Juan Manuel Ugarte: "El poder lo tienen la Bonaerense y los caudillos"

Con una precisión sugerente, en los dos meses que lleva de gestión como gobernador de Buenos Aires, el endémico problema de la inseguridad no para de marcarle la cancha a Daniel Scioli. Sin solución de continuidad, en Tres Arroyos se arman escuadrones civiles; en Junín -donde al igual que en San Pedro, los vecinos se movilizaron hartos del delito- degüellan a un hombre al día siguiente de la visita del ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, y en La Plata, el intendente Pablo Bruera le pone condimento político a la situación al denunciar que en su ciudad funciona "una zona liberada" para el delito.

Así, mientras la sociedad vuelve a estremecerse con el regreso de los robos violentos y las tomas de rehenes, y el gobierno bonaerense, cuya política de seguridad es todavía un enigma, atiende la emergencia, la controvertida Policía Bonaerense volvió también al centro de la escena.

Para José Manuel Ugarte, uno de los especialistas en temas de seguridad más consultados del país, corredactor de las leyes de Defensa y de Seguridad Interior, ex asesor de la bancada radical del Senado y hombre de consulta de todas las fuerzas desde 1983 hasta la fecha en temas de seguridad, es ineludible una reformulación de la emblemática fuerza policial de la provincia para evitar la continuidad de "feudos" político-policiales. Aunque, admite, nada de esto podrá hacerse sin una decisión política real que aleje a la institución policial de la política partidista, con la que se termina por alimentar, justamente, a los feudos.

-La seguridad en la provincia de Buenos Aires vuelve a ser un tema urticante, si es que alguna vez dejó de serlo desde la década del 90. Usted propuso en 2003 reunificar la Policía Bonaerense con una conducción y control político no partidista, ¿sigue pensando lo mismo?

-Sí, creo que hay que reunificar a la Policía Bonaerense, que desde mediados de los años 90 ha sido fraccionada en distintas partes, con la creación de policías departamentales, distritales y la llamada Buenos Aires 2, que en los hechos derivó en la creación de verdaderos feudos locales. Cada una de las Departamentales, constituidas como instancia fundamental, fue cooptada por los intendentes o los caudillos locales.

-De las declaraciones de Stornelli y del gobernador Daniel Scioli a partir de hechos como los de Junín y Tres Arroyos se puede inferir que hay un poder policial que no están pudiendo manejar... ¿Cuán lejos está esta policía de aquella "maldita policía"?

-Bueno, en algo se mejoró. La Policía Bonaerense ya no tiene esa característica monolítica que la transformaba en un factor de poder propio, como en la época de Pedro Klodzick. Yo diría que Arslanian destruyó a aquella maldita policía, pero no dejó nada a cambio. Hoy, lo que hay son distintos feudos, muchas veces competitivos entre sí. Por eso yo propongo una policía única, porque el control institucional tiene que estar en buenas manos, con gente profesional idónea.

-¿Por qué se fragmentó la Policía Bonaerense?

-Hay que hacer un poco de historia. Entre 1991 y 2002 prácticamente se triplicó el número de denuncias por delito en la provincia de Buenos Aires. La Policía Bonaerense tenía un grado muy significativo de corrupción. A los paradigmáticos rubros del juego y la prostitución, cuyo manejo históricamente se le atribuyeron a la policía, se sumaron la droga y la utilización política de la policía, según consta en diversas investigaciones. En este contexto, Carlos Arslanian inició su primera gestión en el Ministerio de Seguridad bonaerense, con el objetivo de combatir el delito, e inició una reforma para la que partió de una copia limitada de la estructura de seguridad inglesa, que descentralizó a la fuerza policial y creó foros comunitarios de control.

-El problema es que esos foros tuvieron un funcionamiento relativo.

-Sí, si bien éste fue uno de los aspectos más interesantes y positivos de esa reforma, el funcionamiento no fue igual en todos lados. En algunos lugares estos foros se constituyeron y anduvieron muy bien, por ejemplo el foro de Villa Martelli, pero en otros ni siquiera se constituyeron, y en eso primó mucho también el deseo o la vocación de la autoridad política local.

-¿Quién detenta hoy el poder real?

-Creo que hoy no hay un poder claro. En la práctica la mayor parte del poder lo detenta la Bonaerense, pero este no es un cuerpo único. Hoy dentro de la Policía Bonaerense hay grandes disputas internas, peleas entre sectores... el poder real en gran parte lo siguen teniendo ellos, pero ya no como institución monolítica. En la práctica, le diría que el poder está repartido entre la Policía Bonaerense y caudillos políticos locales.

-Los cambios de ministro, además, siempre implicaron un cambio diametral de política, ¿no?

