La educación argentina en su peor momento
Lo confirman indicadores internacionales que miden el impacto del manejo de la pandemia
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PARA LA NACION
Según un “Ranking de Resiliencia”, elaborado por la agencia Bloomberg, la Argentina descendió dos lugares en mayo y se ubica último, detrás de 53 países que son analizados en base a 10 diferentes parámetros sobre cómo han enfrentado la crisis desatada a nivel mundial por la pandemia de COVID 19. Si no se tuvo en cuenta, la educación debería sumar como uno de los mayores fracasos.
A fines del año pasado, el investigador de FLACSO Agustín Claus alertó sobre una proyección que mostraba que casi 1,5 millones de chicos abandonaron la escuela después de la cuarentena. Sin embargo, esta semana llegó el primer reconocimiento oficial cuando el propio ministro de educación, Nicolás Trotta, reconoció que en el 2020 casi un millón de alumnos tuvieron “bajo o nulo contacto con las escuelas”. Sostuvo, además, que trabajan para que esos estudiantes vuelvan a los colegios.
A lo largo de su historia, el sistema educativo argentino atravesó distintas crisis que lo afectaron negativamente. El traspaso de escuelas primarias durante la dictadura militar, desprolijo y arbitrario, generó brechas educativas que aún cuesta sanar. Hasta la tan criticada Ley Federal de Educación, que en la década del 90 hizo lo propio con las escuelas secundarias, provincializando el nivel medio sin un traspaso de presupuesto metódico y hasta dejando de lado a las escuelas técnicas, logró un interesante incremento de la matrícula en la escuela secundaria, pero una sensible caída en la calidad educativa del sector público que disparó, después de la crisis de 2001, una incesante emigración hacia la escuela privada.
Después de la crisis de 2001 se inició una incesante emigración hacia la escuela privada.
Podemos analizar cada crisis del sector, pero ninguna de ellas expulsó de las escuelas a más de un millón de alumnos en un año como resultado del extenso e incomprensible cierre de escuelas durante la pandemia.
Hoy estamos entre los países con mayor deserción escolar del tercer mundo
Nuestro sistema educativo arrastra serios problemas de calidad, pero contaba con una cobertura plena en el nivel primario; de hecho, prácticamente todos los alumnos que terminaban la escuela primaria comenzaban la secundaria, aunque luego casi la mitad no terminaba en tiempo y forma. En ese sentido, la Asignación Universal por Hijo tiene ese propósito y es un interesante aporte a la escolarización de alumnos de bajos recursos. Lo que nunca sucedió es alcanzar un nivel de deserción tan alto, en tan poco tiempo, entre un 13% y un 15% del total durante 2020, lo que nos ubica entre los países del tercer mundo con mayo
res índices de deserción escolar.
Una mirada sobre los datos de deserción interanual entre 2019 y 2020 indican que el abandono escolar llegó a quintuplicarse durante 2020 y afectó con mayor énfasis en los alumnos que forman parte del 62% de pobres en el país.
Para el especialista en educación Mariano Narodowski, “las cifras de abandono en los países subdesarrollados hablan del 7% al 15%”, una cifra similar a los desconectados que hoy técnicamente abandonaron la escuela. “En 2019 la tasa era del 3%”, resalta Narodowsky, mostrando que el problema existía pero que la pandemia lo potenció. “Es muy importante entender que es una catástrofe generacional, aunque no repercute en todos los sectores por igual y se acentúa en los sectores con bajos ingresos”, agrega.
“Es muy importante entender que es una catástrofe generacional, aunque no repercute en todos los sectores por igual y se acentúa en los sectores con bajos ingresos”
No será milagroso, no bastará con abrir las escuelas para que los chicos vuelvan naturalmente a clases después de más de un año de educación a distancia, que en muchos distritos fue una fachada, con objetivos incumplibles por los problemas serios de conectividad que tienen algunas provincias, desniveles socioeconómicos y de acceso a infraestructura en las familias y por la falta de una política más sensible respecto a la presencialidad.
Para Gustavo Iaies, director de la Fundación CEPP, el horizonte puede no ser tan terrible: “Creo que los alumnos van a volver a la escuela, no porque exista un plan de gobierno o una estrategia atractiva y eficiente, sino por la necesidad de los chicos de tener un lugar de pertenencia en medio de esta catástrofe social. Van a necesitar a la escuela”, pronostica.“Siempre hubo una dirección, un ministerio que, equivocado o no, marcaba hacia dónde iban; hoy eso no existe. La ausencia de rumbo es notoria”, advierte.
