La Justicia argentina, ante el espejo de Venezuela

Un video de la ministra venezolana para Asuntos Penitenciarios en una rueda de prensa el martes en Caracas se volvió viral en cuestión de horas, y no porque fuera agradable verlo. En cambio, es prueba de que a menos de una semana de ser designado sucesor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro está intensificando el control autoritario del gobierno militar de 14 años.

La ministra Iris Varela ha decidido que el candidato presidencial de la oposición, Henrique Capriles, es responsable de la violencia poselectoral en la capital. Capriles "es el autor intelectual y debe pagar", proclamó Varela. Dirigiéndose directamente al ex candidato, declaró: "Estoy preparando la celda donde vas a tener que ir a purgar tus crímenes, porque eres un fascista y eres un asesino". En la cárcel, "vamos a ver si ahí te quitamos ese pensamiento fascista".

Varela pudo hablar con tal confianza porque Maduro controla el poder judicial. Si decide que quiere a Capriles encarcelado, el juicio es una formalidad.

La fea realidad es que el Estado policial venezolano no es ignorado por los argentinos, que ahora se ven amenazados por el intento de Cristina Fernández de Kirchner de tomar control de la Justicia, un arrebato de poder que presagia un fin similar de sus libertades.

La Presidenta no ha mantenido en secreto su admiración por el modelo de gobierno de Chávez, pero no le ha sido fácil consolidar el poder. La riqueza argentina no está concentrada en las manos del Estado como en Venezuela, donde el gobierno es propietario del monopolio petrolero y, por lo tanto, controla la economía.

Los intereses que no coinciden con los del Gobierno le han impedido implementar una agenda socialista completa, más notablemente cuando intentó imponer impuestos confiscatorios a las exportaciones del sector agrícola, en 2008. Otro motivo por el que los disidentes han sido relativamente exitosos en mantener a raya a la Presidenta hambrienta de poder son los medios de comunicación independientes, lo que explica por qué intenta estrangularlos.

El gobierno argentino ha estado privando de ingresos a los periódicos independientes al instruir a empresas de alimentos y electrónicos para que no anunciaran con ellos. Los minoristas saben que, al ser el único proveedor de licencias de importación y del tipo de cambio oficial, el Gobierno puede poner en aprietos a los que no acaten.

Controlar la cobertura televisiva es un reto más difícil. El conglomerado de medios del Grupo Clarín es la única voz independiente de telecomunicaciones en el país, con 35% del mercado de cable argentino y una presencia mucho menor en otros mercados, como la radio. Su canal de noticias proporciona al país información que no está disponible en otros medios, la gran mayoría de los cuales son controlados por el Gobierno o siguen la línea de su partido. En 2009, su gobierno llevó al Congreso a promulgar una ley de medios que le otorga al Estado el control de cerca de dos tercios del espectro radial y televisivo y obliga a Clarín a vender activos, lo que causaría una considerable reducción de la empresa y su influencia. Clarín consiguió una medida cautelar contra la ley en 2010. Cristina Kirchner no sólo estaba descontenta con la empresa de medios, sino también con el Poder Judicial independiente de la Argentina.

Esto nos trae a las noticias recientes. Las elecciones legislativas están programadas para octubre y los kirchneristas están desesperados por ganar una mayoría para poder cambiar la ley con el fin de permitirle a la Presidenta postularse a un tercer mandato. Para alcanzar esa meta, el Gobierno decidió que es necesaria una mayor cooperación de las cortes.

El gobierno de Cristina Kirchner redactó y el Congreso ahora ha aprobado una ley que, entre otras cosas, acaba con las normas existentes para elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura, el organismo que selecciona y puede impugnar a jueces federales. Estas reglas aseguraban que el consejo estuviera compuesto por un grupo variado de personas escogidas por políticos, jueces, abogados y académicos. En su lugar, la reforma estipula que el consejo será elegido por voto popular durante las mismas elecciones para designar al presidente, lo que eleva la probabilidad de que el Poder Ejecutivo controle al Judicial. La reforma también limita a seis meses cualquier orden cautelar contra una política del gobierno, lo que destruye la protección que tiene Clarín ahora. También habrá nuevos tribunales de apelación con jueces nombrados por el consejo.

La sociedad argentina se ha alborotado por esta agresión. El 18 de abril casi un millón de ciudadanos salieron a las calles a protestar contra el Gobierno. Expertos, grupos de derechos humanos, el grupo anticorrupción Transparency International y defensores de la libertad de prensa advierten que la ley pondrá fin a la separación de poderes.

Unos días antes de que el Congreso aprobara la reforma, un tribunal de apelación falló que obligar a Clarín a vender activos bajo la ley de medios de 2009 es inconstitucional. Se prevé que el Gobierno apele en la Corte Suprema, pero analistas prevén que Clarín prevalecerá. A menos que el tribunal supremo también declare inconstitucional la reforma judicial, eso podría ser el último suspiro de la República Argentina. Simplemente pregúnteles a los venezolanos.

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