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La caída de un aliado y el arribo de otro
Antonio Domingo Bussi y Aldo Rico han puesto a prueba el sistema de alianzas del partido gobernante. El gobernador de Tucumán y el intendente de San Miguel (y cada uno aborrece que se lo mezcle con el otro) tienen en común el origen despótico de sus carreras políticas, aunque ahora ambos hayan sido ungidos en los lugares donde están por la voluntad popular.
Bussi, que gobernó Tucumán con mano de hierro y métodos impiadosos en la sangrienta década del setenta, es un ejemplo con dos caras.
La primera: su popularidad provincial fue producto de la honda crisis de la dirigencia política local, ensimismada en conflictos pequeños e intrapartidarios, que engendró tres malos gobernadores desde la restauración democrática. La otra: el conflicto de Bussi demuestra también que el llamado proceso de fujimorización, que es la elección de gobernantes ajenos a la política y a sus códigos cuando éstos están cuestionados, no resuelve los problemas preexistentes y, a veces, los agrava.
Bussi se encontró hace mucho con la decepción. Acostumbrado a gobernar la provincia en las condiciones de hace veinte años, sin la vigencia de las libertades públicas y con la asistencia financiera diaria del Tesoro nacional, volvió ahora a la gobernación sin aquellos recursos extraordinarios y sin la posibilidad de implantar un sistema rígido de represión. Su administración ya andaba a los tumbos antes de que le explotara en las manos una cuenta suiza.
Bussi, que no es ahora un gobernante autoritario en las formas institucionales, pero sí lo es en la manera cotidiana de administrar, de mandar y de hablar, ha traído del desván de las cosas en desuso un discurso viejo. ¿Importa acaso quiénes echan viento al fuego de las denuncias? ¿O sólo importa que esa cuenta existió con fondos que no puede explicar y que él primero mintió y después se rectificó sobre su existencia? En rigor, esto último es el centro del problema.
La suerte del ahora viejo y desconcertado general está en manos de Menem. El Presidente había preferido hasta aquí un política de acercamientos con Bussi en homenaje a la aritmética electoral: el bussismo sumado al peronismo podría significar la derrota de una fórmula nacional de la Alianza en esa provincia.
Menem ha ordenado ahora una retirada del Gobierno de las cercanías de Bussi. Uno de sus lugarteniente lo explica así: Jugarnos con él nos podría ayudar en Tucumán, aunque tampoco eso es seguro a esta altura, pero de todos modos nos afectaría mucho más en el resto del país y en el exterior.
Lo que Menem ha sopesado es que ninguna ayuda a Bussi pasaría inadvertida. Al ser el peronismo local parte importante de la querella contra Bussi en la crisis tucumana, el Presidente debería ejercer una fuerte presión contra sus conmilitones justicialistas para que éstos cambien de posición.
¿Podrían cambiar de posición? El jefe local del peronismo, Amado Juri, el mismo diputado nacional que logró la unanimidad de la Cámara para abrir el sobre con la declaración jurada de Bussi que disparó la parte final del conflicto, fue el gobernador justicialista expulsado de su puesto con los peores modos, en 1976, por el propio Bussi. Juri (que no fue condenado entonces por ningún delito) pasó varios años preso en una cárcel común por orden del entonces y actual gobernador. La historia ha hecho su círculo.
Lo otro que podría hacer Menem es sujetar a Balza. El jefe del Ejército ha puesto en marcha los mecanismos internos de un tribunal de honor, que juzgaría a Bussi por haber mentido bajo juramento en una declaración oficial; después le podría agregar la carencia de explicación para la obtención de los recursos depositados en el exterior.
Balza nunca lo tuvo a Bussi en el altar de sus santos y lo demostró cuando lo hizo venir de Tucumán para concederle quince minutos implacables.
