Jueces o políticos

A existencia de distintos poderes dentro del Estado, actuando a su vez como contrapeso unos de otros, tiene su origen en la Edad Moderna y se ha afianzado globalmente en el último siglo. La idea de república lleva ínsita la presencia de tres poderes, que deben actuar con independencia uno del otro para cumplir los fines establecidos en las naciones que eligieron tal forma de gobierno.

Esa independencia fue concebida con límites de funcionalidad, no permitiéndose un exceso o abuso de las facultades propias de cada uno de ellos para que de esta manera puedan cumplir con la naturaleza constitucional de sus cometidos.

Los jueces, al discernir lo que corresponde a cada uno, conforme reza la antigua definición, deberán, indispensablemente, actuar con independencia de la voluntad de los otros poderes y con imparcialidad respecto de quienes se encuentran sometidos a su jurisdicción para un caso determinado. Independencia e imparcialidad son, entonces, la esencia de la judicatura; sin estos calificativos no existen jueces. Por ello ha sido preocupación constante en la evolución sociocultural de los países occidentales establecer un poder judicial integrado por hombres que ejerzan la excelsa función de la magistratura al margen de las posiciones políticas que, por el contrario, son indispensables para la existencia de los otros poderes.

Los partidos políticos deben ser el canal de expresión ciudadano y tienen la culminación de ella en el acto eleccionario del presidente de la Nación y del cuerpo legislativo. Por el contrario, se ha sostenido siempre -y lo ha demostrado la historia- que cuando la política entra en un tribunal por la puerta, la justicia sale rápidamente por la ventana.

Cuando se designan diversos jueces, no puede pretenderse que éstos no tengan pensamientos políticos, pues sería lo mismo que carecer de las aptitudes necesarias para ser auténticos ciudadanos. Por ello, en la elección de los magistrados se requiere, en quienes intervienen, actos de grandeza y patriotismo excepcionales.

Podrá elegirse a quienes han militado en política, pero éstos deberán tener el temple para marcar su independencia de las corrientes de pensamiento, elevarse sobre ellas y así coadyuvar a gobernar para todos, cualesquiera que sean los partidos en los que hayan militado o tengan afinidad ideológica. Importan, pues, sustancialmente, tanto más que el acabado conocimiento de la ley, sus calidades morales.

Mitre pudo bajo esta premisa convocar a políticos para integrar la primera Corte Suprema de la Nación. Lo hizo en la persona de sus adversarios, absolutamente convencido de que esos hombres elegidos por el presidente y el Senado alzarían su mirada por encima de las discrepancias partidarias que podrían haberlos enfrentado con quienes los nombraban, para cumplir así con la función de independencia de los otros poderes y ser imparciales al tiempo de decidir.

Los jueces, entonces, deben reunir conocimientos, templanza, claridad de pensamiento, aguda perspicacia y honestidad reconocida, además de ser asépticos a las corrientes políticas, incluso, por cierto, a las que puedan haber pertenecido.

Cuando se restableció la República, rápidamente se dictaron los ordenamientos legales que específicamente trataban de preservar a los jueces de las influencias del medio, prohibiéndoles su participación política, a la par que todo acto que implicara un desdoro para su augusta misión. Se quiso, así, lograr que la Justicia y la política partidista caminaran por sendas absolutamente distintas. El cauce de la política no debió jamás desviarse hacia el Poder Judicial. Al mismo tiempo, la Argentina adhirió a varios tratados internacionales que consagran el derecho de todo individuo de poder contar con una justicia independiente e imparcial.

Por todo ello no puede admitirse en silencio la permanencia de magistrados federales, como es el caso actual del doctor Adolfo Bagnasco, que recientemente, con olvido de estos deberes esenciales, ha hecho saber públicamente su adhesión a cierto partido político, anunciando su futura incorporación a la actividad proselitista.

La sorpresa y la indignación llegan a su máxima expresión cuando este juez, al mismo tiempo que realiza tal anuncio, continúa en el ejercicio formal de una magistratura que ya no debería ocupar a raíz de la propia desnaturalización que efectúa de sus calidades. Llama también la atención que este juez esté al frente de una causa en la que investiga por cohecho a un senador nacional del mismo partido político al que el magistrado ha anunciado su ingreso, con firmes perspectivas de ser candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires.

La ciudadanía reclama y espera las decisiones de quienes tienen la obligación de preservar la existencia de la magistratura evitando que su posición partidista produzca un menoscabo mayor en dos rasgos que deben caracterizar a nuestra justicia: la independencia y la imparcialidad.

Conforme a