La Justicia bonaerense, cómplice de la corrupción

Durante muchos años, que coincidieron con las últimas gobernaciones peronistas, la provincia de Buenos Aires pareció un aislado bastión de probidad y transparencia pues, a diferencia del resto del país, no se conocían allí tantos casos de corrupción . Resultaba extraño que la provincia más grande, más poblada, más rica y conflictiva de la Argentina fuera una isla de honestidad.

Por supuesto, la realidad era otra, y muy distinta. En el territorio bonaerense la corrupción había alcanzado tal grado de extensión y de complicidades casi sin distinción de banderías políticas que las instituciones que debían luchar contra ella estaban contaminadas y formaban parte de la extensa ciénaga de la corrupción.

Lo confirma la información que indica que en la provincia hay 122 investigaciones en marcha contra jueces y fiscales acusados de graves delitos, que abarcan desde la liberación de presos y la protección de narcotraficantes hasta integrar -como han hecho ciertos jueces, fiscales y camaristas- las bandas delictivas.

Desde 2016 se han visto obligados a abandonar sus cargos 30 magistrados, y el año pasado se iniciaron 51 expedientes contra magistrados bonaerenses, y 47 durante el corriente año. Estas cifras, sin precedente en los años anteriores, obedecen al simple hecho de que ahora hay más denuncias contra jueces y fiscales de la provincia.

Dos casos aberrantes tuvieron difusión masiva, pues permiten conocer la profundidad que alcanzó la corrupción en la Justicia bonaerense.

Uno fue el del exjuez penal de Garantías César Melazo, que renunció el año pasado y se encuentra detenido. Se lo acusa de haber comandado una heterogénea y poderosa banda de delincuentes que también incluía a un camarista de la Cámara Penal de Casación bonaerense y un fiscal, además de oficiales de la policía bonaerense de la Departamental La Plata, delincuentes y barrabravas de Estudiantes y de Gimnasia.

Durante diez años de intensa actividad, que incluyó saqueos, previa liberación de zona por los policías cómplices, de viviendas donde la banda sabía que había dinero no declarado y venta de automóviles robados, además de un asesinato.

Otro caso escandaloso es el del juez Luis Carzoglio, quien, pese a la abrumadora prueba, no accedió al pedido del fiscal para conducir a prisión a Pablo Moyano. Este juez tiene causas abiertas en su contra pues se le imputa, entre otras acusaciones, liberar detenidos que no estaban a su disposición, falsificar documentos públicos, librar órdenes de allanamiento sin fecha e irregularidades en la concesión de salidas laborales a detenidos.

Carzoglio se defendió diciendo que estas denuncias son meros "carpetazos" del procurador general bonaerense, Julio Conte Grand. En realidad, Conte Grand es quien lidera el indispensable saneamiento de la Justicia provincial y apoyó a los fiscales que investigaban a Melazo. En abril pasado pidió a la Corte bonaerense que apartara preventivamente a Carzoglio. Dentro de un mes, un jury deberá resolver qué suerte corre este magistrado, debido a que el Consejo de la Magistratura provincial no está habilitado para iniciar juicios políticos.

Como señaló la gobernadora María Eugenia Vidal , la corrupción en la provincia de Buenos Aires "se construyó a lo largo de 30 años y no abarca solamente a la fuerza policial o a la política, sino también, lamentablemente, a jueces y fiscales".

Eso explica tantos años de silencio cómplice e impunidad. En cuanto al mecanismo, la política tiene una enorme responsabilidad pues los intendentes solían proponer los candidatos a jueces de su territorio. Otro tanto ocurría con los oficiales de la bonaerense propuestos para comisarios. De esta manera, se crearon verdaderos feudos sentándose las bases para que la Justicia y la policía se corrompieran.

El saneamiento que lleva adelante la gobernación resulta indispensable para devolverle transparencia a la principal provincia, pese a las trabas que pone el viejo y corrupto sistema, que está quedando a la vista.