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Horas cruciales para YPF
En 1990 comienza el proceso de privatización de YPF, que llega a su plenitud en 1999 con la entrega a Repsol, la cual comienza un proceso de transferencia de los activos de YPF a la compañía española.
Luego, en 2007, Néstor Kirchner insta a una negociación entre Repsol y el Grupo Petersen de la familia Eskenazi para la "argentinización" de YPF. Los Eskenazi habían trabajado conjuntamente con Néstor Kirchner en Santa Cruz, en negocios de interés común entre esa provincia y aquella familia.
En 2008, durante el gobierno de Cristina Kirchner, la Argentina presta conformidad para que dos empresas españolas y una australiana del grupo Petersen, de la familia Eskenazi, adquieran primeramente el 14% de YPF. La compra la hace Petersen casi sin poner plata. Paga primeramente a Repsol 1018 millones de dólares mediante créditos de un conjunto de bancos: Credit Suisse, Goldman Sachs, Citibank, BNP Paribas, Itaú, Standard Bank. El crédito debía ser pagado con el resultado de los dividendos que YPF le pagaría al grupo Petersen. Es decir, no ponían la plata los compradores, la ponían los bancos, y se cobraban de los dividendos de YPF y Repsol a su vez le daba un crédito a Petersen por 1015 millones de dólares, que también debían pagar el grupo Petersen con los dividendos de la propia YPF.
En 2011, el grupo Petersen compra un 10 % más de YPF a Repsol, por 670 millones de dólares, que le representan ahora el 25 % de la compañía. Para ello le otorgan un nuevo crédito un conjunto de bancos: Citibank, Itaú, Standard Bank, Credit Suisse. Es con la misma modalidad, pagan los créditos con dividendos. A esa altura ya Petersen era el dueño del 25% de YPF por la suma 2703 millones de dólares, casi sin poner plata, con la única salvedad de aproximadamente 100 millones de dólares que puso la filial australiana dueña de las dos empresas españolas. Las empresas del grupo Petersen que compraban YPF eran PESA y Peisa, ambas a su vez eran propiedad de otra empresa del grupo radicada en Australia, llamada Petersen Energía, de la familia Eskenazi.
Ya en 2012, debido a la ausencia de inversiones de Repsol en YPF (lo que provocaba un grave déficit energético y financiero en la Argentina) Cristina Kirchner interviene y luego solicita la expropiación del 51 % de YPF y paga 5200 millones de dólares, más los intereses desde la desposesión.
Semejante pago a Repsol por parte del gobierno argentino en el monto expropiatorio concitó el interés de fondos que habitualmente adquieren litigios especulativamente, que fueron conectados o se conectaron a los socios minoritarios de Repsol en YPF, como lo eran los Eskenazi en el grupo Petersen y el fondo Eton.
Luego de la intervención, YPF no entrega más dividendos, con lo cual las empresas de Petersen no le pagan a Repsol ni a los bancos el precio de las acciones. Néstor Kirchner había trabajado para que el grupo Petersen entrara en YPF y Cristina Kirchner indirectamente los saca del negocio.
Los bancos y Repsol no pueden seguir cobrando el precio de venta con los dividendos de YPF y se hacen cargo entonces de las acciones de Petersen en YPF, en búsqueda de recuperar sus créditos, vendiéndolas en forma inmediata. Pero las empresas españolas del grupo Petersen aparecen en concurso por un remanente de créditos ante los tribunales españoles y quedan bajo control de una sindicatura concursal.
En 2015, como si el embrollo no fuera suficiente, las empresas españolas concursadas ceden al fondo Burford el derecho a demandar al Estado argentino por los daños y perjuicios que le provoca la expropiación. Burford es propietaria entonces del 49% del caso Petersen y adquiere del Grupo Eton, otro socio minoritario de YPF, el 75 % del reclamo contra la Argentina.
El derecho a litigar lo adquiere Burford por 15 millones de euros más gastos y al 30/6/2018 Burford ha vendido a inversores el 28,75 % de su posición en el reclamo por 138 millones de dólares, con lo cual ya lleva ganados 120 millones de dólares de una previsión que de mínima calculan en 3000 millones de dólares, de media en 6000 millones de dólares y de máxima en 9000 millones de dólares.
Inicia entonces su reclamo las firmas concursadas del grupo Petersen con el patrocinio de Burford, alegando que si hubiera respetado el estatuto de YPF, el Estado argentino les debería haber ofrecido comprar su parte y no se hubieran visto en semejante problema de no poder pagar sus acciones.
Una denuncia penal se investiga por lo que pasó en YPF, pero no proviene del gobierno, sino de la oposición. No hay otras investigaciones civiles ni administrativas, ya que el gobierno de Cristina Kirchner había firmado un acuerdo de no reclamar responsabilidad alguna a los españoles con YPF.
Finalmente, en 2020, se acercan horas cruciales para YPF y la nuestro querido país. En los próximos días, la jueza Loretta Preska debe decidir si la causa queda en Nueva York, donde los antecedentes contra la Argentina son muy complicados, o se tramita en Buenos Aires, como lo pide nuestro país.
El fondo Burford afirma que debe tramitarse el juicio de las empresas españolas en Nueva York porque la Argentina no es confiable, ni sus tribunales tampoco lo son, por lo que si se diera la desgraciada coincidencia que declarásemos expresa o tácitamente el default también en estos días, este reclamo de Burford de que no somos confiables pudiera sonar en el oído de la jueza Preska de otra manera.
Señor Presidente, vea bien lo que hace. Todos queremos una deuda externa sostenible, pero por favor, basta de errores. Piense mucho antes de que quedemos de nuevo en las manos de Burford u otros similares compradores de litigios ante las cortes de los Estados Unidos.
Legislador de la provincia de Córdoba
