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Fortalecer el contrato social
Juan Jacobo Rousseau expresó en El contrato social que el individuo es una pieza fundamental de la sociedad. Por lo tanto, necesita un Estado de Derecho que le garantice libertades para poder convivir en paz y progresar. A cambio de eso, cumple con su parte del trato: no avasallar los derechos del prójimo y tributar para mantener la maquinaria estatal. Parece un trato razonable.
Ante un incumplimiento por parte del Estado de entregar bienes públicos e instituciones que garanticen la libertad, ese acuerdo podría romperse. Uno de los casos más célebres de ruptura fue la Revolución Francesa. Sin embargo, mucho antes de que rodaran cabezas en el cadalso, hubo indicios de ese quiebre contractual, representados por una enorme frustración ciudadana. Los Estados deben prestar atención a los síntomas, analizar las causas y diagramar políticas estableciendo prioridades.
Basta encender la televisión para ver escenas de ciudadanos haciendo justicia por mano propia. Hace más de una década que la violencia está instalada en las calles y cuesta erradicarla. Asaltos, agresiones y otras muestras cotidianas de intolerancia generalizada son indicios de una desazón profunda, antigua. Nuestro trabajo de funcionarios es sanar el tejido social enfermo con políticas y normas certeras. No hay progreso posible sin solucionar carencias institucionales básicas.
En los últimos tres años hemos debatido y aprobado normas para garantizar la transparencia en todos los niveles de la administración pública, la responsabilidad empresaria y ampliar las herramientas de investigación en crímenes complejos, como es el caso de la ley del arrepentido. Nos queda un largo camino para restablecer el delicado equilibrio del contrato social, severamente deteriorado por el populismo, la demagogia, la corrupción sistémica, el narcotráfico y el despilfarro de los recursos públicos. Los argentinos votaron este cambio porque quieren tener la certeza de que los criminales tengan castigo.
La violencia que lastima en las calles es la última en aparecer. Muchos años antes, germina con pactos secretos y espurios, "vistas gordas", cohechos, tráfico de influencias, defraudaciones impunes y demás fallas de la democracia. Una de las semillas de la descomposición es, sin duda, la falta de independencia entre los poderes, que genera una justicia opresiva para el ciudadano común y una justicia laxa (una de las variantes de la injusticia) para quienes resultan influyentes.
En estos días asistimos perplejos a situaciones de inmensa injusticia. Si existe una puerta giratoria en los juzgados ordinarios, existe una puerta blindada en los tribunales federales de Comodoro Py. Por ejemplo, Cristina Kirchner ha sido procesada diez veces con cinco pedidos de prisión preventiva y sin embargo viaja con su hija (también procesada), burlando a la Justicia y al resto de los mortales. Hace poco, un juez federal llamado Luis Rodríguez fue procesado por cobrar una coima de 10 millones de dólares para proteger a un testaferro de un expresidente (y posiblemente de una expresidenta). Norberto Oyarbide, otro juez federal, está procesado por beneficiar a dos expresidentes e impedir, manipulando la Justicia, que sean encontrados culpables de enriquecimiento ilícito. Existen muchos casos similares y es demasiado extenso enumerarlos todos.
Juan Jacobo Rousseau expresó que la relación de los magistrados con el gobierno debe ser inversa a la relación de los súbditos con el soberano. Los magistrados que son poderosos ante los débiles y débiles ante los poderosos no deberían dedicarse a impartir justicia. Son la forma más vil de violencia sobre la ciudadanía, porque arruina la fe de todos y genera resentimientos profundos. La titular de la Oficina Anticorrupción señaló, por ejemplo, que existen muchos jueces y fiscales que ni siquiera podrían explicar sus patrimonios si se hicieran públicos. Mientras tanto, los argentinos sin privilegios luchan con sangre, sudor y lágrimas contra todas las tempestades socioeconómicas.
Mahatma Gandhi dijo: "Ojo por ojo y nos acabaremos quedando ciegos". Esta premisa sabia ha dado sentido a la creación y el fortalecimiento del Estado de Derecho de un país. Desde hace más de tres años estamos reformando nuestras estructuras judiciales, aportando nuevos instrumentos, multiplicando la capacidad para conseguir un país justo. Sigamos proveyendo la musculatura institucional para fortalecer el contrato social y crear las condiciones para una Argentina de paz, armonía y desarrollo.
Diputado nacional (UCR). Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara baja
