Kirchnerismo y juicio político, una historia recurrente

El kirchnerismo con su lista de conflictos con el Poder Judicial -de forma activa o pasiva- viene recurriendo al Juicio Político como herramienta para someter la justicia a sus objetivos y a sus sueños de impunidad. Los Kirchner conocen como pocos la importancia del Poder Judicial en el juego político. Desde la destitución del procurador de Santa Cruz Eduardo Sosa, hasta el presente intento de enjuiciar a la Corte Suprema en su conjunto.

Como presidente Néstor Kirchner impulsó el juicio político contra la Corte Suprema que había conformado Carlos Menem. En aquel procedimiento fue destituido Eduardo Moliné O’Connor en el año 2003 y, dos años más tarde, el Senado destituyó a Antonio Boggiano, ambos protagonistas de la llamada “mayoría automática”. Era -sin dudas- otro momento histórico con circunstancias políticas y sociales muy distintas. En diciembre de 2014 el senador Aníbal Fernández solicitó la apertura de un proceso de investigación sobre el juez de la Corte Carlos Fayt en pos de evaluar su “capacidad psicofísica”. Fayt tenía 97 años y molestaba al kirchnerismo con sus fallos y sus filosas reflexiones.

Durante sus mandatos Cristina Kirchner recibió siete pedidos de juicio político y Mauricio Macri, dos. Quién batió todos los récords fue el exvicepresidente Amado Boudou, con un total de 25 pedidos por la causa Ciccone. Curiosamente, el kirchnerismo -con mayoría en la comisión de Juicio Político de aquel entonces- rechazó “in limine” todos los planteos para juzgarlo en el Congreso sin siquiera debatir el fondo de la cuestión.

El Juicio Político está contemplado en los artículos 53, 59, 60 y 110 de la Constitución Nacional. El juicio a los funcionarios y magistrados sometidos a ese control (Presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete de ministros, ministros y miembros de la Corte Suprema) por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones taxativamente mencionados en la manda constitucional, es de carácter político, con propósitos políticos, promovido por culpas políticas, cuya consideración incumbe a un cuerpo político y con efectos políticos.

El fin último debería apuntar a resguardar una sana e independiente administración de Justicia pero nada de esto está ocurriendo en el actual proceso que - como un show macabro- está sosteniendo el oficialismo contra los jueces de la Corte. Llaman a testigos que no saben el motivo por el cual fueron convocados, pretenden solicitar escuchas e información personal de las relaciones sociales -tanto de los magistrados como de familiares y allegados- yendo en contra de todas las garantías constitucionales llevando adelante una verdadera caza de brujas. En resumen, quieren convertir a la Comisión de Juicio Político y al Congreso en un órgano de inteligencia ilegal y en una especie de tribunal paralelo de la Inquisición.

Todo esto, además de los tremendos errores de concepto: un proceso “sano” debería estar dirigido a atender juicios de tipo individual. El mal desempeño no puede entonces ser configurado como cuerpo constitucional por la Corte Suprema, sino por algunos de sus miembros, y es aquí donde este nuevo intento de avasallar al Poder Judicial tiene su parte más débil. Impulsar un juicio político a toda la Corte, implica sostener la tesis de que todo el cuerpo incurrió, en el ejercicio de sus facultades en la causal de mal desempeño, lo que a todas luces parece más una injerencia directa del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo sobre el Judicial que implica un avasallamiento del sistema republicano. Nuevamente, como en toda la historia del kirchnerismo se considera al Poder Judicial un poder que molesta, persigue y le pone límites a su accionar, algo intolerable para quienes pretenden la suma del poder público.

* La autora es diputada nacional (Juntos por el Cambio). Integrante de la Comisión de Juicio Político