¿Fueros o privilegios?

El divorcio entre las palabras y los hechos en el que suelen incurrir algunas personas las convierte en meras ostentadoras de cuestiones éticas que dicen defender pero que, en rigor, desprecian. Y cuando ese divorcio se da en quienes tienen responsabilidades superiores como, por ejemplo, los legisladores, sus efectos retumban más fuerte y las consecuencias resultan mucho más graves.

Lo ocurrido recientemente en la Cámara de Diputados de la Nación es otro lamentable ejemplo de lo expresado. El radicalismo frenó en comisión un proyecto de sus compañeros de Pro en la alianza Cambiemos, por el que se ponen límites a los fueros parlamentarios, que hoy impiden a un juez allanar el domicilio particular o las oficinas de los legisladores, e interceptar su correspondencia o sus comunicaciones telefónicas sin la autorización de la Cámara baja.

Es decir, por un lado, todos los legisladores se empeñan en sostener que defienden a rajatabla la lucha contra la corrupción. Pero varias de sus acciones contradicen esos dichos. No hay que esforzarse mucho por hallar la razón ni buscarla en concienzudos análisis de alta política. Es sencilla: se aferran a los fueros porque representan otro privilegio exorbitante, una prerrogativa injustificada que pone al Poder Legislativo por encima de los otros poderes del Estado, cuyos integrantes pueden ser convocados por la Justicia sin intermediarios y allanados sin aviso y al solo requerimiento de los magistrados.

Según nuestra Constitución nacional, los fueros protegen a los legisladores sólo para que sus opiniones no se vean condicionadas y para evitar que sean protagonistas de detenciones arbitrarias. Nada dice sobre el uso que se les ha dado con el transcurrir del tiempo: blindarlos para que no sean investigados cuando se los sospecha de haber cometido, por ejemplo, actos de corrupción.

Una muestra clara de ese perverso objetivo se verificó a mediados del año pasado cuando la Cámara de Diputados debió definir si aprobaba que la Justicia allanara el domicilio particular y las oficinas del ex ministro de Planificación y actual diputado Julio De Vido, investigado por enriquecimiento ilícito, además de hallarse procesado en otras causas.

El permiso finalmente concedido y el allanamiento ocurrieron tanto tiempo después, que el sospechado ex funcionario pudo haber vaciado de contenido todos sus inmuebles antes de que los revisara la Justicia. Esa irrazonable protección de la que gozan los legisladores daña irreversiblemente el principio constitucional de igualdad ante la ley y afecta aún más la confianza de la ciudadanía en la clase política.

En el año 2000, se sancionó una ley cuyo artículo 1°, en su parte final, dispuso que "no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara".

Dos buenos proyectos presentados por los diputados de Unión Pro Córdoba y Buenos Aires, Nicolás Massot y Silvia Lospennato, respectivamente, proponen acelerar el proceso de desafuero de un legislador de modo que pueda comparecer en forma inmediata ante la Justicia.

El kirchnerismo, con numerosos ex funcionarios investigados en casos de corrupción, fue el primero en oponerse a facilitar ese proceso. La Comisión de Juicio Político, que preside el diputado oficialista Pablo Tonelli, estudió las iniciativas en danza y llegó a un proyecto consensuado entre el oficialismo, el Frente Renovador e integrantes del bloque justicialista. Ese proyecto de dictamen sostiene básicamente tres puntos:

• En primer lugar, elimina la restricción impuesta en 2000 referida a que no se puede ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara;
• Dispone, en cambio, que una vez decidido el allanamiento de esos inmuebles o la intervención de las comunicaciones, se informe la decisión al presidente de la Cámara que corresponda para que éste designe a un legislador que no sea del mismo signo del sospechado con el fin de que esté presente durante el procedimiento judicial;
• Por último, en caso de sentencia condenatoria o verificada la inasistencia del legislador a la indagatoria, el magistrado deberá requerir el desafuero, cuyo trámite debe ser decidido con prontitud. Si es necesario, en sesión especial.

No obstante ese preacuerdo, diputados radicales y renovadores que conforman la Comisión de Asuntos Constitucionales decidieron no asistir a la reunión en la que iba a dictaminarse sobre el asunto. "Imaginemos por un instante que un juez kirchnerista allane sin más el domicilio de un legislador que investiga al kirchnerismo, y se lleve todos sus papeles. Es muy riesgoso", tratan de justificarse algunos radicales que impidieron la formación del quórum y la consecuente firma del despacho.

La reacción de Pro no se hizo esperar. Varios de sus miembros acusaron especialmente a sus socios políticos de no querer asumir la responsabilidad de prescindir de los irrazonables privilegios con que hoy cuentan los legisladores ante el temor de que esa decisión se les termine volviendo en contra.

Esa vergonzosa actitud los pone en un pie de igualdad con el trasnochado proyecto presentado por un grupo de senadores kirchneristas para incorporar la causal de "violencia política" a la ley de protección integral de las mujeres, una iniciativa que no puede ser interpretada de otro modo que un blindaje hecho a la medida de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de su cuñada, Alicia Kirchner, ambas sospechadas de haber cometido graves irregularidades durante sus gestiones como funcionarias.

Según la autora de ese absurdo proyecto, atentatorio contra la libertad de expresión, habría que sancionar toda crítica política formulada contra las mujeres con responsabilidades de gestión, ya sea en un medio de comunicación o en cualquier otro ámbito. Hacerlo daría lugar a una denuncia penal por violencia contra la mujer. Otro sinsentido por donde se lo mire.

Se trata, ni más ni menos, de blindajes que importan renunciamientos explícitos a la persecución y castigo de hechos de corrupción.

Como ya hemos dicho en estas columnas, es tiempo de revisar la ley de fueros. Si los legisladores se niegan a hacerlo, la Justicia debería declarar su manifiesta inconstitucionalidad. Sería una decisión que podría evitarse si los legisladores aferrados a sus privilegios recapacitasen e hicieran valer el principio constitucional de igualdad ante la ley.

LA NACION

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