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La crisis de la representatividad
La sociedad argentina vive una paradoja: si bien declara masivamente su adhesión a la democracia frente a cualquier otra forma de gobierno, desdeña las instituciones que la constituyen.
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SE observa en prácticamente todas las sociedades democráticas en la actualidad una crisis de representatividad de los sectores dirigentes y la Argentina no constituye una excepción. Quizás esto se deba a que, como afirmó Platón, la persona más digna de poseer el poder es la menos dispuesta a aceptarlo. Pero más allá del tema de la calidad del liderazgo, poco tratado en la politología moderna, lo cierto es que el descrédito de la sociedad respecto de la dirigencia política se traslada en muchos casos hacia ámbitos donde ésta desarrolla sus acciones, como son los partidos políticos y el Congreso.
En efecto, cuando se habla de crisis de representación política, la primera imagen es la de la crisis de los partidos políticos, fuertemente relacionada con su matriz electoral, su desempeño en la gestión gubernamental, sus características patrimoniales y su clientelismo.
Ahora bien, esas devaluadas instituciones constituyen pilares de la democracia representativa y es en ese contexto donde se manifiesta una gran paradoja: la sociedad argentina declara masivamente su adhesión a la democracia frente a cualquier otro régimen de gobierno, pero desdeña las instituciones que la constituyen.
El problema del número
El poder político y la representación constituyen componentes de la siempre difícil y conflictiva relación entre uno y muchos; además, estos muchos abarcan porciones cada vez más grandes de la población. Cuando en una provincia como Buenos Aires la relación es de 234.758 electores por diputado, cabe preguntarse si se puede afirmar que ese abigarrado aglomerado está realmente representado por ese diputado que ha votado.
Es obvio que cuanto mayor es el tamaño del electorado, menor es la escala de representación, y cuanto menor es esta escala, más se diluyen la presencia y entidad del representado.
Internalizado el gran problema de la escala en la representación, se percibe inmediatamente que los partidos políticos constituyen un instrumento para reducir a una dimensión manejable cifras que ya no lo son, dados el tamaño y la complejidad de las sociedades en la actualidad. En efecto, a lo largo del proceso de democratización de la política se ha supuesto que los partidos políticos deben cumplir con el papel de ser medios de expresión, articulación y ejecución de las necesidades y exigencias de los miembros de una sociedad.
Los partidos son, en este aspecto, instrumentos para el logro de beneficios colectivos y cumplen un papel vinculante entre el Estado y la sociedad. Pero la sociedad no percibe la utilidad de la existencia de los partidos. Salvo algunos picos de "euforia cívica" en las primeras etapas de la transición a la democracia, en los cuales los partidos políticos, los líderes de los mismos y las legislaturas contaron con una alta confianza de la sociedad, en la actualidad han perdido esa estima.
El sistema electoral
Distintos autores que estudian el problema de la falta de representatividad de la institución más estrechamente relacionada con la representación, es decir, el Congreso, han hecho hincapié en que una causa posible de este fenómeno sería, por un lado, la debilidad de dicha institución frente a un presidencialismo muy acentuado, situación que se presenta en muchos países latinoamericanos y, por el otro, sus escasas atribuciones concedidas constitucionalmente.
Con respecto a esta última interpretación, como se ha demostrado al analizar el caso de 18 países latinoamericanos, las "atribuciones constitucionales" no presentan un rango de variación demasiado amplio, por lo tanto esta dimensión no parece que resulte una variable causal ya que no se correlaciona positivamente con la representatividad. Es decir, a atribuciones constitucionales semejantes, un país goza de mayor representatividad de su sistema político que otro.
En cuanto al presidencialismo y sus excesivas competencias dentro del contexto de los poderes del Estado han sido tratados in extenso, pero no se le pueden adjudicar en su totalidad el descrédito que sufren tanto los partidos políticos como el Congreso, por la sencilla razón que en regímenes parlamentarios con atribuciones más restringidas para el Ejecutivo, el descrédito de los partidos políticos también es muy alto.
En cambio, el sistema electoral vigente en una sociedad es uno de los arreglos institucionales que puede hacer mucho a favor o en contra de la representatividad.
En general, los sistemas electorales son creados de manera tal que beneficien a sus diseñadores, es decir, a los partidos políticos o a coaliciones que, en medio de justificaciones, tratan de demostrar que sólo buscan el bien común.
Sin embargo, en muchos casos, el sistema electoral se ha vuelto un boomerang contra los propios sectores dirigentes, ya que la sociedad ha percibido que estos mecanismos para elegir a sus representantes pueden a menudo burlar su voluntad y vaciar de representatividad a los elencos gobernantes.
Específicamente, las críticas, muy difundidas en la actualidad, por ejemplo, al sistema de representación proporcional, no se relacionan con la presunción implícita en este sistema de reflejar todos los matices de opinión, sino que apuntan a la dependencia que dicho sistema tiene, en general, respecto de la utilización de listas cerradas y bloqueadas. Estas listas de candidatos, también llamadas sábanas en la Argentina, son el blanco de todas las críticas que en la actualidad se dirigen contra el sistema de representación proporcional.
Aparentemente, lo que está reclamando el elector es saber por quién vota, quiénes son los candidatos, qué piensan, qué prometen y tener identificado a quién dirigir sus reclamos, sus quejas y también sus elogios.
Es un reclamo razonable. El votante en el acto electoral se ve confrontado con una multiplicidad de boletas de partidos, cada una de las cuales contiene, según los distritos, varias decenas de nombres de candidatos a distintos cargos. El elector medio sólo conoce a través de los medios de comunicación, pintadas o pasacalles, a los principales candidatos. Distintos sondeos han mostrado que sólo una porción ínfima del electorado conoce a más de un candidato de las listas para las que tiene que votar en elecciones legislativas. A la segunda conclusión a la que se arribó es que la mayoría de los legisladores que son elegidos, por ejemplo, en los principales distritos, no son conocidos por sus votantes.
