La Argentina, país unitario

La ola de protestas y movilizaciones de carácter social que se está extendiendo por el país ha puesto de manifiesto, entre otras cosas, la debilidad del sistema federal argentino, consagrado en la teoría constitucional, pero desmentido obstinadamente en el plano de los hechos.

La frecuencia con que el gobierno nacional se ve obligado a aclarar o a refutar imputaciones en relación con los conflictos planteados en jurisdicción de las provincias revela que el país sigue teniendo, en más de un sentido, una conformación política unitaria, en contradicción con los principios de la Constitución y con el rumbo fijado por el proceso histórico que condujo a su sanción, a mitad del siglo XIX.

Si la estructura delEstado fuera la que marca la Constitución, muchos de esos conflictos deberían nacer y morir en el ámbito provincial. Si el malestar político trasciende sistemáticamente al plano nacional es porque algo sigue funcionando mal en la República. La creciente nacionalización política de las protestas indica que el principio federal se ha vuelto, en muchos aspectos, una mera fórmula retórica.

Las comunidades provinciales tienen la convicción de que sus dificultades y padecimientos derivan de decisiones adoptadas en el ámbito nacional (lo cual no es rigurosamente cierto en todos los casos), y por lo tanto esperan que las soluciones vengan, también, de la más alta conducción de la República.

El hecho de que la Gendarmería nacional haya sido llamada, en muchos casos, a restablecer el orden quebrantado por manifestantes o piqueteros acentúa la sensación generalizada de que la destinataria de los reclamos sociales es siempre la administración nacional.

Esta desvirtuación del federalismo no es atribuible, obviamente, a un determinado gobierno: es el resultado de la incapacidad de sucesivas gestiones gubernamentales para establecer el equilibrio correcto entre el poder central y los poderes locales, tanto en lo político como en la gestión de los asuntos económico-sociales.

El permanente avasallamiento, directo o indirecto, de las autonomías provinciales -al que contribuyeron, por cierto, los regímenes de facto, con su naturaleza centralista, pero que no cesó con el advenimiento de la democracia- trajo como consecuencia una marcada reversión del proceso histórico federal.

Asimismo, las tendencias prevalecientes en el seno de los partidos políticos mayoritarios promueven una constante nacionalización de las luchas electorales y una injerencia permanente de los poderes centrales en las cuestiones de orden local, lo que obstaculiza sistemáticamente todo intento de despegar a las provincias de las conducciones nacionales para que puedan desarrollar sin interferencias su propio juego democrático interno.

Pero si el gobierno actual no es el único responsable de este desequilibrio geográfico-institucional, es verdad que tampoco se ha preocupado por remediarlo. Al contrario, ha incurrido en permanentes manipulaciones de la situación política en las provincias, y no puede sorprenderse hoy, por eso, de que su vocación centralista se vuelva como un boomerang en su contra, ni de que las circunstancias lo involucren en conflictos que, en realidad, no deberían afectarlo de manera directa.

En efecto, algunos de los estallidos sociales producidos en los últimos tiempos, como los de Cutral-Có o los de Tartagal, han sido la respuesta a desaciertos notorios de administraciones provinciales que manejaron de manera irresponsable los recursos que les fueron transferidos, por distintos conceptos, por el poder central.

El gobierno nacional, sin embargo, paga hoy, aun en esos casos, el precio de no haberse distanciado lo suficiente de las situaciones locales, en su empecinamiento por defender a todo trapo conveniencias político-partidarias circunstanciales.

La reconstrucción de un federalismo transparente, basado en el auténtico respeto a las autonomías provinciales, es una de las grandes asignaturas pendientes del sistema democrático argentino.

---

Conforme a