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La agenda social argentina
Aldo Neri Para LA NACION
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La política social no es la acción del Estado sobre los pobres. Ningún Estado puede hacer nada respecto de ellos si no hace algo respecto de los que no lo son. La sociedad es un complejísimo sistema de vasos comunicantes. Y la política social resulta ser el producto de la orientación tomada en materia políticoinstitucional (hablamos, entonces, del poder) y económica (hablamos de producción y reparto de beneficios), y del desempeño de los servicios sociales directos: educación, salud y las prestaciones económicas de la seguridad social. Como ya señaló J. J. Rousseau, todo ello define el perfil del contrato social implícito que nos une como sociedad, que suele diferir del declamado en los festejos patrios.
Hay quienes percibieron que en este país el crecimiento y el empleo no alcanzan para resolver enteramente el problema de la pobreza, y para nada el de la tremenda desigualdad. Ellos aspiran a modificar ambas calamidades. Para ellos se propone un temario de asuntos prioritarios por encarar:
Comencemos por que si bien es bueno que ricos y pobres, todos, paguen impuestos, la relación de estas cargas con las posibilidades de cada quien constituye un eje central de política redistributiva y sostiene, o no, la congruencia de otras políticas e instrumentos. La progresividad en ganancias, bienes y rentas financieras se balancea con impuestos más igualitarios al consumo de bienes y servicios, pero con una carga menor sobre consumos populares y bastante mayor sobre los suntuarios y sobre las agresiones ambientales. Como es infinitamente más sencillo escribirlo que hacerlo, estamos hablando de un camino paulatino, en el que es relevante evitar retrocesos y contradicciones.
El sistema federal argentino alcanzó el tope en desarrollar vicios y desaprovechar virtudes. Discutir coparticipación de impuestos sin convenir responsabilidades y funciones de las jurisdicciones y su articulación es una puja distributiva más, en la que gana el mayor poder coyuntural y nunca la sociedad. Lo perverso ha sido fluctuar entre la descentralización como desentendimiento y anarquía y una centralización autoritaria y paralizante. Esta Argentina tan asimétrica exige un pacto federal que instrumente los objetivos escritos en la Constitución, entre los que anidan los sociales.
No menor es el lugar que en esa agenda ocupan las prioridades en la inversión pública, que así como deben atender al apoyo a la producción nacional, impulsando además su desconcentración, también entiendan el efecto redistributivo de las elecciones en transporte y comunicaciones, energía, ambiente, y servicios básicos de infraestructura urbana, frente a la postergación de otros más suntuarios. Una buena política de gobierno implica elección y descarte permanente.
En nuestro medio tiene también mucha gravitación la estructura distorsionada de los subsidios del Estado, de tendencia regresiva en su beneficio de sectores medios y altos en detrimento de los bajos. No es lo mismo apoyar una línea aérea quebrada, o empresas irrecuperables, que a pymes innovadoras o a tarifas diferenciadas para sectores empobrecidos, llevando al resto a niveles económicamente razonables.
Y en lo que hace a los servicios sociales directos, educación, salud y prestaciones económicas de la seguridad social, la inspiración de la agenda orienta hacia una universalidad de acceso y equidad en la cobertura. Y esto quiere decir seguro integral de salud y educación de igual calidad para todos, independientemente de que las prestaciones sean del sector estatal o privado, porque son siempre públicas. Así como en lo que hace a la seguridad social, hablamos de un piso de ingreso básico e igualitario para todos los niños y mayores, con independencia de condiciones laborales, fundado en un derecho de ciudadanía, así como una cobertura integral de la desocupación con ingreso, capacitación y búsqueda de oportunidades de trabajo.
La expansión de la informalidad exige un régimen regulatorio laboral facilitador del blanqueo y del desarrollo de la pyme, Y es en el marco de una política de justicia distributiva así donde adquiere pleno sentido la discusión de salario y condiciones laborales, que entre nosotros es un privilegio de los incluidos en la economía en blanco, hoy minoría frente al creciente mundo de la informalidad.
La agenda sigue, pero esto aparece como el meollo de una política social. Usted quizá sonría y diga que estamos muy lejos de ese escenario. Tiene razón, y agregue que nos alejamos cada vez más. Y sabe lo peor, casi no nos acordamos ni creemos que la tendencia pueda cambiarse. Pero es útil recordar que la resignación de un pueblo es lo único que garantiza su decadencia. Por eso vale la pena discutirlo.
