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Jueces como fichas
Para cualquier persona que interactúe con la Justicia, una mala ley de subrogancias no es algo que sorprenda. Las distintas leyes sobre la materia han sido siempre contrarias a la Constitución, lo que obligó a la Corte Suprema a establecer ciertos estándares en el caso Rosza del año 2007, que, sin embargo, no se vieron reflejados en la norma que se dictó en 2008 ni tampoco en la ley 27.145, sancionada el mes pasado.
La falta de adecuación al texto constitucional genera una precariedad que favorece los abusos de un gobierno inclinado a manipular la integración de los tribunales. Así ha ocurrido, por ejemplo, con el caso del juez Cabral, antes arbitrariamente designado y ahora arbitrariamente removido, según la conveniencia de cada momento.
Los jueces subrogantes son aquellos que ocupan temporalmente el cargo de juez en razón de licencia, suspensión, vacancia, recusación, excusación o cualquier otro impedimento, o cuando exista un nuevo cargo judicial cuya titularidad aún no haya sido asignada a través del procedimiento constitucional para su cobertura definitiva.
Ocupar el cargo temporalmente no es en sí mismo contradictorio con el respeto de las garantías judiciales. No obstante, es preciso que se asegure un procedimiento adecuado de nombramiento y cierta inamovilidad en su cargo. ¿Por qué? Porque de no ser así se corren serios riesgos de que se remuevan y designen jueces provisorios para influir en la decisión de los casos o que estos jueces no actúen de acuerdo con la ley si el caso afectara a quienes pueden llegar a decidir su futuro laboral.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varios casos contra Venezuela, y nuestra Corte Suprema ya se pronunciaron en este sentido. Sin embargo, nada de esto se tuvo en cuenta cuando hace un mes se aprobó la nueva ley de subrogancias, que el Consejo de la Magistratura rápidamente y sin que le temblara el pulso estrenó, y que ahora la Cámara Federal acaba de declarar inconstitucional.
Esta nueva ley se inscribe dentro de los sistemáticos embates del Gobierno contra el Poder Judicial. Desdibuja el sistema previsto en la norma constitucional y abre la ventana para que el Consejo de la Magistratura -con mayoría oficialista ajustada- designe jueces a dedo sin acuerdo del Senado.
Con esta nueva iniciativa oficialista, es indistinto que los suplentes sean jueces de igual competencia, abogados de la matrícula o secretarios de los juzgados. Teniendo en cuenta el tiempo y el esfuerzo que le supone al Estado llevar a cabo un concurso, esta herramienta que debería ser excepcional, así planteada, genera los incentivos para convertirse en regla.
La norma aprobada faculta a la mayoría oficialista en el Consejo de la Magistratura para que elabore una lista de abogados y secretarios judiciales que le permitirá designar jueces de acuerdo con el humor político del momento, ya que las pautas para tal confección son absolutamente laxas y permiten eludir los concursos e ignorar incluso la performance de los candidatos en concursos anteriores. Es previsible que esas listas terminen armándose exclusivamente sobre la base de afinidades políticas, como ha hecho el Poder Ejecutivo últimamente.
Estas amigables listas perdurarían sin modificaciones durante seis años, evidenciando la voluntad de blindaje judicial a través de este sistema paralelo que pretende sortear la posibilidad de acción de un nuevo presidente y que cuenta con la circunstancia de que aun cuando ocurra un cambio de signo político, nadie tendría la mayoría necesaria en el Consejo de la Magistratura para designar jueces definitivos.
Por otro lado, durante al menos 180 días, el Consejo puede incluso nombrar jueces que carezcan de acuerdo del Senado.
Paradójicamente, a pesar de los innumerables beneficios que la nueva ley le otorga al oficialismo, la Presidenta se apresuró el viernes 3 de julio a aprobar 57 conjueces para juzgados clave de todo el país sobre la base de la anterior ley de subrogancias, pese a que ésta había sido derogada desde el 18 de junio, para no volver atrás con las listas de conjueces afines que ya tenía armadas. El avance sobre la Justicia es tan veloz que sus ideólogos no hacen a tiempo para poner en orden sus papeles.
Diputado Nacional y candidato a diputado por el frente Progresista
Por Manuel Garrido
