La Corte Suprema, en defensa de la libertad de prensa

Carlos José Laplacette
Carlos José Laplacette PARA LA NACION
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15 de noviembre de 2012  

Es probable que cuando se escriba la historia de la Corte Suprema de Justicia en su actual integración, la defensa de la libertad de expresión y la promoción de una mayor publicidad y transparencia en la actuación de los organismos públicos formarán parte de uno de sus capítulos más destacados. A pesar de ello, aún existen funcionarios imbuidos de atávicas concepciones del poder, que se sienten con derecho de ocultar a la ciudadanía sucesos públicos relativos a su desempeño.

Un importante diario del interior del país, el Río Negro, debió recurrir a la Corte para conseguir revocar una sentencia del Tribunal Superior de Neuquén que hacía lugar a la demanda del fiscal en contra del medio. El funcionario se consideraba afectado en su imagen y honor porque en una nota sobre el caso del soldado Carrasco se había añadido una fotografía de archivo en la cual se lo veía delante de un grupo de manifestantes que portaban carteles en los que se criticaba su desempeño en la causa.

Como se recordará, el caso Carrasco se originó a raíz de la muerte de un conscripto. Adquirió una transcendencia tal que motivó la eliminación del servicio militar obligatorio. El cartel que molestó al fiscal era sostenido por un grupo de particulares y en él se leía: "Reyes Balboa se vendió a los militares".

La justicia provincial consideró que al publicar la fotografía el medio afectó el derecho al honor y a la propia imagen del funcionario judicial. Lo condenó a abonar una importante indemnización.

En su sentencia, la Corte sostiene que no se puede responsabilizar a un diario por publicar una fotografía auténtica, tomada en un lugar público y mientras el fiscal se encontraba ejerciendo sus funciones. También destacó que tanto el artículo como la fotografía sólo divulgaban datos sobre la actuación pública del funcionario, cuya actividad le confiere prestigio y notoriedad, y que, por lo tanto, no existió una intromisión en su intimidad ni una violación de su imagen.

El reclamo de un funcionario capaz de ponerle precio a su honor expresa una concepción oscurantista del poder y de la función pública. Ya se sabe que quienes rigen los destinos de los habitantes a veces pretenden conquistar notoriedad y fama con su desempeño, pero a la hora de las críticas prefieren actuar como personajes anónimos, sin rostro ni pasado.

No menos preocupante es que esas mismas concepciones de secretismo antirrepublicano, renovadas por diversas ideologías autoritarias durante el siglo XX y aún presentes en la era de Internet, hayan permitido que los tribunales inferiores admitieran una demanda de aquella naturaleza. Max Weber enseñó que toda burocracia, a fin de acrecentar su poder, procura ocultar su saber y su actividad a la crítica. Frente a esto la prensa cumple un papel fundamental, contrarrestando esas tendencias y sometiendo al escrutinio público todo el funcionamiento de los organismos estatales.

Por ello es que, como afirmó la propia Corte en su sentencia, entre todas las libertades que reconoce nuestra Constitución, la de prensa es una de las que poseen mayor entidad, a tal extremo que sin ella sólo existiría una democracia desmembrada o puramente nominal.

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