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La injusticia de la feria judicial
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Comienza el mes de enero y, una vez más, asistimos al inicio de un nuevo y prolongado período de descanso para todo el cuerpo de jueces y empleados del Poder Judicial; aunque también podría decirse que estamos ante la casi total interrupción del funcionamiento del sistema de justicia a nivel nacional.
Según establece el Reglamento para la Justicia Nacional, dictado en 1952, los funcionarios del Poder Judicial cuentan con un beneficio de 45 días anuales de receso: 15 durante el invierno y otros 30 durante el mes de enero. Sin embargo, desde la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), consideramos esta disposición inaceptable. Es por ello que venimos bregando insistentemente por la eliminación (o, en todo caso, la sustancial reducción) de la feria y, a su vez, por la ampliación del horario de funcionamiento de los juzgados nacionales de seis a ocho horas laborales. Según datos de la organización Fores, el sistema de justicia funciona sólo 190 días al año. Si añadimos que en dicho poder se trabajan sólo seis horas diarias, en comparación con otros sectores del Estado, funciona tan sólo 132 jornadas. En suma, nuestra Justicia opera como una corporación vitalicia que goza de exención de impuestos, salarios excesivos, una carga horaria liviana y unas privilegiadas vacaciones que difieren del resto de la administración pública.
Es sabido que con la proximidad de la feria se exacerba el afán por acelerar ciertas causas (por lo general aquellas de mayor peso económico, es decir, con más honorarios en juego), mientras otras, menos redituables (y no por ello menos importantes), quedan irremediablemente postergadas, generando un "efecto feria" que ya empieza a tener impacto desde mediados de diciembre. De manera que -si bien la modificación que reclamamos debe regir para todos los fueros de la Justicia nacional- tiene particular relevancia y urgencia social para aquellos en los que se investigan delitos y se dirimen contiendas que afectan, por ejemplo, los derechos de menores, de incapaces, alimentarios, de trabajadores y/o migrantes.
Jornadas laborales reducidas, una feria excesiva y salarios desmesurados sostenidos a costa de nuestros impuestos componen un escenario escandaloso. Las cifras recabadas por Fores hablan por sí solas: "En sólo una semana de feria judicial se pierde medio millón de horas hombre a razón de seis horas de trabajo diarias, lo que equivaldría a 420 empleados en funciones durante todo un año. Si se agregara tan sólo una hora más de trabajo a cada uno de los más de 18.500 empleados del Poder Judicial por los 220 días laborables estimados para un año judicial razonable, resultaría un total de cuatro millones de horas, es decir, un aporte de 3030 empleados extras trabajando todo el año". A pesar de todo ello, sin ir más lejos en las últimas negociaciones paritarias, los empleados judiciales obtuvieron una mejora de más del 41%, con base en sueldos que ya eran muy altos en relación con los de los demás poderes del Estado.
Ante la urgencia que la realidad reclama, no es momento de poner en discusión si las modificaciones necesarias competen a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de la Magistratura o al Congreso de la Nación, es más bien hora de poner en orden cuestiones de base. Celebramos que el presidente Mauricio Macri, quizás por resultar políticamente muy fortalecido tras las legislativas del pasado 22 de octubre, haya instalado el tema en agenda ante el propio presidente de la Corte Suprema; una cruzada por la cual el actual ministro de Justicia, Germán Garavano, ya peleaba al incluirla en su plan Justicia 2020 cuando asumió, en 2015.
No está de más recordar que tanto nuestra Carta Magna como los pactos internacionales a los que nuestro país suscribe obligan a la Argentina a asegurar a todos sus habitantes el derecho al "acceso permanente a la Justicia". Ante semejante violación de principios constitucionales, la discusión en torno a qué órgano debe resolver la cuestión es secundaria. Empecemos por lo más obvio y sencillo: que la Corte modifique el reglamento interno que establece este insólito e injusto sistema laboral, favorecedor de la fiesta para algunos y la angustia y la incertidumbre para otros.
Director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
