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La lenta agonía del presidencialismo
“Es la economía, ¡estúpido!”, fue la frase de James Carville, estratega de campaña, que le sirvió a Bill Clinton para ganar las elecciones de 1992 contra el entonces popular George Bush padre. Desde entonces, se usa para recordarles a los candidatos que deberían hablar más sobre cómo abordar la cuestión económica, atendiendo también la realidad circundante.
En la Argentina, la cuestión aparenta ir por otro lado. Tenemos dificultades económicas. Nos sobran. Las diferentes políticas llevadas a cabo por variados gobiernos para superarlas no resuelven de forma cabal y definitiva problemas estructurales de nuestro país: creciente pobreza, infraestructura básica comprometida, inseguridad, desigualdad, falta de oportunidades y sistemas estatales impotentes, entre otros.
Hemos probado muchas recetas económicas: laxas, conservadoras, reductoras del gasto, expansivas, que apostaban a vivir con lo propio o lo prestado. Si bien algunas trajeron alivio pasajero, los mismos problemas vuelven y, en general, agravados. Tal vez para resolver nuestros problemas económicos deberíamos previamente resolver nuestros problemas institucionales y repensar sistemas que se vuelven cada vez más obsoletos, como el presidencialista. Podríamos acuñar nuestra propia frase al estilo Carville: “es el sistema, ¡estúpido!”.
Para tomar dimensión, de los 50 estados soberanos de Europa, 38 son parlamentarios. Otros, como Francia, tienen un presidencialismo atenuado. Ha habido una tendencia en acompañar la profundización democrática con sistemas más representativos, permitiendo escapar a los humores sociales de una elección en particular.
Sin duda, el sistema parlamentario profundiza la democracia y permite mayor participación de los distintos sectores políticos, implicando una representación más diversa de la sociedad en la administración general del país y no solamente en cuestiones netamente parlamentarias.
Un punto clave del parlamentarismo, conociendo la historia contemporánea argentina, es la capacidad de respuesta frente a crisis de gobierno, de confianza o económicas. El primer ministro, más allá de tener un mandato definido en la Constitución, puede ser removido de su cargo por el propio Parlamento, lo que permite una reacción rápida ante una crisis sin esperar al cumplimiento de un mandato fijo, con todas las consecuencias que esto implica, pudiéndose elegir a otro primer ministro de mayor capacidad y mejor perfil para ese nuevo contexto sobreviniente.
Un informe de 2001 del Banco Mundial mostró que los gobiernos parlamentarios tienen menor corrupción. Otras de las ventajas es la formulación de políticas públicas a largo plazo, creando un entorno más seguro y de crecimiento. Esto se debe a que al necesitar una mayoría parlamentaria para formar gobierno (el primer ministro, quien ejerce las funciones de jefe del gobierno, es decir, la administración general del país, es elegido por una mayoría estipulada en la Constitución, dentro del propio parlamento del que es miembro) deberán buscarse puntos básicos en común y coincidencias entre distintas fuerzas políticas, las cuales serán necesarias para conseguir la cantidad de votos para ungir un ganador. Así, las políticas públicas tienen mayor probabilidad de subsistir en el tiempo, al no depender de una sola fuerza política, sino de acuerdos entre partidos.
Cuando un país decide tener una política pública, implica que hay una mirada mayoritariamente consensuada de proceder de determinada manera y sostenerlo en el tiempo hacia un objetivo, independientemente del cambio de gobierno o humor social. Esto genera seguridad jurídica, o simplemente seguridad, la que necesitamos para tomar decisiones. No será una seguridad absoluta, pero mínimamente va a reducir las posibilidades de imprevistos, y asumir riesgos más controlados. Esto es imprescindible para atraer inversiones locales y extranjeras que faciliten el crecimiento económico.
Por supuesto que para cambiar el sistema de gobierno en la Argentina hay que modificar la Constitución Nacional. Durante su gobierno, Raúl Alfonsín planteó la idea de un sistema semiparlamentario. Más allá de este requisito (ya reformamos la Constitución antes, la última vez en 1994), es momento de debatir qué herramientas necesitamos para alcanzar todo nuestro potencial como Nación.
El que estamos proponiendo acá es, por supuesto, un sistema de República parlamentaria. Además del primer ministro que ejerce el rol de jefe del gobierno, existe también un presidente que ostenta la jefatura del Estado, cuyo mandato expira cuando lo señale la Constitución.
Pensar en un sistema parlamentario para la Argentina es un desafío, pero este es el momento de “pensar fuera de la caja”, visto que adentro los recursos parecen haberse agotado.
Abogado, MBA, exubsecretario de Relaciones Políticas e Institucionales de la Legislatura de la CABA.
Por Diego Capuya
