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La cultura del diálogo como contrapeso a los autoritarismos
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Daniel A. Sabsay
Hace unos días tuvo lugar en la Legislatura Histórica de la ciudad de Córdoba la inauguración de un espacio destinado a la construcción de la cultura de diálogo. El objetivo consiste en la necesidad de defender y fortalecer la democracia en el tiempo actual, marcado por la confrontación propia de los liderazgos que derivan a las culturas políticas del autoritarismo, tanto de izquierda como de derecha. El reconocido politólogo y periodista Claudio Fantini es el director ad honorem del Foro de la Cultura Democrática.
Con los doctores Ricardo Gil Lavedra, Juan Carlos Maqueda y Roberto Gargarella compartimos el honor de ser los “parlamentarios que presidieron la sesión desde el estrado del hemiciclo”. Es una iniciativa conjunta del intendente de Córdoba, Daniel Passerini, y de la vicegobernadora de la provincia, Myriam Prunotto.
Más allá de la importancia de lo sucedido en Córdoba, cabe poner el foco en el grave deterioro de la democracia que se registra en el mundo, tanto por derecha como por izquierda. Se trata de populismos que, bajo la cubierta de la denominada “antipolítica”, se declaran abiertamente en contra del mismo Estado. Parecieran olvidar que la existencia del Estado es la base de una república. Y la Constitución, su sustento fundamental. La relación entre Constitución y Estado es la clave de una república democrática.
La tentación constante de anteponer ideologías o intereses personales a las instituciones de la república es uno de los grandes motivos de nuestra decadencia. Pero ¿qué tienen en común estas opciones populistas, tanto de izquierda como de derecha? Desde la derecha, se cree que las normas y la Justicia deben tener como fin último la eficiencia económica. Así, la única regla sensata que un tribunal puede adoptar consiste en establecer criterios que maximicen la satisfacción total de preferencias, que sean eficientes en términos de utilidad. El derecho, desde esta visión, debe ser un instrumento para perfeccionar el mercado. Esta idea, en el fondo, descansa sobre una relativización de todos los valores en que estos son reducidos a meras preferencias, porque entiende que dichas preferencias tienen igual pretensión de satisfacción. Además, al contrario de lo que muchos libertarios creen, es una posición profundamente colectivista, porque defiende la posibilidad de “sacrificar” a ciertos individuos (generalmente cercenando derechos sociales) a favor de un ente superior llamado mercado. Por otro lado, desde posiciones de izquierda, se cree que el derecho es política de buenos modales. El derecho sería la expresión del poder hegemónico del momento. La idea de gran parte del populismo de izquierda es que las instituciones de la república son una formalidad que esconde injustas relaciones de poder estructurales, y que hay que desenmascarar esas “formalidades”. Los jueces, entonces, deben romper estas injusticias y, si es necesario, también el derecho. Hay que sincerar la lucha por la hegemonía y, con ese pretexto, las instituciones sobran.
Es importante observar lo que sucede en Formosa, el feudo más arraigado en nuestro país, cuyo gobernador, Gildo Insfrán, continúa en el poder a pesar de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que los sistemas que les reconocen reelecciones indefinidas a los titulares de los poderes ejecutivos son antirrepublicanos. Se trata, por tanto, de un gobierno ilegítimo. Terminar con un régimen de estas características constituiría un logro para la Argentina toda. En ese marco, el titular del Ejecutivo remite a la Legislatura un proyecto de ley que tiene por objeto declarar la necesidad de la reforma total de la Constitución provincial (arts. 1 a 189). Una frondosa fundamentación señala que la Constitución actual ha sido sancionada en 2003. Allí se habla de la necesidad de consagrar los derechos de incidencia colectiva, el ambiente sano y el desarrollo sostenible y de consumidores y usuarios. Mero palabrerío que no se ajusta a la realidad y trata de esconder el afán de perpetuación en el poder.
En otro orden de cosas, la administración Milei acaba de presentar un extenso proyecto de reforma penal. Entre sus propuestas, se destacan el endurecimiento de las penas para todos los delitos y en particular en aquellos de connotación sexual, como el abuso de menores, el estupro, entre otros. No creemos que el agravamiento de las penas sea el camino más adecuado para que no se cometan delitos. Deberían ponerse en marcha políticas en materia de prevención y de educación. La imprescriptibilidad de los delitos contra la administración del Estado constituiría un gran avance en la lucha contra la corrupción, de conformidad con lo que expresa el artículo 36 de la Constitución Nacional. Según las declaraciones de la ministra de Seguridad, se ha postergado su concreción. A partir de la asunción de Javier Milei se ha producido un sobredimensionamiento de lo económico. Su principal objetivo es la desaparición del Estado y, por ende, de la Constitución. Cabe recordar que el Estado de Derecho tiene a la Constitución como su principal base de sustentación.
Los nuevos populismos de izquierda y de derecha toman como referencia el bonapartismo de Luis Napoleón (sobrino de Napoleón Bonaparte). Curiosamente, Cristina Kirchner también lo invocaba desde una supuesta izquierda. Hoy estas formas de populismo florecen en casi todas las latitudes: Claudia Sheinbaum en México, Donald Trump en Estados Unidos, Viktor Orban en Hungría, etcétera. Para esta corriente, quien gobierna es el pueblo y, por lo tanto, todo lo que se le opone es el antipueblo, que debe ser eliminado. Aluden, principalmente, a los jueces y a los periodistas. Lo que quieren suprimir es el control, fundamental para el constitucionalismo. Recordemos que Montesquieu sostenía: “Es necesario por la fuerza de las cosas que el poder detenga al poder”. Lord Acton agregaba que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente.
El nombramiento de Ariel Lijo generó un estrépito público que no tenía precedentes en la materia. Sorprende la designación de Lijo, juez penal de primera instancia federal, famoso por detener las causas de los poderosos a la espera de que se produzcan la prescripción o la perención de instancia. Además de una situación patrimonial cuyo origen se desconoce.
Dado que Lijo es juez federal debería haber renunciado a su cargo para asumir como miembro de la Corte Suprema (CS). Sin embargo, solicitó una licencia extraordinaria que la CS le denegó debido a que un juez no puede formar parte de la primera instancia y al mismo tiempo de la CS. La Comisión de Acuerdos del Senado no produjo dictamen, pero en la audiencia se puso de manifiesto su falta de capacidad técnica y moral. El rechazo del pliego de Lijo es un triunfo de la democracia que demuestra que en la Argentina todavía están vigentes ciertos resguardos, aunque el estado de cosas de nuestro país pone de manifiesto una gran torpeza en el ejercicio del poder.
Por Daniel A. Sabsay
Tipo de trabajo:
opinión
