Gobernar sin rendir cuentas, la estrategia K

Tres semanas atrás visitaron el país la guatemalteca Verónica Taracena Gil y Rolinne Gravenbeek, de Surinam, dos evaluadoras de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que en nombre del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic) se entrevistaron con representantes de todos los organismos de control de la Argentina. Después de horas de escuchar informes de parte de los responsables de estos entes, apareció un tema sensible para el Gobierno: el manejo discrecional de los datos de la AFIP. Quien estaba a punto de brindar el informe correspondiente era el encargado "provisorio" de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA), Guillermo Noailles, responsable de perseguir delitos y faltas de funcionarios.

Pero fue interrumpido por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó : "Nada de eso es así", dijo la funcionaria, tratando de alejar cualquier tipo de sospecha sobre el uso de la información de que dispone el ente recaudador, y se apoderó de la palabra hasta que finalizó el encuentro. En marzo de 2013, la comisión evaluadora dará su "veredicto" sobre el estado de los organismos de control y su colaboración en la lucha contra la corrupción. Y a juzgar por la sorpresa con que ambas visitantes extranjeras vivieron la experiencia, no es difícil predecir qué rumbo tomará el informe de la OEA.

El episodio es apenas un botón de muestra. El cuadro general, mucho más preocupante, pinta a un país donde los organismos de control del Estado no controlan. Y cuando lo hacen, su tarea suele llegar a destiempo. Como si esto no fuese suficiente, también se han convertido en custodios del relato K, obstruyendo incluso las vías de acceso a la información real de las dependencias públicas.

Como resume Eduardo Mondino, ex defensor del pueblo, "para el gobierno nacional los organismos de control son una molestia: tienen el concepto de que cualquier opinión contraria desestabiliza". Así las cosas, siglas que deberían servir para garantizar la transparencia de los actos de gobierno y el buen manejo de los recursos del Estado -AGN, OA, Sigen, FIA- pierden su razón de ser. El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), el radical Leandro Despouy, utilizó otra metáfora para ilustrar este vaciamiento de funciones: los organismos de control en la Argentina "han sido amordazados y nos se les permite publicar ninguno de todos los informes que realizan mostrando irregularidades dentro del Gobierno. Los organismos de control fueron anulados".

Pero así como parece haber una acción premeditada, también hay omisiones estratégicas. El decreto que regula el acceso a la información pública, por ejemplo, no se aplica plenamente desde hace años. Además, existen varios proyectos de ley en este sentido que nunca llegan a ser sancionados. Actualmente, hay uno con media sanción en el Senado, que está a punto de perder estado parlamentario.

De los entes de control, hoy la Oficina Anticorrupción (OA), a cargo del kirchnerista Julio Vitobello, y la Sindicatura General de la Nación (Sigen), bajo la dirección del también ultraoficialista Daniel Reposo, no tienen autonomía funcional ni financiera del Poder Ejecutivo, al que tienen que vigilar. Los informes de este último organismo, que deberían difundirse por la Web, dejaron de publicarse en 2010. Y la OA dejó de iniciar de oficio investigaciones o denuncias ante la Justicia, salvo que la Auditoría General de la Nación (AGN) remita un informe especialmente. Lástima que este ente de control superior ha tenido que recurrir a la Justicia ante la negativa de la Sigen y otros organismos públicos de brindarle información básica para el desarrollo de su tarea. Además de haber tenido que resistir la embestida contra su titular, Leandro Despouy, a quien el kirchnerismo intentó sacar de su cargo tras una interpretación política de la normativa vigente (y desconocer de paso los informes del organismo, incluidas las advertencias sobre la precariedad del sistema ferroviario previas a la tragedia de Once). El sometimiento político de este ente parlamentario no termina allí: la supervisión de la AGN y el destino de sus informes son decididos por una Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que también está en manos de una mayoría que responde al Gobierno.

Sin resguardo

La Justicia también ha dejado de ser un resguardo. Las maniobras judiciales con miras al 7-D y hasta el per saltum que impulsó el Gobierno pueden ser leídos como parte de una estrategia dirigida a manejar de manera arbitraria el tablero de control del Estado. Un reciente estudio de la Asociación por los Derechos Civiles da cuenta de que más del 18% de los jueces son subrogantes y no fueron designados por el procedimiento previsto en la Constitución; no se garantiza, por lo tanto, la independencia del Poder Judicial.

Secreto e impunidad son los efectos inmediatos cuando en una república estos sistemas de control están rengos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Y, sobre todo, ¿hay voluntad política de revertir esta situación? El episodio inicial de esta nota evidencia la cuestionable autoridad con que hace uso de la palabra el responsable de la FIA, organismo especializado en la investigación de irregularidades y delitos contra la administración pública cometidos en el ámbito del Ejecutivo. No cuesta imaginar el margen de movimiento que tiene Noailles si, además de estar en forma provisoria en su cargo desde hace tres años, no queda claro, por ejemplo, qué capacidad tiene el organismo para investigar al personal contratado en el ámbito de la administración pública nacional; tampoco su competencia para investigar hechos que no impliquen malversación o manejo de fondos, y ni siquiera cuál es su rol ante causas no iniciadas por la FIA, sino por particulares. Además de no tener garantizado el acceso a la información pública, ya que no tiene potestad para ordenar a los funcionarios u organismos que le entreguen información para sus investigaciones.

