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Hélices de sangre, sospecha y muerte
No avanza la investigación sobre la caída del helicóptero del Ejército en Palermo, en 1996, que mató a dos testigos clave del caso del contrabando de armamento a Croacia y Ecuador.
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LA investigación sobre la caída del helicóptero Puma 330 del Ejército, en octubre de 1996, que causó la muerte de dos testigos clave en la causa por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador no avanza, a pesar de que en marzo último la Cámara Federal ordenó su reapertura, y recomendó medidas de prueba para esclarecer el hecho.
Por esta razón en los últimos meses pudo saberse que ninguno de los pilotos que tripularon ese helicóptero conocía la "carta de servicio" del fabricante -Aerospatiale-Eurocopter- que describía la reacción de este tipo de máquina en ciertas maniobras a baja altura.
El 8 de octubre de 1996 este helicóptero del Ejército de la clase Puma 330 fue devorado por el fuego en el Campo Argentino de Polo en el barrio de Palermo luego de estrellarse en el momento del aterrizaje. Era el segundo vuelo que realizaba proveniente de la isla Santa Mónica, del Tigre, transportando militares argentinos y peruanos.
El general Juan Carlos Andreoli y el coronel Rodolfo Aguilar, además de dos altos jefes del ejército peruano y sus esposas murieron carbonizados por las llamas que convirtieron la cancha de polo en un espectáculo dantesco.
Andreoli había sido interventor en la Dirección de Fabricaciones Militares, director de Arsenales del Ejército, y su firma aparece en gran parte de los expedientes que integran la causa de las armas. Aguilar fue el agregado militar en Lima que en febrero de 1995 advirtió al embajador argentino en Perú, Arturo Ossorio Arana, que se producirían embarques ilegales de armas desde el aeropuerto de Ezeiza a Ecuador.
Fuentes muy cercanas a la presidencia de la Cámara Federal reconocieron que su titular, Horacio Cattani, decidió reabrir la investigación "sin conocer la vinculación de los pasajeros con la causa de las armas", pero que el magistrado "consideró insuficiente la investigación" cerrada por el juez federal Jorge Urso, a menos de un año de producido el espectacular accidente.
La Nación tuvo acceso al dictamen del fiscal de Cámara Germán Moldes que motivó la reanudación de la investigación. En este se consideró "menester individualizar a la persona que autorizó el uso de la aeronave".
A pesar del hermetismo que intenta cubrir a la investigación que tiene a cargo el fiscal federal Carlos Cearras, La Nación pudo saber que aún no se determinó al responsable de la utilización del helicóptero, ni por qué se eligió como helipuerto el predio de las canchas de polo de Palermo.
A mediados de este año declaró como testigo el entonces subjefe del Ejército, e imputado en la causa de las armas, general de división (R) Raúl Gómez Sabaíni, quien no habría abundado en detalles, y habría dicho que no recordaba a qué persona le encomendó la organización del viaje y la integración de la comitiva.
También trascendió que la "falla mecánica" fue una "rotura en el álave de la turbina" de uno de los motores del Puma 330, pero todavía los peritajes deben determinar si los arreglos mecánicos previos ayudaron en algo a que se produjera la falta de potencia en el momento del aterrizaje.
"El mantenimiento de la aeronave era escaso, pero no se cayó por eso", confió otra fuente judicial que se refugió en un estricto anonimato, pero reveló que la fiscalía no logra dar con los fabricantes del Puma 330, representado por la empresa Eurocopter. Este helicóptero de origen francés es utilizado -aun cuando ya no se fabrica- por más de 40 países.
Tampoco se ampliaron las declaraciones testimoniales del piloto de la aeronave, y del mecánico de vuelo, y no se habría podido establecer "la exacta sucesión secuencial de los hechos acaecidos el 8 de octubre de 1996, aproximadamente a las 17.30 en las canchas de polo del barrio de Palermo", como recomendó la Cámara Federal.
Si bien la investigación sobre la triangulación de armas a la ex Yugoslavia y a Ecuador llevaba unos 20 meses, cuando se difundió la nómina de las víctimas del helicóptero no hubo una asociación inmediata con la causa judicial que también tiene a su cargo el juez federal Jorge Urso.
No obstante, fue el mismo magistrado quien dio por terminada la averiguación de la causa caratulada "atentado sobre seguridad de aeronave" en noviembre de 1997, casi un año después de ocurrido el trágico suceso que para el Ejército se trató de una fatalidad desde el primer instante.
La investigación no pudo determinar "cómo fue la trayectoria efectuada por el piloto en su aproximación al lugar de aterrizaje", que, según Moldes, de las constancias sumariales esto no queda claro.
Este año el trágico episodio saltó a la luz con fuerza, en ocasión de descubrirse el cadáver de otro imputado en la causa de las armas, el capitán de navío retirado Horacio Pedro Estrada, que tenía un disparo en el hueso occipital.
Fue el 25 de agosto, y en esas circunstancias se difundió la nómina de testigos, involucrados e imputados en el tráfico de 6500 toneladas de armamento y municiones que fallecieron en forma trágica o por muerte natural. Entre ellos se contaron las 10 víctimas de la caída del helicóptero.
María Guillermina Mónico, viuda del coronel Aguilar, acaba de desistir de presentarse como querellante penal ante Urso, porque según dijo a La Nación aún se siente "intimidada", y no tiene "fuerzas" para "enfrentar" el caso.
La viuda de Aguilar sufrió el olvido del Ejército durante las primeras horas siguientes a la muerte de su marido; recién a las once de la noche de ese día la llamó por teléfono un coronel para darle la noticia del fallecimiento de su marido.
