Juez o director, ¿quién manda en la escuela?

¿Hay motivo, realmente, para sostener que con cada medida cautelar y cada amparo que un juez concede a un alumno que cuestiona la decisión de un director de escuela a la hora de aplicar un reglamento llega el acabose de la autoridad y legitimidad de la institución escolar? En principio, prefiero dudar del alcance de esa afirmación.

Es cierto: a priori, la realidad parece darle la razón al pánico educativo que se dispara cada vez que el poder del juez talla entre el alumnado y los reglamentos, y su palabra se termina por imponer sobre la palabra del director.

Lo vimos la semana pasada en Chubut, cuando una medida cautelar concedida por un juez permitió que una alumna pasara de año con tres materias aunque el reglamento escolar sólo admite dos. Y también en noviembre del año pasado: 25 alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires recibieron veinte amonestaciones luego de las recordadas tomas, quedaron libres y obligados a dar todas las materias entre diciembre y marzo. Tres de ellos apelaron la decisión del colegio ante la Justicia. Hubo fallo a favor de dos.

Sin embargo, los hechos a veces nos marean con su excepcionalidad. En un sistema educativo nacional de cerca de 11millones de alumnos, los casos en que la decisión de los directores se apelan ante la Justicia son minoría, casos únicos prácticamente. La alarma generalizada a la que tiende nuestro ADN patrio, que en este punto ve en cada aplicación del reglamento el riesgo de un caso de amparo, no parece justificable.

Pero la preocupación de algunos directores y educadores pasa más por otro lado: no tanto por la cantidad de casos, que todavía es poca, sino por el salto incremental en la cantidad.

El Nacional Buenos Aires es un buen ejemplo. En 2012, de los 53 chicos que quedaron libres luego de haber recibido 24 amonestaciones por haber realizado la vuelta olímpica, prohibida desde 1999, ninguno presentó un amparo ante la Justicia. Las tomas del año pasado, en cambio, trajeron una gran novedad: de los 25 sancionados, dos presentaron amparos y uno, una medida cautelar. Es decir, el 12% recurrió a un juez. "Es la primera vez que los padres judicializan una sanción interna con un amparo", me dice el rector del Buenos Aires, Gustavo Zorzoli.

A no anticiparse. No se trata de reducir el tema a nuestra mentada renuencia a la disciplina y la autoridad, incluida la escolar, o a la supuesta tendencia al "amparo fácil" de algunos de nuestros jueces: el fenómeno no es sólo local. La judicialización de la vida escolar sucede en la Argentina, un territorio en donde hasta lo imposible es posible y la indisciplina social es norma, pero también se da en sistemas educativos más sólidos y comunidades mejor cohesionadas.

Chile, ese capitalismo ordenado que desde el preconcepto local se ve como de derecha y obediente, enfrenta idénticos desafíos para la autoridad escolar. El sistema legal chileno cuenta con el "recurso de protección y garantía constitucional del debido proceso": es la medida cautelar "constantemente" invocada por los alumnos chilenos –según un trabajo de 2009 del jurista Arturo Matte Izquierdo- para impugnar sanciones escolares. Y los jueces chilenos, según Matte Izquierdo, "en forma mayoritaria" vienen dando "amplio reconocimiento" a esa garantía en temas de disciplina escolar.

Sin embargo, insisto: el problema no es que la Justicia le quite autoridad a la escuela. El problema es otro, es previo a la judicialización escolar y tiene más de 30 años: la escuela ya no tiene autoridad y legitimidad, o mejor dicho, las viene perdiendo a pasos agigantados. La judicialización de la vida escolar no es la causa del opacamiento de la autoridad de la institución escolar sino apenas la punta del iceberg de un fenómeno de largo alcance: el pacto entre la escuela y la familia, y su ruptura. Y esto sucede con o sin amparo judicial.

Los pedagogos conocen bien el fenómeno. El "dispositivo de alianza escuela-familia" -tal como lo conceptualizó hace 20 años el especialista en educación Mariano Narodowski- está en crisis. La escuela hoy ya no tiene el monopolio de la autoridad ni del saber ni del poder formativo reconocido por las familias desde el nacimiento del sistema educativo. Desde hace décadas, compite con la televisión o Internet, por ejemplo, que le disputan influencia. En general, la derrotan.

Es un hecho: la alianza escuela-familia es una ficción necesaria. Y está en retirada. En ese escenario, el ejercicio de la autoridad escolar está en problemas. Porque la escuela es un territorio paradójico. Chicos de 16 años que votan y chicos de 18, dueños de todos los derechos que da la mayoría de edad, menores cuyos derechos están cada vez más reconocidos y protegidos, permanecen en un espacio bajo una autoridad, el director, con un poder inusitado: el de confinarlos contra su voluntad dentro de las paredes de la escuela, por ejemplo, o el de considerarlos culpables y sancionarlos sin juicio previo. Una vez astillada la ficción que naturaliza la autoridad de la institución escolar, es un desafío sostenerla.

