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La conquista de la primera infancia
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LA NACION
Hace algunos años venimos escuchando que los primeros años de vida cumplen un rol muy importante en el futuro de las personas y que la ausencia de medidas de protección social durante esos años significa una pérdida irreversible para el capital humano de un país. Como todo discurso que se vuelve popular, esconde algo de verdad y algo de mito.
En 2000, el estadounidense James Heckman ganó el Premio Nobel de Economía por sus investigaciones que explican la importancia de la inversión en primera infancia. Heckman da un argumento económico que resulta muy atractivo: la inversión en primera infancia genera ganancias considerablemente mayores que la inversión en otras etapas de la vida. Esto es, invertir en programas de estimulación y cuidado en niños y niñas de 0 a 5 años que viven en contextos de vulnerabilidad social permite reducir los gastos a futuro en programas de salud, educación, e incluso justicia penal, ya que reduce las tasas de delitos.
Este argumento es popular entre los políticos. Para los que trabajan en educación y desarrollo infantil, en cambio, el principal argumento para la defensa de la primera infancia está en la protección de los derechos del niño. Esto significa que todos y cada uno de ellos deben recibir durante sus primeros años el cuidado, la protección, la asistencia y la estimulación que les permitan desarrollar su máximo potencial. Esta debería ser la obligación prioritaria de cualquier institución, ya sea educativa, asistencial y obviamente del Estado.
Así es que la importancia de proteger y estimular a los niños y niñas en sus primeros años de vida puede resumirse en dos razones: justicia social y retorno económico. Justicia social significa brindar a todos los niños y niñas oportunidades óptimas para su desarrollo; retorno económico y social, el ahorro y la ganancia futuros que se obtienen por realizar inversiones en esta etapa.
Ahora bien, ¿por qué invertir de 0 a 5 años y no de 1 a 3 años, de 5 a 8 años, o más adelante? La irreversibilidad en el desarrollo infantil es un mito, pero también es cierto que querer ocuparse en tercer grado de la escuela primaria de problemas de aprendizaje que deberían haberse afrontado antes no solo es injusto para el niño o niña que los padece, desde una perspectiva de derechos humanos, sino que además es económicamente más caro, desde una mirada de política pública.
Por eso, reconocer la importancia del desarrollo de programas en primera infancia podría obligar al Estado y a la sociedad en su conjunto a revalorizar, tanto económica como socialmente, las tareas de cuidado, protección y estimulación a cargo, en su mayoría, de mujeres: madres, docentes de jardín de infantes, cuidadoras, etcétera.
La etapa de 0 a 3 años es la única que no tiene un trayecto obligatorio en el sistema educativo público ni una currícula o plan educativo oficial en el país. Aceptar la importancia de los primeros años de vida significaría, por un lado, que el Estado asuma su responsabilidad sobre uno de los sectores sociales más afectados por la pobreza y uno de los más fundamentales para el desarrollo futuro del país, y por el otro, que la sociedad pueda incorporar, de una vez por todas, que el cuidado de los más pequeños no es una tarea doméstica, informal, no capacitada y responsabilidad exclusiva de las familias.
Esta debería ser nuestra próxima conquista.
Investigadora asistente del Conicet del Instituto de Neurociencias Cognitivas y Traslacionales, asociada del Centro para la Evaluación de Políticas basadas en la Evidencia de la Universidad Torcuato Di Tella
María Luz González Gadea
LA NACION
