1
La IGJ, un registro que vuelve a ser público
Al permitir un mayor acceso a la documentación de la Inspección General de Justicia, las nuevas autoridades dieron un paso más en favor de la transparencia
1 minuto de lectura'
Corresponde celebrar la decisión de los nuevos responsables de la Inspección General de Justicia (IGJ) de levantar las incomprensibles restricciones que habían impuesto las autoridades anteriores para acceder a la información sobre sociedades comerciales que almacena ese organismo.
La medida se inscribe en la línea del acceso a la información y de una mayor transparencia, dos aspectos que erizaban la piel del gobierno kirchnerista.
La restricción que se ha eliminado había sido impuesta, sugestivamente, cuando tomaron estado público las investigaciones sobre importantes escándalos de corrupción, como el caso de la ex imprenta Ciccone, que desde hace años compromete al ex vicepresidente Amado Boudou, perpetrados mediante el uso de sociedades inscriptas en la IGJ.
Durante el último gobierno se llegó al extremo del secretismo y al ocultamiento de todo tipo de información, incluida aquella que es pública. Esto ocurrió no sólo en la IGJ, aunque en este último organismo se recurrió, además de al bloqueo de información, a la desaparición de documentos potencialmente comprometedores o a su adulteración.
Por increíble que parezca, y en consonancia con sus esfuerzos para debilitar todo organismo de control o de información pública, las autoridades designadas por el gobierno kirchnerista habían condicionado el acceso a los registros de la IGJ a la penosa carga de acreditar un interés legítimo, una verdadera aberración jurídica cuando se trata de un registro público cuyas constancias, además, tienen efectos legales respecto de terceros. De modo que para consultar el legajo de una sociedad mercantil, cualquier particular debía argumentar sobre el carácter legítimo de su interés, que quedaba a criterio de una estructura burocrática puesta, precisamente, para convertir en opaco ese registro.
En 2013, en el caso Gil Lavedra, la justicia en lo contencioso administrativo federal había declarado inválidas esas restricciones, que no obstante seguían vigentes.
El reciente levantamiento de las restricciones constituye un paso adelante en la compleja tarea de restaurar la transparencia que deben tener los organismos oficiales.
