas de a pie, saben lo difícil que es hallar esa aguja en el pajar. La ley habilitó un canal y tiempos claros para dar una respuesta y lo que sucede cuando esta no es provista. Últimamente, atravesando la pandemia de Covid 19, vimos con claridad lo importante de contar con información fidedigna, clara y actual; en las sombras se ocultan privilegios y vacunatorios vip.

Por eso causa sorpresa e indignación la prórroga por 20 días hábiles de los procedimientos administrativos, básicamente parando el funcionamiento de la Agencia. Si bien se argumenta una auditoría, esta podría ejecutarse mientras continúa el normal funcionamiento de aquélla. Incluso, si se detectaron “diversos incumplimientos y desde la dirección del organismo se inició un proceso de evaluación para garantizar su correcto funcionamiento”, estos podrían corregirse con el trabajo de la nueva directora.

Nada impide que la realización de la auditoría se realice en un contexto de normal funcionamiento de la Agencia, de modo que el escrutinio acerca de la situación del organismo se lleve a cabo interfiriendo en la menor medida posible con el ejercicio efectivo del derecho a la información. Asimismo, la prórroga de los plazos tampoco se motiva en la satisfacción del interés público, ya que el perjuicio y lesión que realiza sobre el derecho es mayor al interés que la resolución persigue.

Durante la audiencia pública que presentó a Beatriz de Anchorena señalamos la falta de idoneidad y experiencia de la candidata, la segunda persona presentada por el gobierno que mantuvo el área descabezada durante casi dos años. Esta actitud solo refuerza lo señalado en la audiencia. En su artículo 11 la ley 27.275 es clara, “Toda solicitud de información pública requerida en los términos de la presente ley debe ser satisfecha en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros quince (15) días hábiles de mediar circunstancias que hagan razonablemente difícil reunir la información solicitada.”. Por tanto, la ley no habilita excepcionalidades para el traspaso de autoridades, procesos de normalización, realización de auditorías ni requerimientos administrativos.

Es una pena que una agencia nueva, que venía llevando adelante su tarea esquivando los vicios de la política se sumerja de lleno en el lodo. Desde el poder legislativo, que tiene sus propias falencias en cuestiones de acceso a la información pública, presentamos una ley que deroga esa resolución con la que la directora Anchorena decidió ocultar de manera oficial y restringir los saberes que pertenecen a la sociedad. Esta lesión injustificada y desmedida al derecho a conocer las acciones desplegadas por el Estado y a la obligación estatal de transparencia de la gestión pública, sólo multiplica las instancias donde lo que creemos saber que pasa, sucede, como escribió José Saramago en “Ensayo sobre la lucidez”, “Hay que tener mucho cuidado con lo que se cree saber, porque por detrás se oculta una cadena interminable de incógnitas.” Hoy, esas incógnitas se multiplican.

Diputada Nacional UCR-Evolución