Algunos candidatos, en distintos países de América latina han comenzado a recorrer calles de distintas zonas para hacerse conocer a sí mismos y sus propuestas. Es un poco prematuro todavía afirmar cuál será el resultado de esta modalidad, si es que se mantiene y se generaliza, sobre la percepción de la gente respecto de la clase política. Surge inmediatamente, sin embargo, la sospecha acerca de que quizá se trate simplemente de prácticas preelectorales. Si así fuese, sería solamente la ratificación, una vez más, de que el potencial elector es utilizado como instrumento para llegar al poder, y el acercamiento sólo un camino más laborioso y sutil que la aparición en los medios. Por otra parte, ello sería coincidente con quienes sostienen que la función social de los políticos consiste en formular e implementar políticas mientras estén en el gobierno, y que ello se cumple como subproducto de sus motivaciones privadas. Estas incluirían, en cada caso, objetivos muy diversos: desde la realización de los más altos ideales hasta cosas mucho más mundanas, como gozar de la renta, el poder y el prestigio que supone estar en el gobierno.
Designación de candidatos
En estos momentos en que la estima de la población respecto de los partidos se encuentra en un punto tan bajo, quizás un arreglo institucional que pueda aumentar el prestigio de las agrupaciones políticas consista en implementar modificaciones en las nominaciones de candidatos a cargos electivos.
En este sentido, el monopolio que se les reconoce a los partidos políticos, en distintos países, para la nominación de candidatos a cargos electivos, junto con el déficit de democracia interna en las agrupaciones partidarias, agrava la situación de impotencia del ciudadano.
De esta manera, quienes no estén de acuerdo con someterse a los condicionamientos de las muchas veces feroces "internas" partidarias, de obedecer por disciplina partidaria, aun en cuestiones contrarias a las que prometieron en período preelectoral, no pueden aspirar nuevamente a ser nominados a cargos electivos.
De este modo, en distritos donde los líderes de partido están altamente unificados, la organización partidaria tiene una gran capacidad de control sobre quién integrará la lista y qué lugar va a ocupar cada candidato en la misma, la cual muchas veces fue confeccionada no solamente a dedo sino a codazos. Ello significa que los potenciales representantes deberán su condición de tal, no exclusivamente, pero en gran medida, a una elite partidaria más que a los votantes, lo cual provocará serios problemas de "selección adversa", ya que sólo aquellos dispuestos a soportar semejantes condiciones llegarán finalmente a integrar las listas del partido.
Por otro lado, en cuanto a su desempeño, una vez elegidos, dadas estas condiciones, los dirigentes políticos deberán preocuparse más por las internas partidarias que por su gestión de gobierno. Es decir, existen fuertes probabilidades para que surjan problemas de conflicto de lealtades debido a los incentivos perversos generados en cuanto a su responsabilidad frente a los votantes. Así salen las leyes que se "debaten" y votan exclusivamente en función de sumisiones partidarias.
Junto con la opinión generalizada de que los representantes no se desempeñan con un nivel aceptable de idoneidad y dedicación, existe la percepción de que éstos se asignan una serie de ventajas y prebendas materiales. Existe la percepción en la sociedad de que los políticos constituyen un estamento que se asigna privilegios, que son financiados por la sociedad global.
De todos modos, más allá de la carga ética de los comportamientos políticos, los mismos son en gran parte el resultado de un mercado político regulado para proteger privilegios y no para asegurar igualdad de oportunidad.
En este sentido, la exclusividad en la nominación de candidatos que otorga la ley debe interpretarse como cualquier regulación que promueve la formación de estructuras oligopólicas de mercado.
Se podría argumentar que la exclusividad no es efectiva, ya que cualquiera puede constituir un partido político con sólo cumplir un mínimo de requisitos que exige la ley. Sin embargo, la exclusividad refuerza las restricciones propias que tiene el mercado político.
Es reconocido en la teoría y en la experiencia económica (gracias, Adrián Guisarri), que aquellas actividades que tienen altos costos fijos tienden a organizarse como estructuras oligopólicas, ya que los mismos imponen altas cargas a la entrada de nuevos competidores. A estas condiciones se las conoce como condiciones naturales, ya que obstaculizan que se desarrollen condiciones que de otro modo serían competitivas.
En el caso del mercado político existen costos fijos enormemente elevados, especialmente los de información y reputación. No se trata de una casualidad, desde este punto de vista, que los partidos promuevan candidatos extrapartidarios que vienen de otras actividades en las que han sobresalido (suponen bajos costos de reputación), como por ejemplo, candidatos que provienen del mundo del espectáculo, el deporte, etcétera. Obviamente que los costos de promover este tipo de candidato es mucho menor que el de promover a muchos ciudadanos que siendo, quizá, más capaces, son muy caros.
A manera de conclusión, si bien la crisis de las instituciones políticas es mucho más compleja que lo que puede reflejarse en un breve trabajo como el aquí presentado, parece plausible que una mayor participación de la ciudadanía en el funcionamiento de algunos ámbitos del sistema institucional podría realizar un aporte al mejoramiento de la relación entre la sociedad y las instituciones democráticas.
En este sentido, la implementación de algún mecanismo electoral que permita elegir y no optar solamente, agregado a la posibilidad de presentar candidatos fuera del sistema de partidos, quizá resulte una contribución en dirección al fortalecimiento institucional.
La autora es doctora en Ciencia Política.