El caso de la Defensoría del Pueblo, que debe proteger a los ciudadanos de los excesos de los gobernantes, también es sintomático. Actualmente, está a cargo el adjunto primero, Anselmo Sella, quien ya estaba ahí cuando su titular era Mondino, pero que ha bajado notoriamente el perfil del organismo desde que quedó al frente. De hecho, no se lo escuchó quejarse frente al apagón que hace unos días dejó a oscuras a media ciudad de Buenos Aires.

"Los organismos de control de los servicios públicos están intervenidos por el Poder Ejecutivo: el ENRE, la CNC, el Enargas? La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) estuvo en silencio hasta la tragedia de Once", explica Mondino, quien subraya que "no sólo son necesarios organismos que controlen, sino que regulen, que modifiquen las normas de acuerdo con las nuevas tecnologías que son las que pueden hacer más transparente el sistema".

Ante este panorama, la esperanza revisora podría estar entonces en el Congreso, donde la oposición tiene un poco más de voz. Pero según la diputada Laura Alonso (Pro), "sólo la mitad de las 23 comisiones investigadoras bicamerales, especiales y mixtas, funcionan". El relevamiento fue realizado el pasado 2 de octubre y deja en evidencia que muchas comisiones ni siquiera han sido conformadas y otras, a pesar de estar integradas, no se reúnen. No se trata de comisiones menores. Por ejemplo, están "en coma" algunas comisiones de valor estratégico para el país, como son las comisiones Fiscalizadora de los Organismos de Inteligencia; de Seguimiento de las Facultades Delegadas del PEN; de Negociaciones Agrícolas Internacionales; de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, y la Investigadora de Irregularidades en las Declaraciones Juradas. En la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, el oficialismo sólo dio curso para que la AGN investigue dos de los trece expedientes presentados por los legisladores. Y ellos son, casualmente, los que piden auditar a Papel Prensa, uno, y a Artear, el otro. Tendrán que esperar su turno los pedidos de investigación sobre Ciccone, la UIF, la Fundación ArgenINTA, entre otras causas más comprometedoras para el Gobierno. ¿El resultado? "Si el oficialismo fija la agenda, la AGN pierde sentido", explica el diputado Manuel Garrido, ex fiscal de investigaciones administrativas.

Para Ana María Mustapic, profesora de la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora del Conicet, en este "descontrol" también influye la alta rotación de los legisladores. "Una vez que terminan de aprender cómo controlar, ya tienen que irse", señala y agrega que "el trabajo de control legislativo va más allá del que pueda hacerse en comisión, donde difícilmente mayorías y minorías logren ponerse de acuerdo sobre un tema. Es importante que diputados y senadores se preocupen también por la suerte de las decisiones que han adoptado porque está claro que en la marcha también se pueden terminar desvirtuando los objetivos iniciales de una legislación. Incluso pueden revertirse al ser reglamentados".

Entre las herramientas de las que dispone el Congreso para controlar a los demás poderes existen los pedidos de informes. Pero como tienen el mismo tratamiento que los proyectos de ley, las chances de que se apruebe uno son bastante bajas.

Pedidos de informes

La Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) explícito en su informe 2009 hasta qué punto la obligación de los Estados es la máxima divulgación, el acceso a la información y la regla, y el secreto, la excepción. Muchos parecen haberlo entendido: hay más de 90 países que respetan estos principios democráticos o intentan avanzar hacia un estilo de gobierno abierto. Pero en la Argentina, esta realidad está lejos de ser corriente. Y eso a pesar de que existe un decreto y varias normativas provinciales (en Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Tierra del Fuego, Catamarca) que podrían haber sentado las bases para que el acceso a la información sea algo más que un enunciado.

El primer intento de aprobar una ley de acceso a la información pública comenzó en 2001, cuando la OA elaboró un proyecto en el que participaron ONG, periodistas y funcionarios. Eran tiempos de Eduardo Duhalde presidente, el proyecto obtuvo media sanción en Diputados, fue modificado en el Senado y volvió a la cámara de origen, donde las diferencias entre oposición y oficialismo lo llevaron a dormir su primera y larga siesta.

Por eso, en 2003, Néstor Kirchner revivió la iniciativa con el decreto 1172/2003, que permite solicitar información al Poder Ejecutivo y a las instituciones que dependen de él. Pero la burocracia estatal lejos estuvo de satisfacer esos deseos ciudadanos. Hace casi 10 años de su firma y las dependencias del Estado aún no publican o no actualizan su información online , y las solicitudes recibidas no siempre son respondidas. Por qué hacerlo, se preguntan en las dependencias oficiales, si no existe una penalidad para aquellos funcionarios que incumplan el pedido.

Además, el número de solicitudes recibidas varía de acuerdo con quién informe. Según la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, la autoridad de aplicación del decreto, en 2011 fueron 2024. Pero según informó este año el jefe de Gabinete en el Congreso, fueron 1009, menos de la mitad.

La intención del Poder Legislativo de modificar esta situación se evidenció otra vez cuando, en 2010, el Senado desempolvó el proyecto. En septiembre lo aprobó y giró a Diputados, pero nuevamente perdió estado parlamentario. Ahora, Diputados le dio media sanción, y si el Senado no lo trata antes de fin de mes, otra vez quedará sin estado parlamentario. La urgencia fue registrada por legisladores y referentes de las ONG, que temen ver otra batalla perdida. En rigor, la pérdida es doble: sin transparencia en el acceso a la información, toda la administración pública queda bajo sospecha. Pero también la calidad de la democracia es menor.