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Scioli y Macri, hacia un cambio económico clave
Ninguno de los dos principales candidatos a presidente, Daniel Scioli y Mauricio Macri, hizo durante la campaña alusión a los fondos buitre. Ninguno, tampoco, anticipó una política de endeudamiento en los mercados internacionales. Eso es lo que sucede en el teatro electoral, pero otra cosa es cuando baja el telón. Representantes de los dos candidatos ya han viajado a los EE.UU. para iniciar negociaciones con los holdouts y, de paso, para explorar la posibilidad de conseguir préstamos después del 10 de diciembre. Ambas cosas están irremediablemente vinculadas. "Lo único a favor que tiene la Argentina en el mundo es el crédito barato", dijo un asesor de Scioli luego de repasar las novedades de China y Brasil y los precios en baja de las materias primas.
Los cambios no sorprenderían en el caso de Macri (su propuesta es ser distinto de Cristina), pero significarían, sí, una importante mutación en el caso de Scioli. Aunque Axel Kicillof le dejó abierta hace poco una puerta, con una declaración pública, a una negociación con los fondos buitre, lo cierto es que la decisión de Scioli modificaría fundamentalmente la política seguida hasta aquí por la actual Presidenta.
El problema de Macri y de Scioli es que el conflicto irresuelto con esos fondos se convirtió en el mayor obstáculo para resolver los muchos problemas de la economía argentina.
Macri negocia ya por convicción y Scioli también lo hace ya por necesidad, pero se trata sólo de las razones de cada uno. No modifica la decisión central: ir en busca de un acuerdo con los fondos buitre para volver a tomar crédito en el exterior.
Más allá de esa intención, no habrá un solo dólar de crédito para la Argentina si primero el país no deja atrás el conflicto jurídico-financiero con los holdouts. Ésta es la primera conclusión a la que han llegado economistas de los dos candidatos presidenciales. Y los créditos en dólares serán necesarios para amortiguar las indispensables políticas para bajar el déficit fiscal.
El déficit argentino es del 7 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), sin contar la deuda pública ni los compromisos derivados de los juicios perdidos con los fondos buitre.
Scioli es consciente, en parte al menos, del tamaño del desafío que le tocaría en caso de llegar a la Presidencia. Uno de sus asesores económicos, Mario Blejer, acaba de hablar durante un reportaje en LA NACION del déficit en las cuentas del Estado, de la negociación con los fondos buitre y de la necesidad de endeudarse. Blejer es un hombre prudente y un político responsable. Jamás hablaría de esa manera en público sin el previo consentimiento de Scioli.
La primera sorpresa que se llevaron los representantes argentinos que viajaron a Nueva York y a Washington es que los buitres también se cansan de dar vueltas sobre la misma presa.
"Nosotros queremos la plata. Ustedes se pueden fabricar un éxito. Eso no nos importa", escuchó uno de ellos de uno de los referentes de los principales fondos. Es cierto que el caso argentino expuso demasiado los métodos de esos fondos, comprar a precio de saldo y litigar luego por el valor total de los bonos. Los fondos también quieren olvidarse de la Argentina.
Sin embargo, a cualquier futuro gobierno en nuestro país le será difícil, si no imposible, cambiar las condiciones impuestas por un juicio firme y definitivo de la justicia norteamericana. Esas condiciones se refieren a la obligación de pagar el ciento por ciento del capital adeudado. El eventual éxito debería "fabricarse", según la fórmula de los buitres, sobre dos únicos elementos: intereses y plazos. No habrá mucho más en discusión.
Se tratará, de todos modos, de una monumental operación política y financiera, la que debería incluir no solamente a los fondos que ganaron inicialmente el juicio en el despacho del juez Thomas Griesa (unos 1600 millones de dólares), sino también a los me too ("yo también"), que son otros fondos que plantearon demandas en la jurisdicción de Nueva York.
