La economía de Cacaseno

ENTRE mis recuerdos de infancia mantengo, algo brumosamente, el de ciertos cuentos populares italianos acerca de Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno. Abuelo, padre y nieto eran rústicos campesinos, a cual más bruto, en ese orden. Un día le piden a Cacaseno que vaya al aljibe del pueblo a recoger agua para la familia, y él, en lugar de un balde, lleva una canasta. Después de varias fracasadas tentativas, Cacaseno llega a la irrefutable conclusión de que el pozo ya no tiene más agua, porque no se le ocurre que está empleando un instrumento inadecuado que deja escapar el agua.

Lamentablemente, no puedo dejar de pensar en este cuento aleccionador, cuando veo sucederse una detrás de otra las políticas de ajuste y de reformas tributarias para aumentar la recaudación, que poco alivian nuestro pavoroso déficit pero que dejan más pobres a los que verdaderamente trabajan y producen.

Con lo que digo no estoy impugnando las medidas de ajuste y de equilibrio presupuestario que se acaban de adoptar. Cuando un barco se está hundiendo, se tira la carga por la borda para seguir a flote y nadie discute el mayor o menor valor de lo que se pierde. Ésta es la respuesta que nos dan acerca del porqué de estas medidas, los financistas, los economistas pecuniativos y los contadores. El porqué está claro. Se trata de una respuesta a una situación de colapso financiero inminente que impediría pagar los intereses de nuestra deuda externa.

Propósito político

Pero la pregunta que necesariamente debemos plantearnos es política, en el verdadero sentido de la palabra. El decirnos por qué se adoptaron las medidas es una explicación propia de administradores, pero no de estadistas. La política se refiere a propósitos y finalidades, no a acciones reactivas. De ahí la licitud de preguntarse para qué, o sea, qué resultados para la sociedad se busca obtener con estas medidas. Una anécdota aclarará lo que quiero decir.

En la época de la dictadura militar en Brasil, pasó por Buenos Aires uno de sus ministros de Economía. En una reunión social, discutiendo conmigo de política económica me dijo rotundamente: "Brasil va a ser una gran potencia industrial aunque tengamos que matar de hambre a un tercio de su población". Dejando de lado el cinismo deshumanizado de su afirmación, hay en ella una decisión política con un propósito definido que podemos discutir y evaluar. El mismo tipo de afirmaciones deshumanizadas se está usando aquí, como lo muestran las recientes declaraciones del economista pecuniativo Guillermo Cano a un semanario porteño. Pero los objetivos son más difusos. A diferencia del Brasil, aquí el objetivo político de esta cirugía mayor es "mejorar la imagen del país ante los inversores extranjeros". El objetivo declarado no es mejorar nuestra sociedad sino atraer más inversiones del exterior, que no es lo mismo.

Cualquiera puede darse cuenta de la imprecisión de este propósito y de la pobreza de sus posibles resultados. Encubiertas bajo el concepto abstracto de "inversiones del exterior" entran muchas cosas: flujos financieros especulativos, lavado de dinero sucio, préstamos en condiciones usurarias, instalación de casinos, compra de empresas ya instaladas, adquisición de servicios públicos con mercados asegurados, ninguna de las cuales contribuye demasiado a desarrollar nuestra economía.

Pocas personas captan que, dado el desprestigio en que ha caído nuestro país (que no se debe a incumplimientos en el pago de su deuda externa sino a su nivel de corrupcion, sus tramoyas en las adjudicaciones de servicios públicos, su justicia impredecible y la poca seriedad de sus parlamentarios), la Argentina no atrae a las empresas más serias y honestas, y las que lo eran dejan de serlo al instalarse aquí. Incluso las empresas prestigiosas que se animaron a presentarse en las licitaciones realizadas en la era menemista se fueron retirando ante la falta de equidad y de limpieza en los procedimientos. En su lugar vinieron empresas y consorcios más aventureros, menos capacitados técnicamente, con poca entrada en los países desarrollados, que con estricta lógica económica tratan de recuperar sus inversiones en el menor tiempo posible para resguardarse de los inciertos avatares de la Argentina.

