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Etica pública, omisión que persiste
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Han transcurrido seis años desde la sanción de la ley de ética en el ejercicio de la función pública, que ordenó la creación de una Comisión de Etica Pública en el Congreso de la Nación, pero lamentablemente ese órgano independiente y autónomo todavía no ha sido integrado.
Esa comisión debe formarse con ciudadanos "de reconocidos antecedentes y prestigio público que no podrán pertenecer al ámbito que los designe", según fija la norma de ética, cuyo frondoso articulado contempla los deberes y pautas de comportamiento ético a los que están obligados los sujetos comprendidos, el régimen de declaraciones juradas, las incompatibilidades y el conflicto de intereses, entre otros importantes tópicos.
Desde esta columna editorial hemos destacado la necesidad impostergable de que se cumpla con el mandato constitucional por las implicancias institucional y cívica que conlleva. Sin embargo, el presidente Néstor Kirchner cumplirá el mes próximo su tercer año de administración sin que hasta ahora, lamentablemente, se haya constituido la comisión tal como ordenaron los constituyentes de 1994.
Esta grave omisión, de la que los dirigentes políticos no parecen hacerse cargo, tiene, a su vez, numerosas consecuencias que comprometen la lucha contra la corrupción. Impide, por ejemplo, que, en el marco formal previsto por el legislador, se puedan recibir denuncias, quejas y controlar lo relacionado con las declaraciones juradas; imposibilita, además, que se preste el asesoramiento sobre las materias de su competencia.
Con el paso del tiempo, parecen disminuir las posibilidades políticas de que se cumpla con la promesa preelectoral y se corrija, en lo que queda del mandato del primer mandatario, esta grave omisión.
A esto se le puede sumar el desinterés del Gobierno en llevar adelante la tan prometida reforma política durante los primeros meses de gestión. En su momento, las máximas autoridades nacionales recibieron a varias organizaciones no gubernamentales que con el lema de "reforma política ya" impulsaban cambios que tenían la noble finalidad de permitir a los partidos políticos mejorar su credibilidad y terminar con la llamada "vieja política". Esos cambios estaban incluidos en once leyes que tenían diversas finalidades, entre ellas el libre acceso a la información pública, la modificación del sistema electoral para reducir la influencia de las listas sábana, la instrumentación del voto electrónico y la mejora en el control del financiamiento de los partidos políticos.
Es de desear que todas las instituciones y organizaciones que tienen entre sus objetivos el bienestar de la República demanden al presidente Kirchner el cumplimiento de la obligación de completar el marco institucional decidido por la asamblea constituyente de 1994.
