Hacia un sistema que castigue la corrupción
En el mundo existen cada vez más países que muestran ejemplos de prácticas adecuadas para erradicar la corrupción dentro de sus fronteras. Estos casos, entre los que se encuentran algunos de nuestra región, señalan un aspecto clave en la lucha contra este delito: que las instituciones fuertes y autónomas son un factor primordial en su prevención, detección y sanción.
Pero ¿qué necesitamos nosotros para transformarnos en un país normal? ¿Cuáles son las medidas concretas que promoverían una reorientación completa de la Argentina, un país en el que los casos de corrupción que involucran a funcionarios del más alto nivel del gobierno se han convertido en una noticia común?
El único camino es garantizando el fortalecimiento del Estado de Derecho y la independencia judicial. Esto implica que se deben generar procesos que permitan desarrollar una verdadera investigación criminal para combatir la criminalidad compleja en general y la corrupción en particular, reduciendo la impunidad en todos los niveles.
No hay soluciones mágicas. Se deben aumentar los costos de la corrupción y reducir los niveles de impunidad. Es fundamental generar más riesgo para el incumplimiento de la ley y asegurar que el crimen sea sancionado. Esto se logra tanto a través de una investigación más eficaz de estos delitos y la identificación de los activos apropiados como impulsando la condena de los culpables.
Para esto, resulta indispensable reorganizar la justicia penal para asegurar que se generen respuestas efectivas en los casos de corrupción. La contracara de esto es que el sistema debe garantizar que se juzgarán con las debidas imparcialidad y dedicación. Hoy estamos acostumbrados a ver demasiadas relaciones entre jueces, fiscales e imputados; muchas veces terminan los propios jueces siendo denunciados, pero con la trágica consecuencia de que nada llegará a buen puerto. Las condenas por casos de corrupción son una rareza en la justicia federal.
Un punto central, más allá de las interferencias políticas, es lograr coordinar los esfuerzos de distintas agencias estatales y fomentar una mayor profesionalización de las áreas específicas. Algunas de estas entidades fueron creadas, justamente, con el fin de fomentar el control y la transparencia y reducir los niveles de corrupción y criminalidad organizada. Pero hoy muchas están desnaturalizadas, les falta obtener resultados en su trabajo y convertirse en actores relevantes del sistema anticorrupción. Organismos como la Oficina Anticorrupción (OA), la Unidad de Información Financiera (UIF), la AFIP y la Auditoría General de la Nación (AGN) necesitan mejorar los mecanismos de cooperación interinstitucional para facilitar el intercambio de información y aumentar las capacidades de sus operadores por medio del trabajo en conjunto.
Otro aspecto importante es que en la Argentina los activos resultantes del crimen no se suelen recuperar. Por esto, el sistema de justicia debe ir activamente por el dinero, para recuperar los fondos que son fruto del crimen y agregar de esta manera otro factor disuasivo.
Finalmente, hay que reconocer que la corrupción es un problema social y cultural que solamente se podrá reducir significativamente con medidas de largo plazo, a través de una clara toma de posición, la condena de culpables y la recuperación de los activos. Sin embargo, es muy importante generar mejores incentivos en la gestión pública y fomentar la sanción social, que se ha mostrado, lamentablemente, como la única consecuencia real que han tenido aquellos involucrados en conductas sospechosas. Sólo un enfoque amplio que comprenda todos los diferentes aspectos de la problemática puede, finalmente, combatir este flagelo. Y este enfoque se debe generar con voluntad política, que sólo resulta creíble si parte de la ejemplaridad de quienes tienen las mayores responsabilidades en las empresas y el gobierno.
Consejero suplente del Consejo de la Magistratura de la Nación
