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Hiperpresidencialismo y política exterior: ¿puede Milei definir las alianzas estratégicas del país en solitario?
¿Es institucionalmente correcto que un presidente tome decisiones fundamentales sin consultar al Congreso ni promover un debate genuino con expertos y actores claves de la sociedad civil?
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PARA LA NACIONSergio Berensztein
¿Es institucionalmente correcto que un presidente tome decisiones fundamentales de política exterior sin consultar al Congreso ni promover un debate genuino con expertos y actores claves de la sociedad civil? No se trata de evaluar la calidad ni la pertinencia de esas decisiones, sino de indagar si existen los frenos y contrapesos para evitar que decida alianzas, alineamientos o hasta la participación en conflictos bélicos, con consecuencias de enorme importancia y de largo plazo, en función de sus valores, intereses y visión del mundo, comprometiendo así la reputación y el destino del país. La presidencia es la institución fundamental de nuestro sistema político (de hecho… ¡el Poder Ejecutivo es unipersonal!), pero cada presidente como individuo está de paso y solo tiene una influencia temporal. Sin embargo, como acumulan tanto poder, algunos se confunden y creen que pueden “eternizarse”. Más temprano que tarde, descubren la profundidad del enigma planteado por Vox Dei: “¿De qué vale ganar, si después perderé?”.
La cuestión central reside en los precedentes que se generan como consecuencia de este hiperpresidencialismo: el día de mañana alguno de sus sucesores podría aprovechar para tomar una decisión igualmente discrecional aunque con un contenido ideológico o con un argumento diferente, siempre aludiendo a entelequias ambiguas como el “interés nacional”. De acuerdo con la Constitución, las facultades del primer mandatario en política exterior incluyen la firma de tratados y la declaración de guerra –en ambos casos con aprobación del Congreso–, la representación del país en organismos internacionales y reuniones diplomáticas y el nombramiento de embajadores, esto último con aprobación del Senado. En caso de recibir un ataque, puede repelerlo sin consultar al Parlamento, pero debe informar de inmediato sobre sus acciones.
El fin de semana pasado, antes de ser el protagonista excluyente de la Argentina Week en Nueva York, Milei participó del lanzamiento de una novedosa iniciativa de seguridad hemisférica liderada por Estados Unidos: Escudo de las Américas. Un acuerdo multinacional de cooperación militar anunciado por Donald Trump durante una cumbre con líderes de Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago, además de la Argentina. Brasil, México y Colombia, los tres países de mayor población del continente luego del anfitrión, no fueron convocados. Tampoco Canadá, el de mayor extensión. El programa, elaborado hace tiempo por iniciativa del Pentágono en colaboración con gobiernos afines, incluido el nuestro, busca coordinar esfuerzos militares y de seguridad entre las naciones participantes para combatir organizaciones criminales transnacionales, en particular los carteles de la droga que operan en el continente. Según Trump, la iniciativa, también conocida como “Coalición Anticarteles de las Américas”, implicaría compartir inteligencia militar y coordinar operaciones para localizar y desmantelar las redes de estas organizaciones criminales: los Estados miembros pueden solicitar asistencia a sus socios para combatir la infraestructura y las rutas de tráfico. Para algunos observadores, es una manera de legitimar y sumar aliados al inédito patrullaje y eventual hundimiento de embarcaciones presuntamente ligadas a los carteles de la droga, en aguas internacionales tanto del Pacífico como del Caribe. A propósito, Trump designó representante ante esta iniciativa nada menos que a Kristi Noem, la más que polémica extitular de la cartera de Seguridad Interior (Homeland Security), de la que depende la policía migratoria (ICE), involucrada en escandalosos hechos de violencia contra ciudadanos norteamericanos y en excesos y aberraciones sin precedentes contra indocumentados e inmigrantes legales. Trump acaba de despedirla de su gabinete ante el riesgo de juicios políticos debido a una rebelión de legisladores, incluidos los de su partido, que se agravó ante revelaciones de gastos multimillonarios en campañas publicitarias que la tenían como protagonista. Observadores independientes interpretaron que esa designación implica cierto desdén por este acuerdo cooperativo, que de todas formas será coordinado por el propio Pentágono.
¿Es esto congruente con la normativa vigente en materia de seguridad interior y de defensa? Según Miguel A. Toma, experto en la materia con larga trayectoria pública, “las FF.AA. solo están autorizadas a realizar tareas de apoyo logístico y de colaboración muy parcial con las fuerzas de seguridad”, con lo cual habría que modificar varios artículos del actual acervo institucional. Otros analistas consideran que puede tratarse de una excelente oportunidad para actualizar esas leyes en función de la compleja problemática actual, donde la amenaza de las redes de crimen organizado representa un desafío de primer orden a la seguridad nacional y regional. Por su parte, Juan Battaleme, exsecretario de Defensa durante la gestión de Luis Petri, considera que este acuerdo no requeriría en principio de cambios institucionales, pues se trata de una cooperación técnica “similar a la que realizan los cascos blancos”. Pero coincide en que sería positivo aggiornar las leyes en función de las nuevas amenazas, aprovechando la correlación de fuerzas surgida de los últimos comicios.
Al igual que en otras áreas de política pública, en política exterior la Argentina tuvo, en las últimas décadas, un recorrido errático. Las relaciones carnales con EE.UU. en la época menemista viraron a vínculos no menos íntimos con Cuba y Venezuela durante el kirchnerismo, que derivaron en el memorando de entendimiento con Irán, el mismo país que hoy Milei califica de “enemigo” por su involucramiento en los atentados a la AMIA y a la embajada de Israel, nada menos que en el contexto de la operación militar Furia Épica, cuyo desarrollo entró en una meseta de incertidumbre que obsesiona a la comunidad internacional. Vale recordar el extraordinario esfuerzo y la expectativa generada en torno a la Cumbre del G-20 realizada en Buenos Aires en noviembre de 2018, una organización ya por entonces poco relevante que quedó diluida a partir de la invasión de Rusia a Ucrania. La reedición actualizada de la Historia de las zonceras argentinas, genial obra de Jauretche, tendrá en su cuadro de honor la insólita propuesta de Alberto Fernández a Vladimir Putin para que nuestro país sirva como entrada para Rusia en Latinoamérica… ¡a seis décadas de la crisis de los misiles! Esta dinámica pendular profundiza la ausencia de reglas claras y estables, fruto de desacuerdos permanentes sobre las formas y los contenidos de la política: la Argentina carece de una estrategia de desarrollo. Esto, siempre costoso para el país, empeora en un entorno como el actual.
El Gobierno se empeña en repetir, como ocurrió en Nueva York, que “esta vez será diferente”, por el hecho de haber logrado un tenue equilibrio fiscal y de estar en vísperas de un boom exportador. Sin embargo, sigue incrementando nuestro peor déficit, el político, e ignora lo importante: lograr acuerdos amplios y sustentables para definir un entorno de reglas del juego avaladas y respetadas a lo largo del tiempo, mientras se evitan el internismo, las peleas absurdas y los inexplicables ataques a empresarios.
Finalmente, y al margen de preferencias y valores de este analista… ¿Se siente un ciudadano argentino promedio identificado hoy cuando Milei dice “vamos a ganar esta guerra”? ¿Avala nuestra sociedad la decisión del Presidente de involucrarse en este conflicto? ¿Está de acuerdo con este vínculo estratégico con EE.UU. e Israel? Y, fundamentalmente… ¿está dispuesto a pagar los eventuales costos que esto puede llegar a producir?
Tipo de trabajo:
opinión
