Inundaciones en GBA: las aguas y la política bajan turbias

“Hasta que no veamos a Insaurralde navegar en yate con su novia por las calles inundadas de Lomas, esto no tendrá solución”, comentaba un vecino de Lomas de Zamora a un móvil de TV, con el pantalón arremangado hasta sus rodillas, totalmente empapado y, lo peor, absolutamente resignado a esperar un cambio sobre esa pésima calidad de vida.

El sarcasmo, dicho con bronca, sirve para definir el sentir de decenas de miles de vecinos de la zona sur y Oeste del conurbano bonaerense que lidian con las inundaciones ante cada tormenta desatada sobre Buenos Aires. De algún modo, ellos también se sienten responsables porque la mayoría elige y eligió, desde hace 4 décadas, gobernantes que poco y nada hacen e hicieron para terminar con ese flagelo, pero como siguen ganando elecciones, saben que cuando las aguas bajan también lo hace el reclamo y el enojo de los habitantes que ellos representan.

Buenos Aires es una provincia que tiene un historial de tragedias hídricas: Epecuén en 1985, Pergamino en 1995, San Nicolás en 2017, Salto en 2017, Olavarría y Azul en 1980 y el tristemente recordado episodio trágico de La Plata en abril de 2013, con casi un centenar de muertos, número no exacto porque al gobierno de Daniel Scioli se lo acusó de ocultar información al respecto. No es solo acumulación de agua lo que traen las inundaciones, también hay muertes, falta de gestión y políticas turbias.

Si bien es cierto que el cambio climático nos trajo tormentas repentinas con acumulación de agua por lluvias de manera intempestiva -por ejemplo, el lunes cayeron 20 milímetros más de agua de lo que se esperaba para todo marzo- existen otras razones que fueron muy bien detalladas por el periodista Mauricio Giambartolomei ayer en LA NACION. Es muy valioso dar con las causas porque las consecuencias ya las conocemos, desde hace décadas. El problema es que no se actúa, no se realizan las obras correspondientes, no se planifica ni se cumple con el 10% de lo que los intendentes y los gobiernos provinciales anuncian luego de cada inundación.

Hay un dato que demuestra muy bien esta inoperancia y mal uso de fondos públicos. En el año 2001 se creó el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, dependiendo del Ministerio de Economía, un fondo que recauda a partir de la venta de la nafta y el GNC que consumimos como usuarios, destinando a obras hídricas para prevenir inundaciones. En 2013, el gobierno de Cristina Kirchner destinó el 95% del Fondo de Infraestructura Hídrica para la provincia de Buenos Aires, pero a sólo cuatro distritos del conurbano -Tres de Febrero, Merlo, Quilmes y Lanús-, relegando a los inundados municipios del interior bonaerense y al Master Plan destinado a la Cuenca del Río Salado. Se repartieron, sobre un total de 200 millones de pesos recaudado en esas partidas, de la siguiente manera: 94 millones (casi el 50%) para Tres de Febrero, en manos de Hugo Curto; 46 millones para Merlo, intendente Raúl Othacehé; 28 para Quilmes, intendente Francisco Gutiérrez, y 16 para Lanús, intendente Darío Díaz Pérez, según información publicada en ese momento por la Ucofin. Este modo de distribuir fondos públicos del FFIH se reiteró en casi toda la gestión kirchnerista y es por es que vale recordar que eran todas intendencias en manos del peronismo. Durante la gestión de Néstor Kirchner se decidió privilegiar a los municipios del conurbano y, sobre todo, a los intendentes amigos con los fondos destinados a este fin, en desmedro de las provincias. Una caja política que terminó siendo otra herramienta más para los jefes comunales del conurbano que fueron y son la columna vertebral donde se apoya el kirchnerismo.