"A las tres de la mañana abrí la puerta de casa, y allí sólo estaba muy entristecido el chofer de mi marido. Las mayores muestras de afecto las recibí de los militares peruanos y entre ellos del general Yanque, que debería haber viajado en el helicóptero", dijo a La Nación .
Pero lo más grave que le ocurrió fue el secuestro y la intimidación que sufrió cuando viajaba en automóvil hacia Salta, ciudad a la que se mudó en diciembre de 1996, cuando un grupo comando le advirtió en un descampado que no regresara a Buenos Aires.
Ella debería haber viajado en el vuelo donde murió su marido, y confirmó a La Nación que en el "tercer vuelo" del Puma 330 que nunca se realizó debería haber subido el general Juan Yanque, actual jefe del Inteligencia (J2) del ejército peruano con su mujer.
Yanque fue el J2 de Inteligencia militar que el 11 de febrero de 1995 transmitió al coronel Aguilar que se aprestaban embarques aéreos ilegales de armas argentinas con destino a Ecuador mientras avanzaban las gestiones de paz entre ese país y Perú, enfrentados por la guerra fronteriza del Cóndor.
Ese aviso dio origen a los cables secretos y confidenciales anexados a la causa judicial en la que interviene el fiscal Carlos Stornelli, que la Cancillería retuvo en su poder desde 1995 hasta que dos meses atrás los envió al juzgado.
La Nación habló con el ayudante de Yanque en Lima, quien confirmó que "fue cosa del destino que el general no abordara el helicóptero en el tercer vuelo y así salvara su vida".
La dramática caída del helicóptero se considera un "accidente" para el Ejército, y resulta sugestiva la confusa campaña de información que se montó a su alrededor durante las primeras horas a partir de las cinco y media de la tarde de ese 8 de octubre de 1996.
Se habló de dos helicópteros, cuando en realidad siempre se trató del mismo piloteado por el capitán Ricardo Robledo, y el entonces capitán y mayor Alfredo Pablo Pavese. También se dijo que la comitiva -que participaba de un encuentro bilateral de los ejércitos peruano y argentino- había compartido un almuerzo en el Colegio Militar de la Nación en Palomar, cuando sus integrantes pasaron el día en una isla del Tigre.
Inmediatamente después del velatorio y entierro de las víctimas argentinas y la despedida de los féretros del general de brigada Hugo Soto Núñez y del coronel Federico Celi Febres, y sus respectivas esposas, el silencio cubrió el accidente. Sólo ocupó algún espacio en la prensa la noticia del fallecimiento después de una semana de agonía del piloto Ricardo Robledo, quien había abandonado la máquina envuelto en llamas y murió en el Instituto del Quemado.
No obstante, María Guillermina de Aguilar confió a La Nación sus sospechas de que la resistencia de ascender a su marido post mórtem al grado inmediato superior, general de brigada, se debió a un "intento por tapar el episodio".
"Cobro los haberes correspondientes al grado de general, pero con mis hijos queremos que lo asciendan por una gratificación moral. Creo que no quisieron hacerlo porque el pliego de ascenso debería ir al Senado y así atraería la atención el tema del helicóptero", dijo la viuda de Aguilar.
Las máquinas aéreas del Ejército, basadas su mayor parte en la Agrupación 601 de Aviación de Ejército en Campo de Mayo, tienen una parte de los servicios mecánicos "tercerizados" a cargo de la empresa Helicair.
La posibilidad de un atentado no se baraja todavía en la investigación del fiscal Cearras, y algunos especialistas consultados coinciden en que la "merma de potencia" se debió a una falla mecánica en el momento del aterrizaje, como consta en el informe técnico confidencial producido por la Fuerza Aérea.
No obstante, tampoco se descarta que la Junta de Accidentes pueda reabrir la investigación si la demorada investigación judicial encuentra elementos para requerir mayores precisiones periciales de los técnicos aeronáuticos, aun cuando numerosas piezas quedaron destruidas por el fuego. El vicecomodoro Carlos Lorenzo Fragueiro manifestó en el juzgado que la caída del Puma 330 podría deberse a un cambio de la trayectoria de aproximación, por lo que la Cámara consideró que resulta "esencial" recibir en sede judicial su testimonio "a fin de evaluar el temperamento legal a adoptar".
Desactivado
EN el helicóptero Puma que se estrelló el 8 de octubre de 1996 murieron, del ejército peruano, el general de brigada Hugo Soto Núñez y su esposa, Rosa Anselmi de Soto, y el coronel Federico Celi Febres y su esposa, Angela María Rodríguez de Celi. Del Ejército Argentino, el general de brigada Juan Carlos Andreoli y esposa, Mercedes Judith López de Andreoli; el coronel Rodolfo Antonio Aguilar, capitán Ricardo Robledo, María Cristina Crespo de Lassaga y Andrea Máspero de Serrano.
Resultaron heridos, pero sobrevivieron, el entonces coronel Marcelo Patricio Lassaga, el mayor Antonio Serrano, cuñado del teniente general Balza, el mayor Alfredo Pablo Pavese, y el mecánico de aviación Miguel Clemente Godino.
El Puma es un helicóptero con capacidad para 16 pasajeros en versión normal, pero que para traslado táctico es configurado para 20 personas. Alcanza una velocidad máxima de 310 kilómetros por hora y tiene una autonomía de vuelo de 5 horas; posee un tren de aterrizaje semirretráctil. Es utilizado en misiones de búsqueda y salvamento y de transporte de pasajeros VIP, pero fue superado por el Superpuma. El Ejército Argentino no lo utiliza más, ya que el único que posee está desactivado.
