La clave del cambio educativo

Un niño o niña que hoy entra al jardín terminará la secundaria hacia 2030 y trabajará hasta cerca de 2080. Si en los próximos diez años no logramos que los alumnos entiendan lo que leen, puedan expresarse, comprendan principios matemáticos y científicos, tengan iniciativa y empatía, el impacto negativo se arrastrará hasta fines de siglo. Lo que pase en la educación tendrá consecuencias en la economía, la cultura, la salud, la cohesión social y muchos de los temas que definen nuestro futuro.

Ya no se trata solamente de ampliar las tasas de escolarización, sino de ampliar el acceso al saber. Hay mucho para hacer en la Argentina en este plano. Habrá que continuar aumentando la inversión y hacerla más eficiente, pero lo difícil será lograr que esos recursos se traduzcan en mejoras evidentes en las capacidades de las nuevas generaciones. El desafío es grande, porque la política educativa es muy compleja: afecta a millones de personas -docentes, alumnos, familias-, exige establecer prioridades entre alternativas no siempre evidentes, tarda en mostrar sus efectos, debe ser sistémica y sostenerse en el largo plazo.

Pese a todo, la mirada comparada sugiere que la política tiene el poder de lograr interesantes transformaciones en la educación. Incluso con inversión y niveles de pobreza semejantes, hay países que obtienen resultados diferentes. Éste es el caso, por ejemplo, de Chile y Uruguay durante la última década. Ambos países tienen menos del 10% de la población bajo la línea de la pobreza y aumentaron su inversión educativa hasta alcanzar 4,5% del PBI en 2011. Sin embargo, mientras que Chile redujo sustantivamente la repitencia y mejoró los aprendizajes de los alumnos, Uruguay empeoró en ambas dimensiones. Es que la posibilidad de cambio no sólo depende de las condiciones de vida de la población y de los recursos inyectados, sino de las particularidades culturales de cada sociedad y de la política educativa.

Se dice que la responsabilidad del cambio es de todos, que a los argentinos no les interesa la educación y que en parte el problema comienza ahí. Suponiendo que esta cuestionable premisa sea cierta, ¿debemos asumir que la Argentina estará condenada al estancamiento mientras la sociedad no demande más y mejores aprendizajes? La responsabilidad mayor en el cambio educativo es de las clases dirigentes, tanto políticas, como gremiales y empresariales, que deben liderar los cambios estructurales necesarios, aunque éstos no sean reclamados por la sociedad.

El sector empresarial, que constata cotidianamente en sus empleados la carencia de competencias laborales básicas, debe comprometerse con la transformación educativa yendo mucho más allá de las preocupaciones sectoriales y de la responsabilidad social empresaria. Será clave que se consolide como un socio activo y orgánico en el cambio, aportando su experiencia, sus recursos y aliándose con el Estado en políticas estratégicas, como sucede en Chile, México, Brasil y Colombia.

Los gremios docentes tienen también una responsabilidad central. Docentes y alumnos necesitan reformas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, que dependen en gran medida de la apertura al diálogo de los gremios. Los docentes tienen una gran experiencia para aportar desde una posición constructiva. Sin un nuevo sindicalismo docente será muy difícil recuperar la educación pública.

Por último, los máximos referentes políticos deben asumir un liderazgo indelegable. La Argentina necesita un presidente que haga de la educación una cuestión central, que encabece un proceso de mejora en concertación con los gobernadores y genere un cambio de expectativas en los actores del sistema educativo para articular los compromisos necesarios para el profundo cambio en juego. Es que la complicada situación del sistema educativo no se soluciona solo con medidas de política: habrá que motorizar una transformación cultural a través de una visión inspiradora que movilice a toda la sociedad.

La educación es uno de los temas cuyas definiciones deben estar por encima de los intereses político-partidarios. Para esto necesitamos un Plan Decenal de Educación, idealmente plasmado en una ley nacional, que condense los acuerdos sobre las metas y políticas prioritarias. Ésta es una herramienta clave para prever la inversión necesaria, alinear esfuerzos y dar continuidad a las acciones. Más aún, sería fundamental conformar un Consejo de Planeamiento Educativo multisectorial encargado de acompañar y monitorear la implementación de este plan.

No solo Finlandia sirve de ejemplo en la materia. Durante las últimas dos décadas, en otros países latinoamericanos los presidentes han encabezado ambiciosas reformas educativas y se han sostenido políticas estratégicas. Tampoco las respuestas están exclusivamente en la experiencia internacional. Tendremos que aprender del pasado, profundizar las buenas políticas nacionales vigentes y recuperar políticas provinciales eficaces para propagar en el resto del país. Transformar la educación es tan difícil como necesario y posible. La Argentina tiene todo para lograrlo.

La autora es investigadora principal de Cippec

Cecilia Veleda