Y la intervención judicial no hace más que ponerlo en evidencia. De 4 amparos de alumnos en los últimos 6 meses, la Justicia falló a favor de tres, una cifra inquietante si sos director de escuela. Ante este escenario, la invocación nostálgica, o alarmada, por la recuperación de la fe en la autoridad escolar ya no alcanza. El mundo ha cambiado. La escuela es un dispositivo tecnológico diseñado para enseñar y aprender y, como toda tecnología, envejece. Los pactos que la sostenían no son suficientes. La escuela hoy no es obedecida ciegamente. Es discutida.

Por eso, más vale que los reglamentos escolares se perfeccionen y contemplen el nuevo clima social. No digo que haya que satisfacer los caprichos de padres y alumnos díscolos. Al contrario: que los directores de escuela impartan autoridad pero a partir de reglamentos escolares de mayor calidad institucional y pedagógica, mejor informados, más ágiles y rápidos. Más justos en definitiva.

Porque los reglamentos escolares, y el modo en que se aplican, están lejos de tener todo resuelto. En el caso de Chile, por ejemplo, de 189 reglamentos escolares, "sólo prácticamente la mitad se ajustan al orden legal vigente, en tanto la otra mitad no lo hace". Así surge de un trabajo de 2008, a cargo de la investigadora Lidia Casas, y patrocinado por UNICEF. En el caso chileno, los reglamentos fallan sobre todo en relación al "debido proceso" en la aplicación de la disciplina, clave para garantizar los derechos de los alumnos.

La cuestión es, por ejemplo, qué opciones tiene un alumno que cree injusto una sanción antes de dar el salto de garrocha, traspasar el muro de la escuela y llegar al despacho del juez. ¿Tiene efectivamente alguna opción dentro de la escuela? Y si la tiene, ¿esa opción da respuesta en tiempo y forma, cuando el reloj de los exámenes promocionales y el inicio de clases presiona en el conflicto entre derechos individuales y reglamentos escolares generales?

En el Buenos Aires, por ejemplo, los alumnos cuentan con un proceso revisión de las sanciones, con Consejo de Convivencia incluido, donde los chicos tienen tres representantes. Se reúne en el plazo de 24 y 72 horas y puede sugerir la reducción de la sanción, por ejemplo. El rector debe ratificar la revisión.

Lo llamativo es que ninguno de los 20 alumnos sancionados por la toma recurrió a ese proceso. Tampoco los tres estudiantes que apelaron ante la Justicia: al contrario, saltaron directo al amparo judicial.

Y en última instancia, las familias también pueden apelar ante el Consejo Superior de la UBA. Pero hay que decirlo: los plazos no siempre están a favor de esta opción. El Consejo se reúne dos veces al mes y las apelaciones de la sanciones, cuando corren los tiempos de exámenes por ejemplo, pueden llegar muy tarde.

Por eso se necesitan reglamentaciones escolares inteligentes y razonables en tiempos y formas, por un lado. Por el otro, alumnos informados del reglamento y de las oportunidades que ofrece para proteger sus diferencias con la autoridad.

La información es un dispositivo maravilloso: muchas veces resuelve los conflictos antes de que se produzcan. Y cuando se producen, contar con información puede prevenir su escalada, el amparo y la medida cautelar, por ejemplo.

Porque el problema no es tanto que la escuela siga perdiendo autoridad por la intromisión de la Justicia: eso sigue sucediendo con o sin intervención judicial. Hay un riesgo de nuevo cúneo, en cambio: que el reglamento escolar, que fue pensado para todos, pierda la batalla ante las minorías mejor surtidas económicamente y dueñas de mayor "capital jurídico", que cuentan con recursos de todo tipo para surfear el sistema legal.

La alarma suena en ese sentido: los últimos episodios de judicialización de la autoridad escolar no se dieron en escuelas públicas anónimas de poblaciones vulnerables, con alumnado sin recursos económicos y legales como para imaginar un amparo, sino en una escuela privada prestigiosa, en el caso de Chubut, y una escuela de elite dependiente de la Universidad de Buenos Aires, en el caso del Nacional Buenos Aires.

Y hay que decirlo: no es menor el hecho de que haya sido la joven hija de un jurista -el abogado kirchnerista Hernán Ordiales, que era por entonces y hasta febrero último el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura- una de las dos beneficiadas con la medida cautelar. La militancia la encontró a su hija en la toma, hombro con hombro junto a sus 24 compañeros, también sancionados. Pero en diciembre, mientras 23 de sus compañeros de lucha quedaron libres y debieron dar los exámenes de todas las materias, once, para pasar de año, la joven promocionó como si nada hubiera sucedido. Todo gracias a la medida cautelar pergeñada por su padre jurista.

Por eso, el "atajo" judicial no parece ser el más racional. Tiene costos enormes: cuesta dinero a los particulares, demanda recursos de todo tipo al Estado, profundiza la herida que perfora desde hace décadas la alianza entre escuela y familia y, lo más novedoso, es el empujón inicial para una nueva generación de inequidades escolares.

Por Luciana Vázquez

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