Es hora de debatir lo que nunca se debatió

La interminable emergencia sanitaria a la que nos somete el coronavirus, con las consecuencias por todos conocidas sobre el comercio y las actividades productivas, debería actuar como catalizador del debate sobre los problemas estructurales que tiene la Argentina.

La salida de la cuarentena, autorizada o no, evidencia las causas profundas que mantienen a nuestro país en el subdesarrollo. No hay magia, se van incorporando paulatinamente actividades económicas al circuito, pero los problemas de base persisten de manera agravada. Ahora sí podemos afirmar que nos encontramos ante verdadera tierra arrasada.

Es hora de empezar a poner sobre la mesa de discusión los temas que ningún gobierno quiso o pudo debatir. De cómo la dirigencia política, empresarial, sindical, social, etc., avance en la discusión y resolución de esta agenda, dependerá la salida total de la cuarentena y el futuro del país.

La pasividad argentina respecto del movimiento migratorio y los fenomenales negocios económicos y políticos armados en torno a los migrantes, quedan evidenciados cuando se desata la competencia por las plazas en unidades de terapia intensiva (UTI); o cuando los beneficiarios de planes sociales no residen en el territorio nacional y no pueden acceder al cobro del beneficio. Sin ningún sesgo xenófobo, es algo para revisar y cambiar. Ningún país de la región otorga las ventajas que da la Argentina al respecto. Cuanto menos, deberíamos establecer un trato igualitario con nuestros vecinos. Continúa siendo aspiracional en la región migrar a nuestro país y gozar de los beneficios sociales que la Argentina ofrece.

Nuestra legislación laboral tiende a dar estabilidad a los trabajadores con prescindencia de su productividad individual o del resultado económico de la actividad. Es un paradigma que pretende proteger al trabajador, pero la mayoría de las veces obtiene el resultado contrario. Huelga abundar sobre los privilegios y negocios que obtienen las cúpulas sindicales argentinas a expensas de los trabajadores y empresarios. En este sentido, hay que idear otros mecanismos de contratación de personal, que permitan sumar trabajadores al circuito formal, pero que no constituyan una espada de Damocles sobre las empresas a la hora de pagar aportes patronales y/o indemnizaciones. La legislación laboral vigente, la rigidez de los contratos de trabajo, actúan en sentido contrario a la formalización de las relaciones laborales. El efecto obtenido, es exactamente a la inversa, se impulsa a la informalidad y/o a la alta litigiosidad en materia laboral. Así mismo, nuestro país destaca de la media regional en materia de juicios por accidentes laborales en función de un enorme negocio judicial en perjuicio de las ART y de las empresas. Si bien es cierto, la gestión de Macri empezó a trabajar para poner orden en este abuso, lejos estamos de llegar a un índice de litigiosidad aceptable.

Otro factor que coadyuva a la informalidad en el mercado laboral lo constituyen los beneficios sociales incompatibles con la contratación formal. Existen innumerables beneficiarios de diversas asignaciones sociales que están impedidos, por la naturaleza del beneficio, a ejercer actividades laborales. No obstante, la mayoría de ellos trabaja en la informalidad.

Es obvio que nuestro país, en tanto y en cuanto sociedad organizada, no puede continuar viviendo la ficción de unas leyes laborales de imposible cumplimiento, consagradas en beneficio de los trabajadores, que los terminan perjudicando. Sobre 22 millones de personas con posibilidades de trabajar (población económicamente activa), 8 millones lo hacen de manera informal.

Los impuestos. Otro debate pendiente. La profusión de impuestos que soportan las actividades productivas, y sobre todo los de carácter recesivo, desalientan la inversión y la consiguiente generación de empleo y riqueza. No solo el porcentaje de las alícuotas, sino también lo arrevesado de la implementación, conspiran contra la recaudación. Es como en el caso de las leyes laborales, la voracidad por recaudar, termina ocasionando el efecto contrario: mayor evasión, mayor informalidad.

Asimismo, la discusión acerca de los impuestos en general nos lleva a definir en qué tipo de organización nacional pretendemos vivir. Más allá de lo formal, la Argentina continúa siendo un país centralista con una ficción de federalismo. Los parámetros para establecer nuevos porcentajes de coparticipación, aparecen hoy como de discusión imposible. Provincias históricamente postergadas, otras absurdamente favorecidas, nadie ha procurado brindarle un sentido lógico a esta discusión. La teoría indica que no se discuten estas cuestiones en años de recesión. Pero se podría abrir otro debate acerca de estructura impositiva y el federalismo, como existe en otros países, que consiste en establecer con qué impuestos se sostiene cada uno de los niveles de la administración (municipal, provincial y nacional). Obviamente, este debate implica descentralizar el poder y es por ello permanentemente evitado. La tentación de disciplinar con la chequera ha sido, casi siempre, un reflejo visceral de todos los gobiernos.

La situación monopólica de algunas empresas, las patentes de corso obtenidas por el sistema financiero, etc., son fenómenos que operan en el mundo capitalista, pero con Estados alertas, con reflejos, espalda y vocación para corregir estos abusos del sistema. En nuestro país, quienes llegan al poder parecen preferir aplicar la política del “siga, siga”, ante la amenaza que representa el poder concentrado. Otra cuestión central para discutir en serio: defensa de la competencia, posiciones dominantes, leyes anti trust, prebendas empresariales, etc.

El pensamiento adolescente anclado en el temor a la teoría de la seguridad interior, que relativiza el rol de nuestras fuerzas armadas, también debe formar parte del nuevo (viejo) debate. En un país atravesado por el narcotráfico y fronteras porosas, nos damos el lujo de tener unas FFAA profesionales relegadas a servicios rutinarios. Solo por el prejuicio anteriormente citado, nuestras FFAA no intervienen más decididamente en la custodia de nuestras fronteras y del espacio aéreo y marítimo. Quienes disputan hoy al Estado el monopolio de la fuerza en algunas regiones del país son los narcotraficantes. La lucha decidida contra estos elementos y la custodia de las fronteras, constituyen las hipótesis de conflicto vigentes para nuestras FFAA, en coordinación con las Fuerzas de Seguridad. Otro debate pendiente, subordinado a ideologías perimidas.

La lista es larga, casi refundacional. Si la crisis económica, sanitaria y sobre todo mental, a la que nos somete esta cuarentena, nos permitiese abordar el debate serio sobre estos tópicos, habremos empezado a ganarle la batalla al Covid-19 y a décadas de postramiento nacional.

Diputado nacional Pro-Juntos por el Cambio (Misiones)