Dinero que escapa

Desde la perspectiva del desarrollo económico del país y del aumento de su riqueza (que no es solamente pecuniaria), en el mediano plazo las ventajas que nos aportan no son tantas como se las pinta, y además están produciendo, directa e indirectamente, una cuantiosa salida de dinero que escapa a nuestros recaudadores.

A mero título ilustrativo daré algunos ejemplos: De las 160 mayores empresas industriales que había en el país en 1995, todas de capital nacional, 96 habían pasado a manos extranjeras en 1997. En este mismo período de dos años pasaron a manos extranjeras más de 300 empresas nacionales de variados rubros.

En la gran mayoría de los casos, los empresarios argentinos, en lugar de reinvertir el producto de la venta de sus empresas en otros emprendimientos locales, remitieron el dinero afuera. Este proceso de "inversión extranjera" da como resultado neto para el país no solamente una pérdida de riqueza sino también de confianza por parte de cualquiera que piense en invertir en la Argentina. Esto, sin contar el debilitamiento del empresariado nacional y el consiguiente desplazamiento del poder, tanto económico como político, hacia centros de decisión del exterior, que lógicamente adoptarán sus decisiones según su conveniencia y no la nuestra.

Otro de los muchos aspectos que se pueden citar es el envío de utilidades, intereses y amortizaciones de todo tipo al país de origen de los capitales y préstamos. Cualquier inversor extranjero tiene el legítimo derecho de remitir las ganancias sobre el capital invertido a su país de origen, por exorbitantes que éstas sean, siempre que paguen los impuestos que correspondan.

Ahora bien, numerosos estudios realizados por universidades norteamericanas y suecas, por organismos internacionales y comisiones parlamentarias, han comprobado que, en América Latina las empresas multinacionales, aunque declaren oficialmente ganancias del orden del 6 al 10 por ciento anual, están remitiendo en promedio alrededor del 40 por ciento, con casos que llegan al 130 por ciento, solamente de ganancias. Incluso se ha comprobado en empresas multinacionales norteamericanas que entre las ganancias que declaran localmente y las que registran oficialmente en la Securities and Exchange Commission hay diferencias de casi el doble.

Los múltiples y refinados procedimientos usados para remitir ilegalmente dinero al exterior son ampliamente conocidos por cualquier especialista. ¿Alguien está investigando esto en nuestro país? Hace setenta años, en épocas de comercio más honorable y disponiendo de menos recursos técnicos que ahora, la investigación del senador Lisandro de la Torre comprobó maniobras de este tipo en los frigoríficos británicos y norteamericanos. ¿Seremos tan ingenuos como para creer que hoy en día nadie lo hace?

Los aprovechadores

Mostrar estas cosas no es "nacionalismo retrógrado", como lo rotulan aquellos que defienden esos intereses. Es mero sentido común.

Además, si nuestro país comienza seriamente a cuidar sus intereses y a controlar la delincuencia de guante blanco, como hace cualquier país serio, comenzará a ser más respetado internacionalmente. No va a espantar las inversiones extranjeras, como se alega falsamente, sino sólo a los aprovechadores; en cambio, va a atraer las inversiones reales de empresas prestigiosas y técnicamente adelantadas, que prefieren trabajar en un clima de estabilidad social, de auténtica confiabilidad jurídica y de respeto mutuo.

No se trata de impresionar al público con algunas medidas llamativas, al modo argentino. Se trata de realizar un esfuerzo nacional sostenido y continuado, que nos devuelva la credibilidad y el respeto que hemos perdido.

Así Cacaseno, en lugar de emplear una canasta para sacar la poca agua que nos queda, la sacará con balde, porque el país se habrá desarrollado ampliamente en todos los aspectos y habrá recuperado el respeto a sus leyes por parte de todos. © La Nación

José Enrique Miguens es abogado y sociólogo, autor de Política sin pueblo. Platón y la conspiración antidemocrática (Emecé).

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