Griesa ya les dio la razón a los me too por más de 5000 millones de dólares. El total ascendería a unos 7000 millones de dólares, pero fuentes oficiales argentinas estiman que esa cifra podría llegar a los 20.000 millones de esa moneda. Desde ya, cualquier solución debería incluir a todos los acreedores en litigio. Sería un papelón político insoportable cerrar un acuerdo con estos holdouts para que otros inicien nuevos juicios.
La parte política del acuerdo no estará tanto fuera del país (que, de hecho, también lo estará), sino dentro de la Argentina. Un acuerdo definitivo con los fondos buitre necesitará de la modificación de varias leyes y, por lo tanto, de la aceptación del Congreso Nacional.
Es probable que Cristina Kirch-ner empiece a perder fuerza política después de que se haya ido, pero nunca será un hecho inmediato. Y la necesidad del acuerdo requerirá de que su implementación suceda inmediatamente después del arribo del nuevo gobierno, en diciembre próximo.
¿Cuál será la actitud de la actual Presidenta y de sus retoños parlamentarios? "El acuerdo deberá estar verbalmente terminado el día en que asuma el nuevo presidente", aceptaron economistas tanto de Macri como de Scioli.
Semejante operación financiera internacional requerirá, además, del apoyo de las grandes potencias económicas del mundo, que hoy se muestran indiferentes hacia las tribulaciones argentinas.
Es difícil el optimismo de los candidatos sobre la futura actitud de Cristina Kirchner cuando se la ve actuar en el aquí y el ahora.
La dura decisión del Banco Central contra los dos principales directivos del banco HSBC tendrá, sin duda, sus consecuencias en los mercados internacionales de crédito, a los que pretenden acceder tanto Macri como Scioli.
Gabriel Martino y Miguel Ángel Estévez, presidente y vicepresidente respectivamente del HSBC, fueron inhabilitados para actuar en el mercado financiero por la autoridad monetaria. Se los acusa a los dos de haber creado una plataforma en Buenos Aires para que muchos argentinos lavaran dinero en el exterior.
Martino y Estévez no fueron citados nunca para que ejercieran su derecho a la defensa. El Banco Central convirtió sus sospechas en sentencias.
El asunto comenzó cuando un ex empleado informático de ese banco en Suiza Hervé Falciani robó más de 130.000 datos del HSBC y los entregó al gobierno de Francia.
De todos esos datos, unos 4000 corresponden a ciudadanos argentinos, aunque no es ése el número de cuentas develadas. Una cuenta puede tener varios titulares o administradores y cada uno de ellos es un dato.
La delación afectó a ciudadanos de siete países (Francia, Bélgica, España, Italia, India, Brasil y la Argentina) y en ninguno de ellos hubo el escándalo que estalló aquí. Hubo algunos escándalos, ciertamente, pero sólo por los casos de cuentas que estaban vinculadas con la política.
La mayoría de los inculpados en el exterior fue convocada por la autoridad fiscal y advertida de que debía regularizar sus cuestiones tributarias.
El gobierno argentino tuvo toda la información de la "lista Falciani" en febrero del año pasado. En agosto del mismo año, el HSBC (junto con el Morgan, el Citibank y el Deutsche) participó de una negociación con los fondos buitre en nombre del gobierno argentino.
Aquella misión fue autorizada por la presidenta Cristina Kirchner. En noviembre de 2014 se conoció el caso Hotesur, una denuncia por presunto lavado de dinero por parte de la familia Kirchner.
Una semana después, en tanto, el propio Gobierno desató un escándalo con la información del HSBC que tenía desde hacía nueve meses. El lavado, quiso decir, no era el pecado de unos pocos, sino de muchos. La persecución contra los directivos del banco no cesó hasta ahora.
Los planes de Scioli y de Macri ya tropiezan con las decisiones políticas de la Presidenta. Esa sombra permanecerá sobre ellos, aun cuando Cristina se convierta en un recuerdo más que una presencia.
