Ideas de época en contra de la libertad de expresión

La libertad de expresión, de pensamiento y de acceso a la información está íntimamente ligada a la democracia. Casi se diría que no puede concebirse esta última sin aquellos derechos. En razón de esta inescindible relación es que nuestra Constitución establece en su artículo 32 que no puede haber leyes que restrinjan esta libertad, ni puede imponerse sobre ella jurisdicción federal.

Todos los ciudadanos tenemos el derecho a expresarnos o a no hacerlo por medio de la prensa y sin censura previa; estos derechos comprenden los de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro medio, según surge de los artículos 14 de nuestra Constitución, del 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y del 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Allí se indica: "No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones".

Todos los derechos del Pacto de San José de Costa Rica están asegurados sin que pueda efectuarse discriminación por ningún motivo, incluidas las opiniones políticas. Éste es el sistema: el Estado está obligado a soportar que opinen mal de él.

En los últimos años, el Gobierno y sectores afines a él han intentado instaurar una idea de época que consistiría en que sólo el Gobierno puede decirnos lo que está bien y lo que está mal expresar. Para quienes sostienen esta postura, hay un enemigo fundamental que son los medios y los ciudadanos que no discernirían si no fueran guiados por el Gobierno en contra de ellos.

Aquella idea de época que se ha querido imponer en contra de la libertad de expresión ha llegado a su fin, al menos en la ciudad de Buenos Aires. En este sentido, rescatamos la vocación política de Mauricio Macri de ponerse en sintonía con los reclamos populares que hemos vivido en las calles, donde cientos de miles de ciudadanos han expresado una nueva idea de época, que coincide con los documentos internacionales citados: no sólo no se puede, no queremos que se restrinja la libertad de expresión.

Es natural que la evolución histórica plasme un nuevo derecho positivo. La Ciudad tiene facultades de jurisdicción; la consecuencia lógica y jurídica es que tiene la facultad de administrar justicia siempre y cuando no se trate de asuntos federales.

Tal como ha dicho Joaquín V. González: "Ningún pueblo de la Tierra ha gozado de libertad mientras no ha tenido asegurada su Justicia". En función de ello, respetar y hacer respetar la libertad de expresión en la Ciudad es un deber de la Ciudad, y nuestros tribunales, provistos de las normas correspondientes, tienen la facultad de defenderla.

Esperemos que las fuerzas políticas de la Ciudad puedan actuar en conjunto para encontrar la forma de satisfacer el reclamo ciudadano de respetar y no molestar a nadie a causa de sus opiniones.