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Juicios rápidos para recuperar el dinero de la corrupción
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LA NACION
Las investigaciones de los pagos de coimas mencionados en los cuadernos del chofer de Roberto Baratta revivieron el tema, cada vez más apremiante, de la recuperación del dinero y los bienes originados en los hechos de corrupción .
Es que los datos aportados a la Justicia y luego confirmados por varios imputados en esa causa permitieron estimar los costos de la corrupción. Por ejemplo, dos investigadores del Conicet calcularon que si las coimas de las obras públicas ascendieron al 20% del valor presupuestado, en una década los funcionarios corruptos habrían recaudado exclusivamente por esa clase de obras alrededor de 36.000 millones de dólares.
A su vez, los embargos trabados por la Justicia en ese expediente ascienden, según cálculos del Gobierno, a 7000 millones de dólares.
Pero mientras tanto, la aprobación de la decisiva ley sobre la extinción de dominio para que pasen al Estado los fondos de la corrupción se demora. Actualmente, el tema se encuentra en Diputados, la cámara de origen.
El proyecto del Senado sostiene que el dinero y los bienes mal habidos solo pueden pasar al Estado cuando en la causa judicial exista una sentencia firme, es decir, confirmada por una cámara. Se ha observado con razón que, al margen de las cuestiones legales, esa solución equivale a postergar casi indefinidamente la recuperación de los activos generados por los negociados, porque lamentablemente en los últimos 20 años solo el 8% de las causas por corrupción instruidas en los tribunales argentinos llegaron a juicio oral, y muchas menos son las que arribaron a una sentencia firme. El tiempo en que esos casos se sustancian supera largamente los diez años.
El caso señero es el del expresidente y actual senador por La Rioja Carlos Menem, con condena por el contrabando de armas del Ejército a Croacia y Ecuador, sentencia sobre la cual la Cámara de Casación inexplicablemente demora en expedirse.
Ante este panorama descorazonador, el fiscal federal Federico Delgado propuso una solución bien práctica: "Hacer juicios cortos para recuperar el dinero de la corrupción". De esta manera, arribar a una sentencia firme no será solo un deseo de la sociedad como en la actualidad.
En efecto, ¿por qué no puede concebirse en la Argentina una Justicia eficaz y rápida contra la corrupción, como en tantos países? En Brasil, sin ir más lejos, en menos de cuatro años el caso Lava Jato cuenta ya con más de 280 personas acusadas, de las cuales más de 120 ya fueron condenadas a un total de más de 1900 años de cárcel, al tiempo que se recuperaron más de 3000 millones de dólares en concepto de resarcimiento de parte de las empresas que decidieron colaborar con la Justicia. Y hay condenas firmes. Entre ellas, la de Lula, que le impide ser candidato en las próximas elecciones.
La demora que en la Argentina se verifica en la etapa de instrucción de tantos casos relevantes invierte el orden y parece convertir esa etapa, que es solo la inicial, en el juicio en sí. Buena parte de la responsabilidad es de los magistrados, que admiten y dan curso a todo tipo de planteos de las defensas que paralizan los expedientes y de esa manera a veces logran su objetivo de que la causa prescriba.
La etapa de instrucción debe ser breve para proceder cuanto antes al juicio oral. A su término, la sentencia reconstruye la verdad de lo ocurrido y sanciona a los culpables o sobresee a los inocentes. Pero también corresponde la recuperación del dinero producto del delito, que, en los casos de corrupción, por lo general, pertenece a la sociedad.
Durante el kirchnerismo, las coimas de las obras públicas no las pagaban los empresarios de sus bolsillos, pues las cargaban al costo de las obras mediante los sobreprecios. Es decir, pagaba el Estado. Por eso corresponde que el Estado recupere prontamente los fondos que ilegalmente le sustrajeron.
