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Hay que evitar la criminalización y la clandestinidad
Hace pocas semanas una mujer de 40 años falleció en Córdoba a causa de aborto séptico. Era madre y durante tres semanas luchó por salvarse en un hospital, donde permaneció internada en terapia intensiva. Este caso, que se suma a las más de 3000 muertes que se produjeron en el país desde el retorno de la democracia, es la cara más triste de una realidad que existe hace muchos años en la Argentina.
Según datos oficiales, se producen entre 100 a 120 internaciones diarias en el país como consecuencia de abortos inseguros sólo en los hospitales públicos. Esto es, alrededor de 39.000 internaciones anuales como consecuencia de la clandestinidad.
Estamos entonces ante un problema enorme que afecta a las mujeres, pero también a las adolescentes y niñas en la Argentina de una manera profundamente dolorosa. En 2016, de las 39.025 mujeres internadas como consecuencia de abortos inseguros el 16% tenía apenas entre 10 y 19 años. De las muertes maternas por esta causa entre 2016 y 2018, el 13% fueron niñas de 15 a 19 años. En ese mismo periodo, un total de 5.800 niñas entre 10 y 14 años fueron madres producto de embarazos no intencionales.
Ante esta evidente y cruda realidad, hace casi cien años la Argentina viene ensayando la misma respuesta: la amenaza de la cárcel como única estrategia para disuadir a las mujeres. La evidencia indica que la criminalización no reduce los abortos, sino que simplemente los oculta y agrava el problema.La clandestinidad y la complicidad de quienes con hipocresía lo niegan es la consecuencia inmediata de una respuesta que, a todas luces, es inadecuada.
Para hacer frente a la complejidad del problema, la respuesta del Estado debe ser integral
Es necesario abordar este tema con urgencia, más aún en el contexto de un sistema de salud colapsado, que se ve impactado de la peor manera posible: las mujeres, niñas o adolescentes que llegan con cuadros infecciosos o desangrándose a los hospitales y con un promedio de diez días de internación. Esto, además de tener un costo humano y social inaceptable, tiene un impacto económico para el Estado. Según informes recientes, el Estado afronta un valor de 21.822 pesos por los abortos inseguros, diez veces más de lo que supondría un aborto seguro, en caso de aprobarse la ley. La respuesta que venimos dando hasta acá es, por donde se lo mire, la peor posible. No evita los abortos, no salva vidas, sino que condena a miles a una ruleta rusa.
¿Qué datos nos muestran aquellos países donde esta discusión ya fue saldada? En primer lugar, desmienten el mito de que hay un aumento en la cantidad de abortos a largo plazo. Por el contrario, reflejan que el número baja luego que las cifras se estabilizan. Cuando las respuestas son sólidas, los problemas se abordan desde la raíz.
Entonces, para hacer frente a la complejidad del problema, la respuesta del Estado debe ser integral. Actuar primero en la reducción de los embarazos no intencionales, con un rol determinante en la prevención, reforzando la educación sexual integral y la provisión de métodos anticonceptivos eficaces. Una política de salud sexual y reproductiva adecuada exige también garantizar condiciones seguras para una interrupción del embarazo, evitando las consecuencias de una clandestinidad que impacta de manera diferenciada según el contexto socioeconómico de las mujeres. Quienes ponen en riesgo su vida, son principalmente mujeres en contextos de vulnerabilidad. Finalmente, una respuesta integral supone acompañar a las mujeres que deciden llevar adelante un embarazo, para que cuenten con los recursos para poder hacerlo. Las propuestas que hoy discutimos en el Congreso incorporan todos estos puntos.
Reconocer que los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y que están protegidos por nuestra Constitución es el primer paso. El bloque de constitucionalidad, es decir nuestra Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, no son un obstáculo para avanzar -como se ha pretendido decir- sino, por el contrario, un aliciente para hacerlo. La Argentina ha recibido varias observaciones de los órganos de monitoreo de estos tratados, pidiéndole a nuestro país que actualice su legislación para adaptarla a estándares de derechos humanos que respeten los derechos de las mujeres, de las adolescentes y, en particular, de las niñas.
Queremos mirar de frente los problemas que tiene nuestro país y legislar para resolverlos de la mejor manera posible, con respuestas integrales, sin medias verdades, buscando el mejor modo de acompañar a las mujeres en el ejercicio del derecho a decidir. Ojalá que antes de que el Código Penal cumpla cien años nos demos cuenta de que no es la cárcel la respuesta, sino una política integral donde el Estado acompañe y garantice el ejercicio de la autonomía de la voluntad de las mujeres y personas gestantes, de conformidad con lo que dispone el marco constitucional.
¡Que esta vez, si sea ley!
Diputada nacional (UCR, Córdoba)
