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Intento de coerción contra la prensa
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La decisión de cancelarle la publicidad oficial de la provincia de Neuquén al diario Río Negro, que se edita en General Roca, constituye un típico intento de asfixiar económicamente a una publicación y de forzarla a seguir las directivas políticas del mismo poder que actúa coercitivamente.
Una reacción vigorosa y decidida, encabezada por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y por la Asociación de Periodistas de Neuquén, y secundada con voluntad unánime por el periodismo independiente de nuestro país y por todos los foros interesados en la vigencia efectiva de la libertad de prensa, ha salido al cruce de este atropello del gobernador Jorge Sobisch y del oficialismo neuquino. Maniobra tendiente a amordazar a un medio informativo y castigar la difusión de hechos que en principio configuraban notorios actos de corrupción que hasta hoy permanecen sin ser investigados.
Esa torcida determinación, torpe y abusiva, sin duda será inútil, dados el arraigo y la dimensión alcanzados desde hace mucho por ese destacado medio de prensa, cuya circulación representa alrededor del 80 por ciento de toda cuanta se registra en el Alto Valle. En esas condiciones, es imaginable que la desaparición de la publicidad de una provincia vecina le signifique un severo golpe, pero prácticamente acredita a la vez la certeza de que no bastará para acallar su voz.
Merece, no obstante, la dura condena pronunciada en su contra y no sólo por el espíritu antidemocrático que trasunta, sino, en especial, porque dista de ser inusual en muchos parajes del interior. Esta situación se presenta particularmente en las localidades de segundo rango, donde pequeñas publicaciones viven a despecho de las arduas dificultades que caracterizan a las economías regionales y pueden muy bien ser puestas al borde de la ruina por la supresión de determinado paquete publicitario, invariablemente de origen gubernamental.
Estructuras políticas en las cuales subsisten inocultables resabios de prepotencia caudillista tienden a querer aprovecharse de circunstancias de ese tipo y, paralelamente, medios de prensa endebles y cercados por un ambiente hostil pueden, acaso, caer en la trampa del chantaje bajo la forma de avisos. Es muy probable, al respecto, que el gobernador Sobisch y su entorno hayan confundido el lugar y la época: Neuquén y Río Negro, en cuanto provincias argentinas, no son ni deben ser remedos de "Pago Chico" y es muy natural que sus habitantes -y sus medios de opinión- reaccionen enérgicamente ante la absurda pretensión de mandonearlos.
Corresponde, asimismo, que ese rechazo tajante se extienda al usual argumento con que se pretende justificar tales desmanes: que, en última instancia, a los efectos publicitarios una administración pública no es sino un cliente particular, por supuesto dueño de disponer cuáles avisos pone o deja de poner. Semejante criterio da por sentado, evidentemente, que lo público es posesión, siquiera transitoria, del mandatario encargado del poder, algo que entraña una perversa distorsión de la pauta republicana. Lejos de ser así, el administrador, en efecto temporal, de los bienes públicos carece de capacidad para disponer arbitrariamente de ellos y mucho menos en cuanto a orientar los gastos que genera. En el caso de la publicidad solicitada por una estructura gubernamental, es obvio que debe asignarse de modo equitativo a los medios en aptitud de difundirla convenientemente, punto -tal como se dijo- que resulta tanto más de estricta observancia en aquellos lugares donde, por ser escasa o deprimida la actividad económica, constituye uno de los elementos esenciales para la financiación de los medios de prensa.
