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Ingresos Brutos, obstáculo para el comercio
¡Son los ingresos brutos, brutos! Este grito imaginario y destemplado es el que más de uno gustosamente vociferaría cuando los gobiernos castigan las transacciones. Al aplicar esta suerte de impuesto, los gobiernos obstaculizan el comercio, motor del crecimiento.
La mayor parte de los ingresos provinciales proviene del impuesto a los ingresos brutos, un gravamen a las ventas en cascada, que tiene tasas crecientes a medida que el producto se acerca al consumidor final. Su perversidad reside en que promueve la producción de bienes y servicios alejados del consumidor final, es decir, de menor valor agregado en la cadena de oferta. Inmersos en el cortoplacismo, a los gobiernos les resulta sumamente atractivo, pues con relativa facilidad se hacen de recursos. Y en lugar de reducir las alícuotas correspondientes, algunos gobiernos las han elevado últimamente.
El impuesto a los ingresos brutos representa una porción más que sustantiva del ingreso por impuestos que se recauda. En determinadas jurisdicciones llega a cerca del 80% de la recaudación provincial. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, durante el año 2024, este impuesto significó cerca del 77% del total de los recursos tributarios de la provincia. Pero, así como es atractivo para los gobiernos, es enormemente nocivo para las empresas, sobre todo en lo que respecta a la cadena de valor, es decir al proceso productivo. Porque este impuesto no entiende que la producción, cada vez más, es resultado de un proceso dinámico; de una serie de secuencias. Además de plurifásico, es acumulativo y grava el consumo; se superpone en su base imponible con el impuesto al valor agregado. Al recaer sobre el consumidor, quien debe pagarlo a través de precios más elevados, es claramente regresivo. Y es plurifásico, pues se aplica en cada fase del proceso de hacer y vender un bien o servicio. En lugar de gravar todo el valor del producto final al final, se tributa solo el valor que se agrega en cada etapa del camino. En cada fase de la cadena de valor.
No solo dificulta las transacciones que son las que resultan de la especialización, sino que –lo peor de todo– corrompe las bases de la sociedad al invitar a caer en la evasión. Expulsa a las empresas del mercado formal, reduce la inversión y promueve el traslado de las empresas o parte de ellas a otros países. Claramente es un tributo distorsivo pues no permite descontar los gastos en servicios o insumos utilizados para producir, por lo que se origina una cascada de impuestos que perjudica especialmente a los productos complejos. Es la más perversa forma de detener el desarrollo de diferentes eslabones de la cadena de valor y, en consecuencia, promueve el establecimiento de eslabones en el exterior, en lugar de tender a instalarse en el país. Podría decirse que es un impuesto que promueve la producción de bienes y servicios básicos y castiga la de los más complejos, es decir, la de los más próximos al consumidor. Las diferentes actividades de la cadena de valor son sometidas a una suerte de pillaje: en cada paso intermedio, el impuesto vuelve a cobrarse, repitiendo la base imponible sobre la que se aplica. Distorsiona los precios finales de los bienes y servicios y tiene un sesgo anti producción nacional, y con el fin de eludirlo alienta artificialmente la integración vertical de la cadena de valor en una sola empresa.
¿Cuál es su resultado? Promueve la integración vertical, lo que, a la larga, disminuye la competitividad e invita a desarrollar cadenas de valor “cortas”, por lo que los demás eslabones son desarrollados fuera del país. Así, las provincias quedan sujetas a la pobreza.
“El gobernante ignorante es la ruina de su pueblo. Una ciudad prospera con la inteligencia de sus jefes”, nos recuerda la Biblia. A quien le quepa el sayo, que se lo ponga.ß
Economista