Menem ha deslizado que preferiría haber visto a Balza con la mirada distraída; no le gusta la exposición pública que le proporciona este asunto al jefe del Ejército, como no le gusta que se destaque ninguno de sus funcionarios más allá de la raya precisa que él mismo establece. Pero también aclaró entre íntimos que no hará nada para frenar a Balza (que continuará con las actuaciones contra Bussi), porque eso se sabría rápidamente en un país sin secretos.
La alocada posibilidad de la intervención federal (acertadamente descartada por Menem y Corach) fue una idea tucumana. No hay razones ni condiciones institucionales que justifiquen el remedio federal en una provincia donde los poderes del Estado están en pleno funcionamiento y donde no tambalea el orden público. La intervención no haría otra cosa que convertir a Bussi en una víctima política, cuando ahora no lo es.
Lo que no es cierto entre las afirmaciones del gobierno federal es que se quedó sentado a la espera de un final cualquiera para la crisis de Tucumán. El vicegobernador, Raúl Topa, ha seducido a muchos menemistas porteños, entre ellos al propio Corach (con el que conversa más de lo que se sabe y conoce) y con el segundo del ministro, Jorge Matzkin, con quien compartió cuatro años de tarea legislativa en el Congreso.
Cualquier funcionario nacional, sentado y haciendo confidencias de cocina, habla de Topa como si fuera el nuevo héroe del firmamento oficial. Tal vez el senador Jorge Yoma es el que expresó ese sentimiento con más sinceridad: Topa sería un gobernador menemista perfecto, porque no tendríamos que soportar nuestras internas.
Decididamente la vía que mejor trabaja el gobierno nacional es la de la renuncia de Bussi: Topa quiere ser, es mejor que sea él y es él quien debe hacer la mayor parte del trabajo, ha dicho una alta fuente política del Gobierno.
Es posible que el gobernador intente antes un acuerdo político. No es casual que seguidores de Bussi hayan comenzado, en los últimos días, a reclamar una mayor agilidad al recurso de reconsideración que presentó al Senado, que le rechazó en su momento el pliego como senador nacional suplente porque ya era gobernador. Antes entrará a la Cámara Ramón Saadi, invocó lo imposible un senador peronista.
Menem se ha despachado contra el juez Garzón (que es el autor del vía crucis de Bussi) para quedar bien con su clientela militar y para desorientar al general; en el mismo momento de sus declaraciones, dos altos funcionarios del Gobierno hablaban con Topa con el entusiasmo de haber encontrado a un aliado. Se ha cumplido otra vez lo que repite un viejo amigo presidencial: A Menem no hay que escucharlo, sino mirarlo.
Duhalde, que es el primero en mirarlo y no escucharlo a su presidente, ha cambiado el arco de sus alianzas. Durante siete años se ufanó de haber labrado en su provincia un arco de alianzas muy distinto del de Menem: él está con Alsogaray y yo con Oscar Alende, solía contrastar.
Ahora ha caído en brazos de Rico (a quien le debe, reforma constitucional mediante, el actual mandato de gobernador), justo cuando había dejado su peor conflicto, el de la policía, en manos de personas con pensamiento progresista. ¿El gobernador está más confundido de lo que confiesan los hechos?
A Rico lo persigue la misma fama de hombre duro y poco democrático que a Bussi, pero no tiene los mismos conflictos del gobernador tucumano. Al contrario: Duhalde se pegoteó a él cuando descubrió que cuenta con el 68 por ciento de aceptación popular en San Miguel. Las encuestas significan para Duhalde una fascinación más grande que cualquier estrategia. Con precisión, Felipe Solá le ha pedido que piense en la posibilidad de que podría perder más votos de los que ganaría.
Debe pensar en eso y también en las indisciplinas públicas _como las del propio Solá_, que afloran ahora y no antes, y en la eterna lección de la historia, que parece cumplirse con Bussi. Hace mucho se escribió que un gobernante autoritario es una persona que pactó con la desesperación de sus compatriotas y que termina tan desesperado como ellos.
