La ciudad "inteligente" plantea desafíos éticos y sociales

Este texto es parte del libro Ideas para la Argentina del 2030, que reúne propuestas de 50 jóvenes sobre democracia, historia y memoria, derechos digitales e inteligencia artificial, entre otros temas; fue presentado el miércoles en el CCK, dentro de una iniciativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

La ciudad es el principal hábitat humano y, de continuar la actual tendencia de urbanización global, pronto habrá muy pocos seres humanos viviendo fuera de ella. Así, el problema de gestionar la ciudad y resolver sus problemas se parece cada vez más al problema de gestionar y resolver los problemas de la humanidad. Ante tamaño desafío, la llegada de la "Ciudad Inteligente" ha sido anticipada, debatida y celebrada en abundancia, al punto de empujar la idea hacia el corral de los clichés. En el proceso, nos hemos concentrado en debatir las variables tecnológicas, los productos y servicios que podríamos poner en práctica. Hemos discutido, y estamos discutiendo, cuáles son las mejores herramientas para convertir el flujo y análisis de información en tiempo real en una herramienta de gobernanza en todos sus niveles, desde la planificación a largo plazo hasta la gestión cotidiana de recursos. Pero el foco debería estar, ante todo, en aspectos no técnicos: las implicaciones éticas, sociales, e incluso ideológicas de la transformación. La tecnología nunca es neutral; los datos no dicen nada por sí mismos. Siempre hay personas detrás de los algoritmos. Las que los diseñan, las que los implementan, y a veces las que los sufren.

Hemos sembrado nuestras ciudades de sensores, algunos fijos como los que forman parte de la nueva infraestructura urbana, y otros en constante movimiento como los dispositivos móviles que todos llevamos encima, dotados de acelerómetros, GPS, micrófonos y cámaras. La ciudad, junto a calor, luz y ruido, emite una cuantiosa cantidad de información. Es difícil imaginar que vamos a dejar pasar la oportunidad de capturar y analizar estos datos en explosión, en pos de alcanzar los fines que persigue una ciudad: mejorar el tránsito, optimizar la producción y consumo de energía, impulsar la economía. Los gobiernos intentan adaptarse adquiriendo recursos humanos y técnicos especializados. Pero pujan en inferioridad de condiciones frente las empresas de la economía digital, que han entendido mucho antes el valor de la información, sobre todo la personal, como un recurso natural que puede ser extraído, acopiado y vendido en medio de un vacío regulatorio.

Así, la información producida por ciudadanos, compañías y gobiernos está transformándose en una nueva clase de moneda -con valor de mercado- a la vez que en materia prima para el modelado digital del funcionamiento de nuestras ciudades y sociedades. En este contexto, necesitamos entender a la big data como una producción social, y en consecuencia ponernos de acuerdo sobre el conjunto de reglas en el que queremos enmarcar su explotación.

En un país como la Argentina, del lado del mundo que "compra hecha" la tecnología que se produce fuera, nuestra capacidad para fijar reglas es reducida. Pero no ínfima. Podemos prestar atención al ejemplo de la Unión Europea, que en 2018 hizo ley un conjunto de regulaciones que protege los datos y la privacidad de todos los ciudadanos en los países que componen el bloque. De aquí en más las alianzas no serán una opción, sino una necesidad. Entre áreas metropolitanas, entre naciones, o a la escala que logre la masa crítica necesaria para que las reglas sean aceptadas hasta por los actores con más poder. Entre estos últimos no solo se cuentan las grandes corporaciones; los gobiernos también deberán resignar poder de vigilancia al transparentar sus prácticas de tratamiento de datos personales.

El desafío es considerable. Deberemos proteger derechos cuya naturaleza muta ante nuestros ojos, como el de privacidad; reducir profundas asimetrías de poder entre individuos y organizaciones en lo que respecta al acceso a la información; e incluso redefinir el mismísimo concepto de ciudadanía.

Poner al día la noción de ciudadanía implica ampliar los derechos y obligaciones, para incluir los que el siglo XXI requiere. La tarea por delante, en la que ya estamos atrasados, es definir los derechos que acompañen las nuevas capacidades que ya nos han provisto con celeridad las tecnologías digitales. En esta categoría cabe el derecho a saber en forma actualizada quién tiene acceso a nuestros datos y para qué los usa. También el de definir ámbitos (momentos y lugares) impenetrables a los sistemas de captura de datos personales. Y el derecho a acceder a la infraestructura digital, que hoy en día se entiende como derecho a la conectividad, al acceso a Internet, pero que podría expandirse en el futuro para incluir el derecho al acceso a sistemas de almacenamiento y procesamiento de datos.

En lo que respecta a la gestión pública, queda un frente más al que estar atentos. La capacidad para analizar datos a gran escala, cruzados entre múltiples fuentes, continuará madurando. Esto permitirá realizar ajustes regulatorios en forma continua. Por ejemplo, se podría cambiar la cantidad de vehículos que pueden ingresar a un área de acuerdo al nivel de polución de cada momento, o interrumpir de modo automático el acceso a subsidios mediante el monitoreo de perfiles de cada solicitante, actualizados en tiempo real. La así llamada regulación algorítmica tendrá que venir acompañada por el derecho a acceder a la lógica interna -a las reglas y algoritmos- de los procesos automatizados de gestión.

Todas las facultades mencionadas serán parte necesaria del derecho a la ciudad, el derecho a habitarla y participar de su gestión, de hacerla y rehacerla a la vez que nos reinventamos a nosotros mismos. La tecnología digital continuará ganando importancia como parte de nuestra vida cotidiana. Su potencial es tan grande que ni siquiera podemos imaginar cuáles son sus límites. Por eso es importante tomar un rol activo, vigilando su posible abuso a la vez que continuamos imaginando formas de ponerla a trabajar. En palabras del incansable utopista Buckminster Fuller, "estamos llamados a ser los arquitectos del futuro, no sus víctimas". Así sea.

Licenciado en Ciencias de la Computación, especialista en planificación urbana y magíster en Urban Informatics

Antonio Vázquez Brust