La inquietante oferta del kirchnerismo al macrismo: impunidad para todos

La defensa penal de Cristina Kirchner tiene varios caminos y distintas velocidades, pero un único común denominador: el uso intensivo del poder político para liberar de investigaciones y condenas a la jefa del oficialismo.

Es tan grande la importancia que el interés personal de la vicepresidenta traslada a la política y al Estado que han perdido espacio, en la atención del Gobierno y del Congreso, la peor crisis social y económica superpuesta con la peor crisis sanitaria global en más de un siglo. Dos de los tres poderes están ocupados en establecer el nivel de sujeción que se le impondrá a la Justicia, la tercera pata del sistema institucional.

Todo ocurre en un clima de naturalización y aceptación recubierto del disimulo que el kirchnerismo trata de contagiar al resto del universo político.

Es verdad que existe una parte de ese mundo que reacciona y expresa su rechazo, que escribe en las redes sociales y se moviliza con cierta periodicidad. El último llamado coincide con el aniversario de la muerte de San Martín, pasado mañana. Es en esa tensión donde se dirime si la decisión de Cristina Kirchner de defenderse con el Estado podrá ser consumada.

El plan múltiple sigue su avance. La reforma judicial, nave insignia de la defensa penal, atracó en el Congreso, donde el rechazo de la oposición a debatirla anticipa la imposición del número del oficialismo y un futuro inmediato de demandas judiciales que podrían frenar su instrumentación. Son los jueces, empezando por los cinco miembros de la Corte, los que saben desde el primer momento que la absolución de Cristina tiene el costo de su sometimiento. Y es en ese sentido que ya anticiparon su reacción.

Romper la independencia de la Corte y nombrar decenas de jueces y fiscales partidarios en tribunales inferiores no es el único camino, por monstruoso que resulte el intento.

En ese mismo territorio contaminado por las presiones hay una táctica que avanza. Consiste en multiplicar y acelerar las denuncias contra Mauricio Macri y los miembros de su gabinete.

El uso del espionaje como recurso impresentable de la acción política asoma desde los extremos de quien acusa y de quien es acusado en las causas en las que el cristinismo avanza sobre el expresidente. Es un espejo que cambia de manos y siempre ensucia a quien lo utiliza.

El otro eje de las denuncias contra el macrismo son los contratos de obras y servicios públicos. Se trata de generar una situación similar al núcleo central de investigaciones y condenas que acorralan a Cristina, Julio De Vido, Ricardo Jaime, José López, Roberto Baratta, Lázaro Báez y tantos otros.

Si nadie puede decir que el macrismo salió inmaculado del poder, es todavía más obvio que las denuncias contra el expresidente y sus ministros apuntan a igualar los padecimientos de los que se declara víctima Cristina en sus cuatro años en el llano. Es lo que con cierta liviandad se llama "el plan venganza" y que la palabra revancha suele describir en busca de una primera explicación.

En el cálculo no hay tanto enojo como premeditación de un eventual paso ulterior. Con sus denuncias contra Macri lo que se busca en realidad es igualación política. Cristina trata de demostrar que todos los dirigentes son como ella y de establecer un patrón único de comportamiento en el poder, en el que los fondos públicos suelen mezclarse con los patrimonios personales.

Dicho con esa supuesta lógica: cuando todos son culpables ninguno puede ser condenado por completo.

Un desafío envenenado se arrastra hacia la oposición y hacia su líder viajero en momentos en que Juntos por el Cambio parece moverse más por el impulso de sus votantes que de sus dirigentes. ¿Sabrán ver en esa coalición que es una trampa antes que una oportunidad?

Ese reto habita en un terreno práctico y frente al eventual fracaso del resto de las tácticas para zafar. Si Cristina logra acorralar a Macri y su equipo en tribunales creando una al menos falsa idea de igualdad, tendría así la oportunidad de jugar una carta final. La carta de la impunidad compartida.

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