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La actividad minera, un actor central del desarrollo
Decía Alberdi que un buen hábito político vale más que cien constituciones bien escritas. La Argentina, sin embargo, viene de tanto tiempo en estado de excepción, de desprecio a la ley, de anomia, que para llegar a ese punto de cambio espontáneo se debe pasar por uno precedente de cambio estratégico. Luego de años de atavismos ideológicos, existe hoy un consenso respecto del potencial del desarrollo del país de la mano de los recursos naturales. La actividad minera es un actor central en ese espectro. Pasar al acto exige pensar en una cosmovisión normativa desde un triple plano.
En el corto plazo, atraer la inversión, porque no somos el único destino y la competencia es intensa en un marco geopolítico desafiante. En el mediano plazo, la explotación responsable de los recursos naturales, desde una mirada integradora respecto de derechos que no son incompatibles: el respeto al medio ambiente y a las comunidades. En el largo plazo, aplicando una mirada intergeneracional.
Empecemos por el principio: la justicia, y en particular la Corte Suprema. Hay dos lugares vacantes desde hace demasiado tiempo. Y no debieran ser para cualquiera. Probidad, pero además férrea intención de cambiar una incomprensión arraigada: la justicia es un servicio para la sociedad, no un privilegio. Y el ejemplo se origina en la cima. Saber quién resuelve una disputa es el primer paso para cualquier inversión. Si la justicia anda mal, aunque todo ande bien, todo va a andar mal. Y no se corrige convirtiendo a la institución en un botín de reparto con una ampliación.
Lo segundo es modificar la Ley de Glaciares que ha creado una inseguridad jurídica mayúscula a las minas (de cobre especialmente) que están en las altas cumbres de la cordillera: la norma define nebulosamente ambiente periglaciar, y deja sujeta una explotación de 40 años o más, a una prohibición arbitraria por la autoridad de turno. Hay que corregir esa definición, objetivarla, sobre la base del impacto que tiene en la cuenca acuífera. Así se armoniza la explotación de los recursos naturales con el cuidado del agua y el ambiente. Y debe ser una ley, no basta con una norma de rango inferior ni delegar el problema a las provincias.
En el nivel provincial son muchos los asuntos pendientes. La razón es que el régimen de control es de otro tiempo, para otra minería. Eso provoca autorizaciones que se ralentizan mucho más de la cuenta en las autoridades de supervisión; es el caso de los permisos ambientales. Contratos que debieran servir para hacer circular la riqueza terminan inmovilizados en juzgados de minas que no registran las cesiones y los usufructos, con demoras inexplicables. Lo mismo con permisos de exploración y planes de inversión. Que se entienda: no es favorecer la explotación a costa del ambiente o las comunidades; es armonizar los derechos con un sistema más eficaz.
Debemos mirar más allá de nuestras narices. Los recursos mineros son no renovables; pueden ser muchos, pero son finitos. Sus regalías no deben terminar en el aquí y ahora. Toca considerar la creación de fondos soberanos provinciales con asignaciones específicas en bienes públicos de calidad: educación e infraestructura, administrados por un consejo de inversión estable (Noruega es el mejor ejemplo). Es lo mejor que puede quedar para las generaciones que siguen.
No es cuesitón de emitir o derogar cientos de normas. Las bases para una Argentina estable, con buenos hábitos políticos, son cambios normativos estratégicos que terminen de abrir las puertas para que todo ocurra. Lo bueno, a fin de cuentas, es que depende de todos mirando hacia delante, dejando atrás las posiciones hegemónicas.
Tipo de trabajo:
opinión
