Encadenados a la cadena oficial

Carlos José Laplacette
Carlos José Laplacette PARA LA NACION
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5 de agosto de 2015  

Para regocijo de Hegel, a pesar de que la libertad de expresión nació como un derecho individual cuyo ejercicio debiera ser considerado de utilidad para toda la sociedad, ha terminado por dar lugar a un supuesto derecho colectivo que es, en la práctica, su antítesis. Lo confirman las razones que se suelen invocar, por ejemplo, para la utilización abusiva de la cadena nacional de radiodifusión de los últimos años.

Con el pretexto de informarnos acerca de un hecho de sospechosa relevancia cuya explicación no demandaría más de cinco minutos, se nos obliga a apagar la radio o el televisor o a escuchar al gobernante. De esa forma, nos dicen, se nos otorga nuestro derecho a la información.

Nos quedaríamos en la superficie si nos contentáramos con denunciar en todo esto lo mal que se comporta tal o cual dirigente. Dejaríamos de advertir que estamos ante un problema de diseño institucional, más allá de las autoridades de turno, una forma extendida, y anómala, de evaluar la libertad individual y la libertad de expresión.

Frente a la pretensión de los monarcas de controlar las manifestaciones de sus súbditos, en los siglos XVIII y XIX, y aun antes, se extendió en Occidente la idea de que las opiniones individuales no pueden ser prohibidas por los gobiernos, ya que son una inmejorable forma de controlar a quienes ejercen el poder.

La Constitución recogió esa concepción, en 1853, al prohibir la censura, y lo reafirmó en 1860, al vedar al Congreso dictar leyes que restringieran la libertad de expresión. Vélez Sársfield afirmó que esta libertad es el mecanismo que se reserva el pueblo, luego de elegir a sus representantes, a fin de hacerlos responsables ante sus mandantes. Mientras se reconocía la libertad de expresión como un derecho que las personas se reservan frente al Estado, comenzó a advertirse que la satisfacción del interés individual era también de una enorme utilidad para toda la sociedad. Con cada orador que suma nuevas expresiones o puntos de vista aumenta la cantidad de información disponible y todos nos beneficiamos con ella.

Así fue como desde las primeras décadas del siglo XX se sostiene, en forma insistente, que la libertad de expresión tiene una naturaleza bifronte, pues si bien se trata de un derecho individual, adquiere una dimensión colectiva. Con el tiempo, aquello que era un derecho individual fue presentado por no pocos pensadores como un derecho colectivo. La libertad de cada uno de nosotros para expresarnos, comenzó a ser exhibida como un simple insumo de algo supuestamente más importante y trascendente: el derecho de todos a estar informados.

Una vez que los aspectos colectivos de la libertad de expresión fueron puestos por encima de la libertad individual, lo importante comenzó a ser la información que recibimos: las expresiones individuales no merecen interés en sí mismas, lo único importante es que recibamos toda la información que se estima necesaria.

El paso siguiente todos lo conocemos. Los gobiernos proclaman su derecho a decidir qué información es necesaria y cuál no, o, incluso, cuál es nociva y debe ser anulada. Es lo que hizo días atrás un juzgado de Comodoro Rivadavia al impedir que un cronista publicara escuchas telefónicas que involucran a funcionarios públicos en actos de corrupción. Lo que tenemos son, en definitiva, jueces que censuran a periodistas y una cadena nacional que nos suministra la cuota de información relevante según criterio de la Casa Rosada.

Sería un grave error pensar que el problema proviene sólo de un juez o de un presidente. La dificultad proviene de la forma en que veamos a la libertad de expresión. Una campaña de publicidad para beatificar una obra pública, o que el titular de la Afsca sea candidato a vicegobernador sin renunciar, por lo menos, a su cargo, constituyen conductas que tienen diferencias cuantitativas, pero no sustanciales.

Si convertimos la libertad de expresión en un bien colectivo, resulta entonces necesaria una autoridad que vele por ella. Una vez que se dan pasos en ese sentido, resulta absurdo quejarse de que el funcionario use su poder con fines de política agonal. Las chances de que una autoridad proceda con imparcialidad y no se preocupe por las próximas elecciones son demasiado pocas como para tomarlas en serio.

Es necesario repensar la forma en que concebimos la libertad de expresión y las libertades en general. Poca solución habrá en seguir rasgándonos las vestiduras por lo mal que se desempeña un funcionario o una facción política, si al mismo tiempo se defiende una concepción en la cual la expresión individual no tiene mayor significación y el derecho a la información depende de funcionarios u organismos interesados de modo personal y directo en los resultados de las elecciones. Dejar nuestra libertad a merced del buen funcionamiento de un gobierno es la mejor forma de no ser nunca libres ni responsables.

Las cadenas nacionales nos encadenan de verdad, mientras el derecho omnipresente a la información puede derivar en la fantasía que termine por ahogar la libertad de expresión.

Abogado

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