El lugar de importancia que ocupa la educación
Desde el principio, el lugar que el gobierno de Alberto Fernández le dio a la educación no fue prioritario. El propio Presidente decía en marzo del año pasado: “Las clases pueden esperar. Si algo que no me urge es el inicio de clases. Después vemos cómo compensamos esos días. Eso puede esperar. Nadie sufrió por recibirse un año antes o un año después. Tampoco van a sufrir por terminar un mes antes o un mes después el colegio”, afirmaba. Fue uno de los pocos anuncios que cumplió en lo que va de su mandato: las clases fueron lo último en volver.
En esas palabras de Fernández encontramos el lamentable lugar que el gobierno y un sector de la sociedad le dan a la educación. La demanda social alrededor de la calidad educativa en Argentina no está a la altura del problema. Muchas familias se quejan, pero resuelven el problema enviando a sus hijos a una escuela privada, donde los indicadores educativos no son significativamente mejores que en el sector público, pero sí tienen un nivel de días y horas efectivas de clase que les otorga tranquilidad a las familias y los ayuda en su organización diaria. Una previsibilidad que la escuela pública dejó de garantizar hace años. Pero en general, la educación no tiene una demanda social como la inseguridad o la economía.
En la escuela privada los indicadores educativos no son significativamente mejores que en el sector público, pero tienen un nivel de días y horas efectivas de clase que les otorga tranquilidad a las familias y los ayuda en su organización diaria
Un millón y medio de alumnos es un número más que preocupante, mucho más cuando los primeros indicios sobre qué piensan hacer para ir a buscarlos no responden a una buena señal: por segundo año consecutivo se suspenden las Pruebas de Evaluación Educativa Aprender. Las evaluaciones, insólitamente resistidas por los gremios docentes, aportan información al sistema y a las escuelas, que son quienes inmediatamente reciben los resultados. Esto les permite saber “por dónde ir”, una ruta para seguir y mejorar los puntos flojos del aprendizaje en los distintos niveles. Pero aquí se suspenden con una facilidad asombrosa.
No hay que mirar a países de primer mundo para encontrar ejemplos contrarios. Cuando Chile sufrió el terremoto del 27 de febrero de 2010, la mitad de sus escuelas quedaron destruidas o inhabilitadas. La presidenta saliente, Michelle Bachelet, acordó con el presidente entrante, Sebastián Piñera, volver a poner en marcha el sistema educativo en un mes. Y lo lograron. Los chicos volvieron en ese tiempo a clases, porque convirtieron las escuelas primarias de jornada completa en jornada simple, pero también porque habilitaron aulas provisorias en iglesias, clubes, cuarteles de bomberos, carpas y hasta en colectivos adaptados como aulas móviles. Además, existió una fuerte demanda social para que el Estado se encargara rápidamente de que volvieran a funcionar las escuelas. A nadie se le ocurría decir que un espacio abierto, o un bus, no eran lugares adecuados para convertirlos en aulas; era obvio que no lo eran, solo que se daba por descontado que era una situación única y de emergencia y que se buscaba un objetivo: la escuela debía ser el núcleo central de la vuelta a la normalidad.
En un acuerdo con el Colegio de Profesores de Chile sostuvieron todas las pruebas de evaluación educativa de ese año, porque querían aprovechar para conocer cómo rendía el sistema frente a una tragedia que se podía volver a repetir.
En síntesis, el terremoto puso a la educación chilena en un nivel superior de importancia social y no al revés.
Los padres organizados, una voz imprescindible
Argentina enfrentará un desafío inédito y reincorporar 1,5 millones de chicos a las aulas no será tarea sencilla. Nuestras leyes educativas son excelentes, pero no alcanzan porque vivimos en plena anomia educativa. La Ley Nacional de Educación tiene nobles propósitos, como la Ley de Financiamiento Educativo, que se plantea buenas metas, o la misma ley que exige garantizar 180 días de clases. Toda la normativa es buena, el problema es que ninguna se cumple. Pensar en una ley como solución al problema sería como anticipar el fracaso. Necesitamos una estrategia integral que incluya la opinión de tres partes: Estado, docentes y familias. Y ahí hay un punto novedoso.
Durante este año aparecieron padres que se organizaron para demandar la apertura de las escuelas, se interiorizaron sobre varios aspectos sanitarios y educativos y supieron exponer las falencias o decisiones equivocadas del gobierno respecto al tema. Dieron el debate público sobre la importancia de tener escuelas abiertas y lo ganaron. Pocas veces se vio una reacción social de este tipo cuando vivíamos acostumbrados a los escenarios manifestados en debates binarios entre los gobiernos y los sindicatos. Esta vez las familias marcaron el rumbo.
Por eso, ningún camino debería prescindir de ellos y, por primera vez, escuchar a los padres sería un buen comienzo para intentar superar lo que empieza a revelarse como el peor momento de la educación argentina en décadas.
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