-Y, cuando Arslanian terminó su primera gestión, a mediados de 1998, inmediatamente se intentó sustituir lo hecho por él por todo lo anterior, es decir volver a la vieja policía, lo que también es un error, porque Arslanian tuvo sus méritos. Trató de ejercer una conducción política firme, desideologizó y puso en marcha nuevamente la inteligecia policial; trató de establecer controles, aunque fueran inadecuados, creó los foros, aunque de forma parcial..., con esto quiero decir que yo creo que la solución a la problemática de la provincia no pasa por el antiArslanian . Es importante rescatar los aspectos positivos y cambiar los que no lo son.

-¿Qué evaluación hace usted?

-Da toda la impresión de que en esta nueva gestión se quiere reunificar la conducción de la Bonaerense. No hay señales políticas muy claras y pareciera haber mucho énfasis en el incremento del número de policías y de móviles. Esto no está mal, pero probablemente no sea imprescindible. Yo diría que hasta el momento no hay una dirección política clara, si bien es cierto que el ministro Carlos Stornelli asumió hace dos meses. Lo único que se ha hecho es cierta unificación de la conducción de la Bonaerense, pero no se ve una política más clara que el aumento de personal y la búsqueda de una solución al tema de los detenidos en comisaría, la policía en tareas administrativas de custodias, y otros viejos problemas. Esto estaría muy bien, pero con esto solo es intentar curar con aspirinas a un enfermo grave.

-¿Cuál es su idea?

-Yo en primer lugar unificaría a la Bonaerense, con ejecución desconcentrada a nivel de municipios y controles locales. Esto es una sola policía Bonaerense pero con ejecución desconcentrada que le dé al jefe de policía local las facultades para combinar con intendentes y otras comisarías la micropolítica de seguridad local. Revitalizaría los foros que durante la gestión Arslanian 1 funcionaron en muy pocos lugares y en la segunda gestión funcionaron en muchos lugares pero con una sensible politización. Es necesario rescatar la tarea de los foros volcada específicamente a la cuestión de la seguridad.

-¿Y la cuestión social?

-Desde luego. En la provincia, el delito tiene un trasfondo de marginalidad y exclusión muy importante. Por eso sería fundamental que en la provincia, y también en la Nación, se haga un trabajo coherente de prevención social del delito, sobre todo a nivel municipal, que es el estamento más cercano a los problemas sociales. Hay que sumar a los sectores públicos y privados para solucionar en coordinación con la Policía las causas que favorecen al delito. Ver qué se puede aportar en salud, educación y trabajo en los niveles distritales. Esto es algo sobre lo que hay muchos antecedentes internacionales con resultados positivos, en Francia, por ejemplo. Lo que hay que tener en claro es que la inseguridad es una mesa que tiene cuatro patas: policía, justicia, sistema penitenciario -sobre lo que hay que trabajar a fondo- y una cuarta pata que es la prevención, el trabajo sobre las causas del aumento de los delitos.

-¿Y en la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué cree que no se puede avanzar con el traspaso de la policía?

-Acá el problema es el tira y afloje político donde el único perjudicado es el habitante de la Ciudad de Buenos Aires. No puede continuar esta situación en la cual los elementos de la Policía Federal prestados a la seguridad pública en la Ciudad dependen del Ministerio de Justicia y el gobierno político de la Ciudad no tiene ninguna facultad concreta sobre la policía. Con estas condiciones de divorcio entre la autoridad política no existe ninguna política de seguridad pública posible.

-¿Entonces?

-Aquí hay una posición casi cerril. El Gobierno Nacional tiene su punto de razón en el sentido de que no hay motivo para que una cuasi provincia rica como la Ciudad de Buenos Aires no tenga que pagar su propia policía, como hacen todo el resto de las provincias. Por otro lado, hay cierta razón por parte del gobierno porteño en el sentido de que la constitución prevé que la transferencia de servicios es con el presupuesto correspondiente. En el fondo, lo cierto es que desde 1995 -cuando, ¡oh casualidad!, comenzó un crecimiento exponencial del delito en la Ciudad- hasta el momento, ni el gobierno de la Ciudad ha mostrado un real interés en hacerse cargo de la policía, ni el gobierno nacional un real interés en transferirla. Ocurre que el gobierno nacional es una fuente de poder en la ciudad de Buenos aires y el Gobierno de la Ciudad sabe perfectamente que la Policía Federal, que es una institución que está entre las mejores de América latina, tiene una conducción más que firme y no le sería sencillo manejarla. Entonces, ninguno tiene un apuro extraordinario por actuar.

El perfil

Experto

José Manuel Ugarte tiene 60 años y se recibió de abogado en la UBA en 1972. Fue corredactor de las leyes de Defensa y Seguridad Interior y miembro de las comisiones redactoras de las leyes de Inteligencia y de reestructuración de las Fuerzas Armadas.

Viajes y docencia

Divorciado y sin hijos, sus pasiones son la literatura y la música. Aparte de su función docente en la UBA, viaja permanentemente para participar en foros sobre seguridad y terrorismo.

Por Por Daniel Casas

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