Persisten inequidades entre las jurisdicciones más ricas y las más pobres en cuanto a los recursos que se destinan (tanto económicos como humanos), la infraestructura escolar y la calidad de los aprendizajes de los alumnos.
Por los atrasos en el pago de salarios, los gremios de las provincias quebradas suelen entrar en huelga y miles de alumnos pierden semanas enteras de clase. Los gobiernos locales tardan demasiado en resolver el problema y no garantizan que los alumnos recuperen el tiempo perdido.
Las escuelas públicas están hiperreguladas y los directores dependen del gobierno provincial para tomar decisiones y hasta para elegir a su equipo. Esto les quita flexibilidad y agilidad para el cambio.
Cerca del 50% de los alumnos universitarios abandona en primer año y la mayoría tarda más de lo previsto en graduarse. En el país se superponen la oferta de carreras y sedes universitarias.
Qué hará el Gobierno
Se buscará una estrategia de concertación con los distintos actores políticos y sociales. El objetivo es que la educación pase a ser una política de Estado.
El Gobierno nacional tiene que garantizar un piso mínimo de 180 jornadas en el aula. Esto implica asegurar las condiciones para que los docentes cobren en tiempo y forma. El ministerio tendrá una estrategia activa ante los casos conflictivos y debe dar apoyo a las provincias.
Se hará hincapié en la evaluación de la calidad educativa; también, en la capacitación de los maestros apoyada desde el gobierno central, para evitar que se agrande la brecha social entre las provincias. El ministerio también aportará recursos para compensar a las escuelas y a los alumnos menos favorecidos.
El papel del Consejo Federal de Educación, que reúne a los ministros del área, es clave. La idea es que las medidas que se tomen sean acompañadas en cada provincia, manteniendo la autonomía.
