¿Golpismo siglo XXI?
El gobierno de Cristina Fernández ha convocado, de manera directa e indirecta, una marcha para que renuncie la Corte Suprema.
Los argumentos son los clásicos del kirchnerismo, que no puede ocultar su larga prosapia en materia de ataques al sistema judicial, comenzada en Santa Cruz cuando removieron al procurador Sosa y no lo repusieron en su cargo pese a las tres decisiones explícitas de la Corte Suprema de Justicia.
Esa negativa absoluta a aceptar el sistema de poder tripartito de nuestra Constitución también llevó a que el entonces todopoderoso Néstor Kirchner removiese a varios jueces de la Corte luego de asumir en 2003, logrando un tribunal que le fue como mínimo, afín.
Al poco tiempo lograron la esterilización del Consejo de la Magistratura, con la ley 26.080 del 2006 ordenada por el matrimonio Kirchner, que ha sido al fin invalidada por la Corte a fines de 2021.
Esa total desobediencia a los límites constitucionales se demostró hasta el cansancio con la permanente hostilidad hacia cualquier juez que se atreviese a desobedecer los ukases kirchneristas. Hay tantos ejemplos, que sería demasiado largo enumerarlos aquí.
Esa actitud les ha permitido lograr una masiva liberación de sus procesados y condenados desde 2019, por el ilegal e incomprensible miedo judicial.
Digo ilegal porque al igual que los miembros de las fuerzas armadas y las de seguridad, los jueces y fiscales tienen prohibida la cobardía: aquellos que tienen miedo y no lo superan, deben irse. Claro que eso no ocurre y así nos va.
Y digo incomprensible, porque el kirchnerismo no ha podido echar prácticamente a ningún juez desde 2003, salvo dos casos aislados y los ya comentados de la Corte, con lo que el miedo además de ilegal es injustificado.
Como fuere, los “K” han descubierto que muchos jueces y funcionarios judiciales pueden ser amedrentados por marchas y amenazas y por eso esta versión XXI del golpismo del XX.
La Constitución es clarísima en su art. 23 cuando ordena que “…en caso de conmoción interior…que ponga en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella…” se deben adoptar medidas de excepción, que llegan a suspender las garantías constitucionales.
Eso es así porque nuestro sistema es representativo: las autoridades federales son el Congreso, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Nadie puede auto-atribuirse representar o hablar por “el pueblo”, y lo prohíbe el art. 22 que además establece que quien lo haga, comete el delito de sedición.
Los que crean que alguno de quienes ejerce los poderes fijados en la Constitución lo está haciendo tan mal que debe ser removido, tienen un procedimiento fijado por los arts. 53 y 59 de la Constitución: que haya una acusación decidida por la Cámara de Diputados y un juicio político llevado a cabo en la Cámara de Senadores.
Quien quiera remover autoridades legítimas de otra forma, incluso presionando por renuncias, está violando la Constitución y eventualmente cometiendo el delito de sedición, si es que se cumplen los requisitos delos arts. 226 y 226 bis del Código Penal, siempre tan benigno con los delincuentes.
Haya o no delito, lo concretísimo es que los modos anticonstitucionales que fueron nuestra cruz durante el siglo XX parecen haber mutado: ya no son algunos militares incentivados por la oposición, sino ciertos sectores anti-sistema de la política, que usan las armas de agitación social, desmanes y revueltas montadas con dinero, barrabravas y delincuentes.
No tenemos que dejarlos: demostremos nosotros que no dejaremos que den un golpe contra la independencia de la Justicia.
Acá no se trata de CFK, ni de MM, ni de esta u otra Corte.
Se trata de respetar y aplicar nuestra Constitución, ser civilizados, lograr estabilidad institucional y tener respeto por el orden público.
Abogado, exconsejero de la Magistratura y consejero académico en la Fundación Libertad y Progreso.
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