La cultura del orden llegó para quedarse

La inseguridad requiere una respuesta integral y una decisión política fundada sobre un principio esencial: nadie puede estar por encima de la ley. El rol del Estado es garantizar el equilibrio entre los derechos y las libertades de cada ciudadano. En la Ciudad lo estamos haciendo al poner orden en las marchas, piquetes y acampes, porque es el Gobierno quien dice qué se puede hacer y qué no en el espacio público. De hecho, en las últimas marchas vimos manifestantes caminando por la vereda o esperando a que corte un semáforo para cruzar, sin interrumpir el tránsito. Esto nos habla de un cambio de época, una cultura del orden que llegó para quedarse.

Parte fundamental de mi compromiso de defender a los porteños es establecer una política de seguridad que cuente con todas las herramientas legales para enfrentar el delito. Ya me he referido, por ejemplo, a la necesidad de cambiar la reincidencia por el concepto de reiterancia, pero también es fundamental volver a discutir la situación de los extranjeros ilegales que delinquen. Actualmente hay más de 300 extranjeros ilegales detenidos en nuestras comisarías y, sin ir muy lejos, la semana pasada arrestamos ocho delincuentes más en tres operativos distintos. Todos los recursos y la tecnología de la Policía de la Ciudad está enfocada en ir a buscar al que delinque, pero necesitamos ir más allá.

Según el Mapa del Delito que elabora nuestro Ministerio de Seguridad, en 2023 se registraron en la Ciudad 4111 delitos cometidos por extranjeros ilegales. Estamos hablando de 11 delitos por día entre asesinatos, violaciones, violencia de género y robos. Si miramos solo la cifra de homicidios, 4 de cada 10 fueron cometidos por personas extranjeras, la gran mayoría miembros de organizaciones delictivas, narcotraficantes y sicarios que llegaron al país, no para estudiar, trabajar ni progresar, sino simplemente para delinquir.

En la mayoría de los países del mundo el extranjero que comete un delito es expulsado. Eso mismo establecía el Decreto 70/2017 del expresidente, Mauricio Macri, y que el kirchnerismo derogó en 2021 –después de liberar presos con la excusa de la pandemia– por un sesgo ideológico, parándose como de costumbre del lado del victimario y nunca del lado de la víctima. Por eso creo que es fundamental restablecer ese Decreto que disponía un trámite expreso de expulsión de aquel extranjero que cometiera un delito y denegaba el ingreso de quienes tenían antecedentes delictivos.

Otra herramienta que debemos recuperar es el reconocimiento facial de prófugos, y ya estamos trabajando con la ministra Patricia Bullrich en esa dirección. El kirchnerismo también decidió defender la ilegalidad y privarnos de ese recurso. Antes de que fuera suspendida por el juez Gallardo, esta tecnología nos permitió detener en 13 meses a 1800 delincuentes peligrosos buscados desde hacía años. Este sistema nos facilitaría además la detención de delincuentes extranjeros que tienen pedido de captura por la Justicia federal o internacional.

Argentina, y Buenos Aires en particular, siempre han sido un lugar de encuentro entre pueblos y culturas diversas, que recibió y aún recibe a muchos extranjeros que vienen a trabajar, que se esfuerzan por progresar y contribuir al bienestar propio y el de sus familias. Por eso, lo que está en discusión no tiene que ver con ellos, sino con el límite entre delincuentes sí o delicuentes no, entre el que viene a cometer delitos versus la gente honesta que es y será bienvenida.

Estoy convencido de que el gobierno nacional comparte nuestra visión, y ya se ha expresado en ese sentido. Seguiremos trabajando con la misma convicción desde nuestro lugar e insistiendo para que el Decreto y el sistema de reconocimiento facial vuelvan a estar vigentes. Es hora de actuar con firmeza, de priorizar la seguridad ciudadana y de enviar un mensaje claro: la ciudad no debe ser más el lugar al que se viene a cometer delitos.

Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires