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La corrupción en las fuerzas policiales
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La clase dirigente del país, conformada por miembros del poder político, del económico, de los medios masivos de comunicación y del Poder Judicial, le tienen temor reverencial a las fuerzas de seguridad.
La sumisión se manifiesta cuando esos factores de poder no hacen nada sustancial por desactivar el entramado de corrupción policial que promueve o facilita las actividades ilegales más lucrativas y lesivas del país: el narcotráfico, la trata de personas, la venta de autopartes robadas y las coacciones a comerciantes.
El poder político prefiere a una policía mala que formalmente combata el delito, aunque en muchos casos materialmente lo administre intentando no mostrar esos hilos, antes que pasar por un proceso de transformación policial que atraiga fuertes turbulencias generadas por las estrategias de resistencia de esos componentes corruptos. Mientras que el actual bosquejo no presente grietas profundas que pongan en riesgo el caudal electoral o la gobernabilidad, seguirán apostando a no innovar.
Los factores de poder económico, con fuerza suficiente para enfrentar las coacciones policiales, evalúan en términos de costo-beneficio y optan por pasar a pérdida los peajes que les cobra el servidor público antes que librar una batalla que desestabilice el normal desenvolvimiento del negocio. Por supuesto, conocen el riesgo de un enfrentamiento. Una simple campaña desestabilizadora puede provocar una estampida al unísono de clientes e ingresos. En consecuencia, prefieren pagar por el servicio.
Los medios masivos rara vez visibilizan el fenómeno de la corrupción policial y su influencia sobre el crimen. Y aquí se emparientan con la lógica empresarial del poder económico. Las noticias policiales son un producto recurrente y muy consumido por la clientela de la empresa mediática. Desnudar el fenómeno es un riesgo, porque complejiza el abordaje de los temas de inseguridad, haciéndolo menos digerible al público masivo, y deteriora la relación con la principal fuente de ese hecho noticiable. La inactividad mediática en éste sentido le quita presión al mencionado esquema especulativo del poder político.
El Poder Judicial parece ser el que menos tiene que perder en la batalla. Únicamente lo traiciona su lógica conservadora acuñada por décadas. La mayoría de las investigaciones penales son delegadas en las fuerzas de seguridad, mientras que el juez aparenta gobernarla desde su despacho. Atacar la corrupción estructural del auxiliar judicial por excelencia es generar un cataclismo en su parsimonioso funcionamiento. Un costo demasiado alto que los jueces no quieren pagar.
No deberíamos perder de vista que la corrupción policial es el principal obstáculo para abordar con éxito políticas efectivas contra la inseguridad ciudadana.
El autor, abogado, es coordinador del área de corrupción policial de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin)
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