La corrupción y un buen juicio

Roberto Gargarella, jurista, sociólogo y filósofo, opina que "este gobierno busca poner fin a los juicios de la corrupción" (La Nación, 07/03). El contexto, es analizar el ecosistema judicial, la relación entre la Justicia y el Gobierno y las reformas anunciadas por el presidente Alberto Fernández.

Hay una inconsistencia lógica de inicio en el enunciado del edificio que erigirá durante la entrevista con Astrid Pikielny: un gobierno "improvisado" que, sin embargo, exhibe la sofisticada "intención de dar por terminado el ruido de la gran corrupción".

Semejante objetivo no se advierte en el discurso analizado, ni en el "ecosistema judicial" (considerado como totalidad), ni en ningún lugar institucional. No se ve, entonces, en dónde nace la "enorme preocupación" del valioso Gargarella (así lo considero).

A punto de salir de viaje -si la alerta "del coronavirus no altera los planes"-, aconseja "alarmado": "… necesitamos urgentemente reparar este barco que se está hundiendo". Curiosa figura náutica para quien no pondrá proa hacia la isla Martín García.

A continuación, se ocupa de "la degradación de la palabra" y deduce que Fernández, en realidad, piensa que, en materia de corrupción, "el problema parece residir en los jueces que investigan, y no en los crímenes cometidos y su impunidad". Distinguir entre crímenes y jueces, es indispensable.

Por comenzar, el delito (como entidad), la ley que lo define y tipifica, el proceso que lo instala como verdad y la sanción misma, implican dimensiones que hay que identificar. En un Estado de Derecho, los hechos deben imputarse con precisión; también debe comunicarse con pulcritud la prueba que (obtenida sin extorsionar a los que aportan el relato) apoya la atribución estatal. En materia penal la ley debe describir como delito a un acto individual, voluntario efectuado por el sujeto (tal día, en tal lugar, etc); en el sistema de enjuiciamiento "sentencia firme" es aquella que resulta inmodificable al no existir recursos (ordinarios o extraordinarios) pasibles de interposición.

Un jurista del calibre de Gargarella no puede ignorar un viejo refrán: "Para justicia alcanzar / tres cosas ha menester: / tener la razón, saberla pedir / y que te la quieran dar".

La corrupción de funcionarios públicos es un tema tan trascendente que requiere sistemas judiciales con capacidad para ofrecer el único relato que permite tramitar ese episodio: el que proviene de un juez independiente, eficaz, eficiente, honesto, con solvencia intelectual y con la autoridad personal suficientes como para entender que su decisión debe ser horizontal y verticalmente ecuánime.

Por continuar, el fenómeno de la "erosión democrática" que se menciona ni es argentino ni es propio de la administración Fernández. Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa (Reporteros sin Fronteras) las violaciones a la libertad de informar ya no son una característica exclusiva de los regímenes autoritarios y de las dictaduras; también en las democracias la libertad es cada vez más frágil.

Más aún: la falta de legitimación de las dirigencias en términos globales, es una pandemia corona-virósica. Para la cuna de Jefferson, Noam Chomsky la basa en al legado tóxico de la esclavitud, multiplicado por el triunfo de la lógica neoliberal. El estadounidense promedio, el "hombre práctico", descree de cualquier cambio estructural porque el supremacismo infectó su cultura política. O sea, la "erosión democrática" es más asociable a una fase neurálgica del capitalismo financiarizado, que a la derogación autóctona de las "jubilaciones de privilegio" de los jueces.

Hannah Arendt decía que el verdadero momento revolucionario era "constituir algo". En el siglo XXI, las demandas tienen la lógica de la revolución digital, y es por eso que problematizan a la democracia en su forma representativa. Quizás desde la mente del "hombre práctico" esto se resuelve ofertando un paquete de soluciones, con el nombre renovado.

Sin embargo, la parte más luminosa de lo que llegó, está en las conversaciones, las asociaciones, tras un largo periodo de aislamiento y sospecha mutuos. Las rupturas asustan, pero el férreo individualismo termina con un encierro doméstico, que agudiza el problema.

La pavada snob de "lawfare" (según Gargarella), al menos en la Argentina, puede remontarse a comienzos del siglo XX: o sea, snob pero vieja. Imaginemos el concepto con los mismos términos del distinguido profesor: hay un vértice poderoso ("la política y los políticos") que busca "autopreservarse". Alguien lo desafía, creando un segundo vértice (Gargarella, por ejemplo, que los acusa de "colonizar instituciones"). Bien: buscarán seducirlo, comprarlo y encarcelarlo. Hay un tercer vértice: el caudaloso sistema de medios de comunicación, ésta vez al servicio de "la clase política": empiezan a demonizarlo con secretos privados, provistos por un cuarto vértice, los "servicios de inteligencia". El quinto vértice es el juez, quien munido de las estigmatizaciones, de manera "anómala pero esperable", le dicta una prisión preventiva. Eso es lawfare en estado puro, que no es una doctrina sino una práctica, fácilmente reconocible. No merece ser tratado de "absurdo", sino refutado.

Me resisto a creer que esto sea todo lo que tiene para dar Roberto Gargarella. Desde su bar virtual "Gargarella – Gargarellita", el mismo profesor que teoriza perspicazmente respecto del voto, falta al respeto -con expresiones impropias- a ideas ajenas ("tontería, disparate"). O llama al diálogo democrático como instancia superadora y denomina "completamente ridículo" y "cuento" el concepto definido en una palabra ("lawfare"), cuya semejanza con "sinarquía" o "conspiración judía" es una falta de consideración para con las víctimas de aquellas estigmatizaciones. Es el mismo Gargarella que unas líneas más arriba denuncia el "uso de los servicios de inteligencia" para tripular a los tribunales.

Buen viaje para Roberto. Sus nuevos alumnos lo van a disfrutar. Cuando vuelva, verá el país cambiado, pero igual.

Una buena lectura para el viaje, son los expedientes judiciales que no leyó, y cuyo conocimiento tamizado por el sistema de límites constitucionales al poder penal le dará una mirada más tolerante a un discípulo de Carlos Nino.

Es necesario advertir que no es bueno que, detrás de formulas autodignificantes, se pretenda legitimar a privaciones de la libertad ilícitas, testigos presionados o peritos fraudulentos. Y ello, más allá del deseo que tengan los funcionarios investigados.

En cambio, puedo dar fe, y es advertible ya en las expresiones públicas del Presidente que, porque existe en él una vocación por el Estado de Derecho, a este "vivir con reglas" no se lo imagina como un obstáculo ni para programar un país mas transparente, ni para investigar hechos del pasado: los jueces dirán si esos hechos representan (nunca, a veces o siempre) actos punibles.