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Estados Unidos y Europa, divididos por la pena de muerte
Harold Hongju Koh Para LA NACION
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NEW HAVEN, Connecticut
En 1977, al permitir que los estados reimplantaran la pena capital, que ella misma había repudiado por inconstitucional, la Corte Suprema de los Estados Unidos les exigió que se atuvieran a procedimientos estrictos. Desde entonces, ha mantenido una actitud de casi total prescindencia con respecto a la aplicación de la pena. Lejos de sustentar normas rigurosas, la Corte ha rechazado recusaciones basadas en alegatos bien fundados de prejuicio racial y social, representación legal inadecuada, falta de notificación consular e incapacidad mental de los acusados.
Mientras los tribunales norteamericanos dejaban que se multiplicaran las ejecuciones, la mayor parte del mundo (108 países, en total) seguía el rumbo opuesto. La abolición de la pena capital es una piedra angular de la política europea de derechos humanos, y la Unión Europea critica periódicamente, por vía diplomática, su aplicación en los Estados Unidos. En algunas capitales de Europa, la indignación popular ha estallado en iracundas manifestaciones callejeras. Un ex embajador norteamericano dice haber recibido una petición contra la pena de muerte firmada por 500.000 ciudadanos locales.
Como ex funcionario a cargo de la política de derechos humanos, puedo dar fe de que no se trata de simples fricciones de poca monta circunscriptas al ámbito diplomático. Responder a protestas oficiales contra la pena capital ocupa cada vez más tiempo en reuniones importantes entre los Estados Unidos y sus aliados. En verdad, la vigencia de la pena de muerte debilita la pretensión norteamericana de ejercer un liderazgo moral en el campo internacional de los derechos humanos y probablemente ha contribuido a la sorprendente pérdida de la banca de Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Prácticas espantosas
Más inquietante aún es que, al aferrarse a la pena de muerte, Washington suministra municiones diplomáticas a países con fojas mucho peores en lo referente a derechos humanos. Por ejemplo, China suele desviar las críticas internacionales a sus prácticas espantosas señalando la vigencia de la pena capital en los Estados Unidos. Hace poco, al difundirse la información errónea de que solo Kirguizistán y los Estados Unidos ejecutan a retardados mentales, el embajador de aquel país en Washington se apresuró a advertir que desde 1999 ellos acatan una moratoria al respecto (pese al historial, para nada intachable, de su presidente, Askar Akayev).
Un caso pendiente de resolución por la Suprema Corte, "McCarver contra Carolina del Norte", pondrá a prueba el aislamiento internacional de los Estados Unidos en este terreno. Por primera vez en doce años, la Corte considerará si la ejecución de retardados mentales viola la prohibición constitucional de aplicar castigos "crueles e inusuales", que ella interpreta según "la evolución de las pautas de decencia que marcan el progreso de una sociedad en maduración". La última vez que trató el tema, la Corte no quiso adoptar una norma categórica que prohibiese tales ejecuciones, pero reconoció la posibilidad de que "algún día surja un consenso nacional contra la ejecución de los retardados mentales".
Hay fuertes evidencias de que ese consenso ha surgido. En 1989, tan solo dos estados y el gobierno federal prohibían la ejecución de retardados mentales. Hoy, quince estados y el gobierno federal la proscriben en forma estatutaria, y en otros dos hay leyes aprobadas al respecto, que esperan la firma del gobernador. Una evidente mayoría de jurisdicciones norteamericanas ya prohíbe esta práctica, paralelamente a los doce estados (y el distrito de Columbia) que han abolido la pena capital.
Nueve ex diplomáticos distinguidos, cuyas carreras en épocas de presidentes republicanos y demócratas suman casi 200 años, decidieron expresar su opinión sobre el caso McCarver. Dijeron a la Corte que las ejecuciones de retardados mentales generan roces diplomáticos, enfrentan a los Estados Unidos con sus aliados, manchan la imagen del país como líder de los derechos humanos y perjudican intereses más amplios de política exterior.
Al principio, el presidente George W. Bush les respondió que "nunca deberíamos ejecutar a nadie que sufre de retardo mental", aunque, siendo gobernador de Texas, se había opuesto a los intentos de prohibir la práctica por ley y había rechazado varios pedidos de clemencia en favor de convictos retardados. Más tarde, insistió en que "nuestro sistema judicial protege a las personas que no comprenden la naturaleza del crimen que han cometido ni el castigo que van a recibir".
Entre dos aguas
Esa protección judicial no ampara a los retardados mentales sino a los dementes. Muchos estados aún permiten condenar a muerte a una persona que satisfaga los criterios legales de atraso mental (por lo común, coeficiente intelectual inferior a 70, bajo nivel de adaptabilidad e inicio temprano del retraso), pese a sus discapacidades evolutivas, si la encuentran culpable. Desde 1976, en todo el país, 35 retardados mentales sufrieron la pena capital; seis de ellos, por lo menos, fueron ejecutados en Texas (uno, durante la campaña presidencial del gobernador Bush).
El presidente Bush no puede navegar entre dos aguas. Si cree sinceramente que nunca se debería ejecutar a estas personas, tendría que ordenar a su Departamento de Justicia que elevara un escrito a la Corte Suprema oponiéndose a la ejecución de McCarver, e instar a los gobernadores estatales a que prohibieran tal práctica. Para Ernest Paul McCarver, un adulto con la mentalidad de un niño de diez años, el que Bush concilie o no sus declaraciones contradictorias y el modo en que lo haga es, por cierto, una cuestión de vida o muerte.
© Project Syndicate
Por (Traducción de Zoraida J. Valcárcel) <br/> Harold Hongju Koh, ex subsecretario de Estado, es profesor de derecho internacional en la Universidad de Yale y asesor legal de los diplomáticos en el caso "McCarvey contra Carolina del Norte".
