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Hay que eliminar las listas sábana
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La reforma política impulsada por el Gobierno significa un punto de partida importante para mejorar nuestro degradado sistema electoral y lograr eficiencia y eficacia en el funcionamiento de nuestras instituciones republicanas.
La decisión de convocar a otras fuerzas políticas para lograr un sistema electoral más transparente y respetuoso de la voluntad popular es auspiciosa. Esto fortalecerá el sistema representativo, republicano y federal establecido en la Constitución Nacional.
El debate seguirá en el Congreso y seguramente se fortalecerá con el aporte de magistrados electorales, académicos, especialistas en la materia y organizaciones no gubernamentales dedicadas a estudiar e investigar la actividad política.
Para completar la reforma, urge eliminar las listas sábana y reemplazarlas por el voto por circunscripción, como por ejemplo sucede en Estados Unidos e Inglaterra. Este sistema permite que cada ciudadano conozca realmente a quién vota. En los países desarrollados es habitual que se pidan audiencias a los legisladores y éstos tengan la obligación de concederlas en un plazo no superior a los 15 días.
Las listas sábana favorecen la dedocracia en la elección de los candidatos y el desconocimiento del ciudadano de quiénes son sus representantes (diputados, senadores y concejales). La consecuencia de eso es un Congreso conformado con legisladores que votan en masa por disciplina partidaria, dejando de lado el necesario debate. En el pasado reciente hemos tenido ejemplos elocuentes. El voto por circunscripción evitaría además la manipulación del votante y el fraude electoral, que debería tipificarse lisa y llanamente como un delito. Así se reducirían también prácticas antidemocráticas como el clientelismo y la compra de votos, como se denunció en las elecciones de Tucumán del año pasado.
En la reforma debería incluirse el estricto cumplimiento del principio de idoneidad establecido en la Constitución Nacional, que prestigiaría a nuestro Parlamento. Además, entre los puntos sometidos al debate figuran temas relevantes, como la depuración y actualización periódica de los padrones, el cronograma de votaciones para evitar que sea hecho sobre la base de conveniencias del poder de turno (como sucedió en 2015), que el organismo que regule el proceso electoral sea independiente del Poder Ejecutivo y la limitación de las reelecciones indefinidas, una forma de evitar la perpetuación en el poder, contraria al principio republicano de periodicidad en los cargos públicos electivos.
Todo esto redundará en beneficio de la necesaria calidad institucional y, en consecuencia, del pueblo en su conjunto.
Seguramente, aprovechar la experiencia de otros países y adaptarla a nuestra idiosincrasia será importante para lograr mejores resultados.
La elogiable iniciativa de reforma electoral ayudará también, junto a otros cambios institucionales profundos que el país necesita, a reconstruir la confianza y recuperar la seguridad jurídica.