También, varias veces, durante las décadas kirchneristas se abusó de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) con el fin de ayudar a los municipios amigos a realizar obras que terminaron siendo fotos para la campaña, como el túnel inaugurado en julio pasado en la localidad de Gregorio de Laferrere, en La Matanz,a por el intendente Fernando Espinoza y el entonces ministro de Economía y candidato a la Presidencia, Sergio Massa. Esta semana el túnel desbordó de agua, convirtiéndose en un río urbano y el centro de Laferrere se inundó después de mucho tiempo, una zona que se encuentra a una distancia considerable del Río Matanza.

¿La solución? La encontramos viendo los subsidios otorgados a familias afectadas por las inundaciones. Siempre se repite el mismo escenario y son vecinos de los mismos municipios: Luján, Marcos Paz, La Matanza, Bragado, Mercedes, Arrecifes, Pilar, San Fernando, Tigre, San Miguel, Esteban Echeverría, Quilmes, Ensenada, Salto, Carmen de Areco, San Martín, Lomas de Zamora, Moreno, Berisso, Varela, Campana, Las Heras, Lanús, Escobar, Tres de Febrero. Todas esas familias reciben algún tipo de ayuda de la Anses después de padecer las inundaciones, pero de solucionar el problema de fondo, nada. La ayuda tiene como fin clientelizar el voto por sobre la búsqueda de una solución de fondo. No sorprende: actuar sobre los hechos repartiendo dinero y no invirtiendo en prevenir los problemas se ve más, es más tangible y directo, rinde más políticamente y por eso está en un lugar destacado del manual de acción del kirchnerismo.

Ahora, ante el anuncio del gobierno de Javier Milei sobre el fin de la obra pública y la anulación de fondos fiduciarios y de los aportes discrecionales, los intendentes peronistas de la zona sur parecen reaccionar y se unen en la búsqueda de créditos internacionales para realizar las obras necesarias a fin de solucionar el recurrente problema de las inundaciones. Y reclamaron soluciones para el AMBA. Es curioso, ante cada circunstancia que desnuda los problemas de gestión municipal o provincial, los intendentes del PJ hablan de área metropolitana, incluyen a la ciudad de Buenos Aires. Lo hicieron muy visible durante la pandemia cuando, por ejemplo, dos de cada tres bonaerenses cruzaban la general paz a testearse en CABA ante la falta de lugares para hacerlo en sus barrios. Pero todo cambia para recibir subsidios discrecionales que nunca se utilizan para cumplir su destino. Allí se refrendan como barones del conurbano.

Hoy, lo que propone el gobierno nacional es correcto para la búsqueda del déficit cero y para transparentar los fondos que no cumplen su cometido, pero, si es como lo manifiesta el Presidente, se cortan las transferencias en lugar de auditarlas correctamente, se terminará abusando de la lógica de que todos los problemas de salud, educación, seguridad y de obra pública son de las provincias o municipios. Un discurso que nutre y es respaldado por su electorado pero que deja un sabor amargo: porque si Nación se desentiende del problema también será, de alguna manera, la peor solución.

De una vez por todas, la política, en su conjunto, los que gobiernan amparados por partidos tradicionales y los recién arribados que miran estos hechos desde un lugar ajeno, deben pensar en darle soluciones a la gente. Gobernar es hacerse responsable, no solo de lo que rinde o conviene, sino de todos los problemas que afectan a la sociedad. En tal sentido, sería recomendable que busquen en los archivos las crónicas del año 2012, cuando vecinos de Valentín Alsina denunciaban que no hacía falta que llueva mucho que allí, siempre se inunda, mientras exigían soluciones inmediatas. Doce años después, los mismos vecinos vieron flotar por las calles de su barrio el cuerpo de un hombre y fueron testigos de cómo se electrocutaaba un chico de 14 años. Son accidentes trágicos que provoca una situación que ya dejó de ser anómala como son las inundaciones.

Con el correr de los días las aguas van a bajar turbias como la responsabilidad de los gobernantes. Voltaire advirtió desde su sabiduría: “Es peligroso tener razón cuando los que gobiernan están equivocados”. Y en este tema no solo se equivocaron, sino que, hasta hora, casi todos hicieron todo mal.