Instituciones a medida

Esta vez le tocó el turno a Claudio Bonadio, como ayer a Luis María Cabral, como anteayer a José María Campagnoli. Cada vez que un magistrado o fiscal investiga a funcionarios, empresarios o allegados al Gobierno, el modus operandi es el mismo: intentos por apartarlo, enjuiciarlo, suspenderlo o reemplazarlo.

Para el kirchnerismo, los poderes del Estado y las instituciones sirven en la medida que acompañen la voluntad popular ejercida por un único líder carismático: la Presidenta. Los votos le permiten dominar el Ejecutivo, el Congreso y miles de organismos inferiores que toman decisiones e interpretan leyes y reglamentos.

Suponiendo que los fines del Estado son los del preámbulo de la Constitución y las reglas, las instituciones, los procedimientos y las formas son medios para la consecución de esos objetivos, ¿es razonable pensar que las instituciones públicas tienen o deberían tener prestigio, estructura estable, profesionalismo, independencia y fortaleza para hacer frente a embates de la política? ¿O será que lo esperable es que en un momento histórico determinado, administradores, legisladores y jueces elegidos en base a esas mismas instituciones, procedimientos y reglas se pongan de acuerdo e interpreten y resuelvan que la consecución de aquellos fines justifica que los medios (reglas incluidas) puedan ser dejados de lado, adaptados o modificados según su mejor saber y entender?

Si abrimos bien los ojos, podríamos ver que aquellos principios fueron sustituidos por otros. O interpretados de forma tal que dicen otra cosa.

Las instituciones por sí solas no nos dicen demasiado. Ellas siguen los lineamientos y dirección que les indique el modelo de país elegido. La Constitución y las leyes nos pueden dar una idea mínima de la naturaleza de los institutos y del funcionamiento de las instituciones que los llevan adelante. Pero dejan un importante espacio para la interpretación. La posibilidad de ejercer todo el poder por parte de una única persona, ya sea porque el pueblo se lo delegó o porque no reaccionó al ser ejercido sin su consentimiento, incluye la posibilidad de interpretar todo el orden jurídico a voluntad. Difícilmente las instituciones puedan resistir esta situación sin ser doblegadas y orientadas hacia esta voluntad.

En el caso del Poder Judicial, el actual gobierno entiende que lo fortalece al designar jueces, fiscales, subrogantes, conjueces, defensores o miembros de la Corte Suprema que comulguen con su relato y de esta forma acompañen todas sus decisiones. Esto no es casual ni improvisado. En esto consiste la democracia para todo populismo constitucional. Esta no es la República de nuestra Constitución.

Considero que es el modelo o visión de país, las prácticas de sus gobernantes y la educación del pueblo lo que hacen de una agrupación de personas, sus reglas y procedimientos, una institución pública o una simple herramienta a disposición de la voluntad de los gobernantes y funcionarios de turno.