La comunicación, un desafío para el poder político

La relación entre los medios de comunicación y la política es histórica. No es un dato menor recordar que la televisión nació en la Argentina por impulso del gobierno peronista el 17 de octubre de 1951. Cada momento político trascendente del país ha quedado reflejado en la tapa de un diario o en el comentario de alguna radio o programa político. El deseo de moldear la opinión pública fue creciendo a la par de la construcción política moderna, sumado a la incidencia creciente -de la mano de los avances tecnológicos- que vienen teniendo los medios en los hábitos culturales de los ciudadanos. Somos protagonistas de una época donde la comunicación y la política han establecido un vínculo estrecho, de amores y odios, marchas y contramarchas, que día a día crece en volumen tanto en el país como en el mundo.

Sobre el manto de piedad que brinda la búsqueda de credibilidad, medios y gobiernos se encuentran en la mayoría de las circunstancias en un terreno más propenso a la disputa que a las aguas calmas. Estas diferencias se han construido fundamentalmente porque las empresas de medios no siempre han tenido los mismos intereses que los gobiernos, pero también se fueron ensanchando al consolidarse dos perfiles bien marcados en las últimas décadas: la defensa de la libertad de expresión como bandera de las empresas periodísticas y la necesidad de los gobiernos (municipales, provinciales o nacionales) de garantizar un humor social que les permita transitar sus mandatos sin mayores alteraciones que las causadas por la propia dinámica de sus gestiones.

Son esferas distintas, pero no por ello necesariamente contradictorias. Mucho se ha hablado del rol de los medios en la construcción de agenda y sobre el poder que tienen para instalar temas en la opinión pública. Independientemente de la dificultad que entraña saber hasta qué punto esta afirmación puede confirmarse, la dirigencia política acusó recibo y ha decidido tomar cartas en el asunto. Podemos recordar innumerables ejemplos -locales y extranjeros- en que las usinas periodísticas han colaborado con la desestabilización de distintas experiencias de gobierno. Sin pretender abrir juicios en este artículo sobre la legitimidad de esas expresiones, el temor de las administraciones goza de sobrado fundamento.

En la Argentina fuimos testigos de la experiencia de 6,7,8, el programa de análisis de medios que emite la Televisión Pública con el objetivo de desmantelar operaciones mediáticas como una voz disonante. Un modelo televisivo "combativo" que ya tiene su correlato en otras partes del mundo. La flamante alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, dispuso la creación de una página web para desmentir noticias de la prensa a pocos días de haber asumido. La página se llama "Madrid versión original" y, como su página lo informa, su existencia no es una novedad. Hay antecedentes de este tipo de plataformas, como por ejemplo Euromyths ("Euromitos"), que va en la misma línea, la de informar una versión oficial de los hechos y desempolvar de datos tergiversados lo que se publica diariamente. El formato de programas de archivo es de larga data (recordemos que TVR está desde hace 16 años en la televisión); pero la novedad está dada en su utilización como herramienta de comunicación política.

Muchas veces más preocupados por el impacto de sus medidas que por la propia definición de sus acciones, los gobiernos a escala mundial sienten la necesidad cada vez mayor de contraponer sus verdades a las de los medios de comunicación, dados el poder de éstos y la facilidad con la que se pueden dispersar los datos y la información, debido a las redes sociales y al uso por parte de ciudadanos no periodistas que viralizan contenido con facilidad. Hoy, es relativamente fácil lanzar una noticia sin chequearla y nadie es responsable por las consecuencias.

Es clara la intencionalidad desde el lugar donde se mire, y si hay algo que ha obtenido la ciudadanía en todo este tiempo, es tener más ejercitado el espíritu crítico. Lo que queda de manifiesto es que se ven los hilos de uno y otro lado del mostrador. La política ya no disimula sus intenciones de modelar la información que circula por los medios y las empresas de comunicación e información no esconden sus preferencias políticas. El camino inevitablemente conduce a la verdad, no de la manera más saludable y no porque alguien se lo haya propuesto. Sin embargo, lo que todavía no está dimensionado en toda su magnitud es la efectividad del esfuerzo de los gobiernos por defenderse y blindarse frente a la opinión pública. Pero sin lugar a dudas lo que aparece como necesario es que las administraciones públicas lejos de quedarse sólo en acciones de defensa y ataque opten definitivamente por una comunicación proactiva e integral de sus gestiones. La propia definición de un plan de gobierno conlleva un gesto comunicacional. El kirchnerismo en la Argentina es un muy buen ejemplo de ello: a través de la construcción de su relato, logró durante su primera etapa la instalación de una impronta de gobierno. La revolución ciudadana de Rafael Correa en Ecuador también ha mostrado rasgos de gestiones comunicacionales estratégicas con objetivos claros.

El poder político necesariamente tiene que afrontar el desafío de comunicar con mayor efectividad sus gestiones, con creatividad y transparencia, más allá de las campañas electorales, para intentar sacarles la iniciativa a los medios y para no tener que avanzar en un terreno de disputa donde las acciones comunicacionales queden sólo reducidas a responder y rebatir argumentos. Si no, la dificultad latente es que una táctica que puede ser efectiva termine por devorarse la estrategia.

Gonzalo Arias